Procesan a tres mandos militares por red de mordidas a proveedores del Gómez Ulla

El juzgado togado militar central número 1 ha procesado a tres mandos del ejército por cobrar comisiones del 50% a los empresarios a los que adjudicaban servicios de limpieza, de formación y administrativos del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (del Ministerio de Defensa) desde el año 2009, según publica El Confidencial.com. Los altos cargos decidían a dedo al adjudicatario, preparaban el contrato para que produjese “beneficios exorbitantes” al adjudicatario, le pedían la mitad y le amenazaban con incurrir en retrasos en el pago, hacerle inspecciones o dificultarle futuras contrataciones en caso de no pasar por el aro. Así lo ha determinado el auto de procesamiento dictado por el magistrado Miguel Rodríguez de Paterna, titular del juzgado togado militar central número 1, que considera probado que los tres procesados -pertenecientes a la Inspección General de Sanidad de la Defensa- “exigían comisiones” y decidían al adjudicatario “ya desde el momento previo a la licitación”. El escrito judicial, fechado el pasado 30 de noviembre, asegura que los procesados “utilizaban de manera fraudulenta el procedimiento que regula los expedientes de contratación, acudiendo a la contratación menor en contratos que por su importe o por su objeto debían haberse tramitado en un solo expediente”. De este modo, continúa el auto del Juzgado Togado, conseguían “eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que la legislación contractual establece”. El instructor de la causa considera que los tres mandos han incurrido en un delito continuado contra la hacienda pública, contemplado en el artículo 191 del Código Penal Militar. En concreto, señala con sus nombres y apellidos al coronel Eduardo S. G., al teniente coronel Francisco N. C. y al teniente Miguel Ángel G. C. El primero desempeñó el puesto de jefe de la Administración Económica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (Igesan) desde 2006. Bajo su mando trabajaba el teniente coronel Francisco N. C., que ostentaba el cargo de jefe de la Unidad de Contratación del mencionado Igesan. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, era el responsable del seguimiento de la ejecución de los contratos. La investigación judicial tuvo su origen en una inspección rutinaria realizada por el ministerio de Defensa a principios de 2014. Ante la sospecha de irregularidades, explican fuentes gubernamentales, la subsecretaría de Defensa trasladó la información que había recopilado a la Fiscalía Jurídico Militar, que inició diligencias y judicializó los hechos, lo que provocó que la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil comenzara una investigación que se ha extendido hasta hoy. Los tres mandos fueron apartados de sus funciones por el Ministerio de Defensa nada más conocer que existían sospechas sobre su gestión. Estas pesquisas, sin embargo, no son las únicas relativas a mordidas que investigan los tribunales castrenses. El juzgado togado central número 2 imputó el pasado septiembre a una docena de directivos de otras tantas empresas que prestaban servicios para el ministerio de Defensa relacionados con la seguridad privada, la limpieza y otros sectores. Según contó El País, todas ellas incurrieron presuntamente en un delito de cohecho al abonar comisiones a dos tenientes coroneles a cambio de adjudicaciones.