¿Qué se ha conseguido con la destitución del director general de Justicia?
Comité de Huelga del Instituto de Medicina Legal
El 3 de agosto de 2023 Francisco Ledesma tomaba posesión del cargo de Director General de Relaciones con la Administración de Justicia. Ese mismo mes se reunía con los Médicos Forenses del IML de S/C de Tenerife ante las reiteradas quejas y denuncias formuladas por gran parte de su personal y la mayoría de los Sindicatos de Justicia.
Francisco Ledesma conoció de primera mano las irregularidades, disfunciones y arbitrariedades existentes en la gestión del Instituto. Valoró las evidencias y documentos que las acreditaban. Constató el mal funcionamiento del IML y la responsabilidad su Director en todo ello, así como el hecho de que sólo con una nueva dirección del Instituto sería posible llevar a cabo una gestión honesta y eficaz. Con todo ello, el 22 de enero de 2024 Francisco Ledesma proponía a la consejera de Presidencia y Justicia del gobierno de Canarias el cese del director del IML y alcanzando un preacuerdo con los sindicatos para evitar la huelga de los Médicos Forenses, sentando las bases para iniciar una negociación respetuosa con el personal del Instituto sobre las necesidades reales que precisa el IML para poder prestar un servicio público digno y de calidad.
Poco tiempo después de elevar la propuesta de cese del director del IML y justo el día antes de que fueran a iniciarse las negociaciones, Francisco Ledesma era destituido de su puesto. Los tiempos y la respuesta de la consejería ante la actuación Francisco Ledesma evidencian que la propuesta de cese del director del IML determinó a la postre su destitución como Director General.
Dos meses después de esta destitución nos hallamos ante la siguiente situación: 1. Una huelga indefinida del 75% de los Médicos Forenses del IML, con el apoyo de otros Cuerpos del IML, solicitando como reivindicación principal y requisito ineludible para iniciar cualquier tipo de negociación con la DGRAJ el cese del director del Instituto, Jesús Vega González.
Hecho que es la primera vez que tiene lugar en este País: que los trabadores de una institución pública vayan a la huelga, no para pedir mejoras económicas, sino por las irregularidades cometidas su máximo responsable y por la mala gestión de la institución.
2. Multitud de reconocimientos médico forenses y juicios suspendidos con el consiguiente perjuicio para los Ciudadanos y para la tramitación de los asuntos judiciales ante la inacción de la Consejería.
3. Críticas generalizadas por la resistencia de la consejería a hacer efectiva la propuesta de cese del director del IML pese a ser esta realizada por un director general de Justicia con conocimiento acreditado de la situación del IML y estar fundamentada con todo rigor. Reducir los motivos por los que se solicita el cese del director del Instituto a un simple “enfrentamiento personal” entre el director y los médicos forenses sólo traduce que la consejera de Presidencia y Justicia o no se ha leído aún la propuesta de cese elevada por Francisco Ledesma o está mal informada por el viceconsejero de Justicia o existen oscuros intereses políticos que limitan su voluntad de actuar en consecuencia con las graves irregularidades existentes en el IML; y sin que hasta la fecha ni la consejera ni el viceconsejero ni la nueva directora general hayan expresado una sola razón que justifique que Jesús Vega González deba continuar como director del IML, ni tampoco un solo argumento que avale su gestión al frente del IML, ni un solo documento o prueba que contradiga las irregularidades y arbitrariedades que se le imputan (desde el lucro irregular con las guardias provinciales a espalda de los Médicos Forenses, al incumplimiento de la normativa del IML, a la dejación reiterada de sus funciones reglamentarias o a su trato hostil con el personal del Instituto.
Además de lo recogido en 4 sentencias judiciales firmes que establecen como hechos probados la comisión por parte del director de desviación de poder, de ejercicio arbitrario de las potestades públicas y de castigos encubiertos).
4. Debate de la situación del IML en el Parlamento de Canarias, recibiendo la consejería de Presidencia y Justicia múltiples críticas por parte del resto de grupos políticos ante la gestión que está llevando a cabo de esta crisis.
5. Intervención del Diputado del Común por las quejas recibidas de Sindicatos y Médicos Forenses ante los problemas que presenta el IML y la inacción de la Consejería.
