El PP pide explicaciones al gobierno por la trama corrupta en Canarias desvelada por TO
La legisladora le ha preguntado a Héctor Gómez si tenía conocimiento del «cobro de comisiones del 5% a cambio de desbloquear proyectos urbanísticos»
www.theobjective.com / Madrid
La diputada y portavoz para industria del Grupo Parlamentario Popular, Tristana Moraleja, ha interrogado este miércoles al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, sobre la trama de corrupción en las Islas Canarias conocida como ‘caso Arona’, desvelada por THE OBJECTIVE, sin obtener respuesta.
Durante una comparecencia en la comisión de Industria, la legisladora popular le ha preguntado al también dirigente socialista canario si tenía conocimiento del «cobro de comisiones del 5% y pagos de 50.000 euros a cambio de licencias o desbloqueos de proyectos urbanísticos».
La investigación de THE OBJECTIVE ha destapado un conjunto de presuntas extorsiones a empresarios para que pagasen mordidas en el tercer mayor municipio de la isla de Tenerife.
Conversaciones entre exconcejales del PSOE que narran una supuesta trama urbanística en Arona de la que serían conocedores desde 2020 el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, el máximo responsable del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, e incluso varios responsables del PSOE federal. Entre otros, el actual número tres del partido, Santos Cerdán, y el flamante ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez.
Los protagonistas de esta supuesta trama son distintos a los del conocido como caso Mediador o caso Tito Berni, pero utilizan un modus operandi similar.
Los audios a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE revelan también las presiones y comisiones exigidas a empresarios extranjeros por parte de intermediarios presuntamente vinculados al actual alcalde de Arona y candidato del PSOE en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, José Julián Mena.
Las grabaciones describen la existencia de un presunto entramado del que formarían parte también la hermana del alcalde, uno de sus principales asesores, Nicolás Jorge, y un abogado vinculado al PSOE y a un reconocido empresario hotelero de la isla. Se habla de comisiones del 5% y de pagos de 50.000 euros a cada empresario a cambio de comenzar los trámites para la obtención de licencias o para desbloquear proyectos urbanísticos paralizados.
