USO denuncia a Telefónica por un recorte drástico de seguridad en sus instalaciones

Los Estados modernos se enfrentan actualmente a diferentes desafíos que confieren a la seguridad nacional un carácter cada vez más complejo. Estos nuevos riesgos, generados, en gran medida, por la globalización, y entre los que se cuentan el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva o el crimen organizado, se suman a los ya existentes, de los cuales el terrorismo tradicional venía siendo un exponente. Dentro de las prioridades estratégicas de la seguridad nacional se encuentran las infraestructuras, que están expuestas a una serie de amenazas. En la actualidad, la entrada en vigor de la directiva 2008/114, del Consejo, de 8 de diciembre, sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (en adelante, directiva 2008/114/CE), constituye un importante paso en la cooperación en esta materia en el seno de la Unión. En dicha Directiva se establece que la responsabilidad principal y última de proteger las infraestructuras críticas europeas corresponde a los Estados miembros y a los operadores de las mismas, y se determina el desarrollo de una serie de obligaciones y de actuaciones por dichos Estados, que deben incorporarse a las legislaciones nacionales. La red de infraestructuras de cables submarinos garantizan la comunicación y actualmente los cables de fibra óptica son la base de la red mundial de las telecomunicaciones, por lo tanto la FTSP-USO entiende que podrían ser considerados como infraestructuras estratégicas al ser un servicio esencial para la población y para los respectivos gobiernos. La empresa Telefónica SA tiene instalados cables submarinos en España, teniendo bases en Valencia, Barcelona, Bilbao, Andalucía o Canarias. En dichos centros dispone de un servicio de seguridad privada, donde ha ido recortando de forma progresiva las medidas de seguridad o incluso suprimiendo la vigilancia física presencial en alguno de estos centros, por ejemplo en la estación del Médano, en Tenerife. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, (FTSP-USO) tuvo conocimiento de que la empresa Telefónica ha adjudicado recientemente estos servicios de seguridad privada a varias empresas donde viene incluidas cláusulas para la supresión de los servicios armados que se prestaban hasta la fecha por los vigilantes de seguridad en estas instalaciones. Para el sindicato, estos recortes en la seguridad se han tomado exclusivamente por un criterio de ahorro de costes, atentando directamente contra la seguridad de las instalaciones y, por tanto, contra la seguridad y la protección de un servicio esencial para la sociedad como son las telecomunicaciones que se deben garantizar por parte de las autoridades gubernativas. Por lo que han procedido con la adopción de acciones legales contra la compañía.