6. Un gasto estéril de los fondos públicos por parte de la DGRAJ por la adquisición de recursos materiales no solicitados, mal asesorada por el Director del Instituto, actuando éste al margen del Consejo de Dirección del IML (cuando una las funciones reglamentarias de este órgano es precisamente proponer a la Dirección General la adquisición de material) y retorciendo la legalidad en materia sanitaria para intentar justificar un material no idóneo para este IML en el momento actual (buen ejemplo de esto es el or - topantomógrafo para la determinación de la edad de menores no acompañados que se pretende instalar en las mismas dependencias destinadas al examen radiológico de los cadáveres).
Todo ello, sólo para desviar el foco de atención y tapar la propuesta de cese del Director del IML elevada por D. Francisco Ledesma.
7. Concentraciones semanales de los Médicos Forenses ante la DGRAJ y denuncias diarias en periódicos, radio y medios digitales por la inacción de la Consejería ante las irregularidades en la gestión del IML, ante las deficiencias y carencias que presenta, y ante las condiciones de insalubridad y falta de dignidad humana en que se hallan los cuerpos en el Servicio de Patología a la espera de autopsia o ya autopsiados por la dejadez del Director y su mala gestión de los recursos materiales del IML.
8. Uno de los motivos por los que Francisco Ledesma propuso el cese del director del Instituto fue el retraso en la gestión de las pericias solicitas al IML en casos de accidentes de tráfico (las llamadas peritaciones extrajudiciales). Conviene recordar en este punto que después de 9 años de la regularización de estas pericias extrajudiciales y cuando en el resto de IMLs de este País son realizas a los pocos meses de ser solicitadas por las víctimas de estos acci- dentes, en el IML de Santa Cruz de Tenerife los lesionados tienen que esperar más de 2 años para poder disponer de los informes periciales en la totalidad de los casos.
Como está acreditado, este retraso se debe al prolongado tiempo que tarde el Director en designar a los Médicos Forenses que deben realizarlas (con un tiempo medio de 2 años). Ello ocasiona que cuando los Forenses reciben la designación y la documentación necesaria para la elaboración de los informes periciales, éstos ya parten de un retraso de 2 años. Este retraso ha sido evidenciado por lesionados, abogados y hasta por el propio Decano del Colegio de Abogados de Tenerife, con quejas ante la Oficina de Atención Ciudadana del CGPJ y en los medios de comunicación (artículos del periódico El Día de 17 de junio de 2022 “Los juristas denuncian la larga demora en la tramitación de los informes para evaluar lesiones por accidentes de tráfico” y de 6 de julio de 2021 “Quejas por retrasos en informes en el Instituto de Medicina Legal”).
Los perjuicios que se derivan para los lesionados son obvios y constatables: tener que esperar años para poder disponer del informe pericial solicitado con el fin de poder percibir la indemnización que les corresponde por los daños sufridos, o tener que acudir a peritos privados con el consiguiente gasto que ello conlleva, o aceptar las indemnizaciones a la baja que le puedan ofertar las compañías de seguros. Así las cosas, al final, la intención por la que se regularizaron estas pericias (reducir los costes y el tiempo de tramitación los informes periciales para ayudar a minorar los sufrimientos padecidos por las víctimas de los accidentes de circulación) se ha convertido en el IML de S/C de Tenerife en todo lo contrario: los gastos son mayores y sobre todo, los tiempos de tramitación se han incrementado de forma injustificada.
La situación en la actualidad es exactamente la misma: continúa el mismo retraso de años en la gestión de estas peritaciones y el mismo perjuicio para las víctimas de accidentes de tráfico. Ante todo ello cabe preguntarse, ¿para qué ha servido la destitución de Francisco Ledesem como director general de Justicia?.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que dos meses después de esta destitución nada se ha solucionado en el IML de S/C de Tenerife. La gestión del Instituto sigue siendo igualmente deficiente, las irregularidades no se han corregido y el 75% de los Forenses están en huelga desde hace un mes con un amplio seguimiento por parte de los medios de comunicación, incluso ya a nivel nacional.
Y pese a todo ello, la consejería sigue sin actuar en consecuencia y sin adoptar ninguna medida contra el responsable del mal funcionamiento de esta institución pública. Así las cosas, ante las irregularidades en la gestión del IML y el mal servicio que está prestando, la consejería responde manteniendo en su puesto al causante directo de esta situación sin justificación alguna, destituyendo a quien intentaba corregirla y sin reunirse hasta la fecha con el comité de huelga, pese a que ésta se inició hace un mes.
