La necesidad de introducción de la asignatura de Derecho en la enseñanza obligatoria
Diego Vicente Cruz Oval (*)
El sistema educativo español ha considerado de una u otra forma e independientemente del régimen político vigente en cada momento, que las asignaturas de lenguaje, matemáticas, sociales y naturales o la denominación sucedánea que se le hubiera dado en cada etapa, fueran básicas en la educación de la población, a las que se sumaron la religión o una lengua extranjera, sin embargo después de la restauración de la democracia y la aprobación de la Constitución Española, no se ha creído conveniente introducir el derecho como asignatura troncal y evaluable durante los ciclos obligatorio de enseñanza, a pesar de que la convivencia en sociedad no sería posible sin unas normas básicas y el respeto de los derechos fundamentales inherentes a la persona.
Durante la presidencia de José Luís Rodríguez Zapatero se introdujo una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), cuyo contenido venía referido a la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales, cumpliendo así la recomendación (2002)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la educación para la ciudadanía democrática, cuyo objetivo era incentivar una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia.
Sin embargo, con la llegada del gobierno de Mariano Rajoy, se sustituyó por otra llamada Educación Cívica Constitucional que, según el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, estaría “libre de cuestiones controvertidas” y “no susceptible de adoctrinamiento ideológico”, eufemismos con los que se pretendía eludir contenidos como la homofobia o las desigualdades sociales que finalmente fueron excluidos del nuevo temario, en la línea de lo solicitado por las corrientes ultracatólicas del partido; desapareciendo por completo en 2016.
Lejos de las disputas que en su momento hubo por el contenido de dicha asignatura, lo cierto es que, la necesidad de formar a los futuros ciudadanos en los valores democráticos y los derechos fundamentales que la Constitución les garantiza, se ha puesto de manifiesto en los últimos años, y más aún si cabe en un ambiente político plagado de demagogias y medias verdades destinadas a manipular la opinión pública, así hemos visto como se da un golpe de estado desde un parlamento autonómico que tiene su razón de ser en la Constitución; como en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19 se invoca la conculcación de los derechos de reunión, manifestación o libertad de circulación; o como los califas de las “taifas” alzaban su voz reclamando su cuota de poder ante lo que denuncian que es una recentralización de competencias, omitiendo decir que la limitación de todos ellos está amparada por otro derecho fundamental como es el derecho a la vida.
También en plena crisis sanitaria hemos visto como ante la saturación de Ucis y hospitales se suscitaba el debate ético de ¿quién debía ser atendido antes?, o lo que es lo mismo, a ¿quién se debían destinar los escasos recursos sanitarios?, y ¿cómo se ha llegado a estar en dicha situación?, aunque la respuesta a la última pregunta es evidente, destinando los dineros públicos a lucrar intereses privados en lugar de usarlos para servir a los ciudadanos, en una clara parasitación favorecida desde los autoproclamados defensores del interés general y servidores de lo público que buscan únicamente la satisfacción de su interés particular. O como existiendo recursos sanitarios disponibles se les negaba el acceso a grupos vulnerables de población como ancianos y discapacitados.
Como olvidarnos de las supuestas comisiones del Rey emérito, de los cheques despistados de la Infanta, de la filtración de todo tipo de informes antes de llegar a su destino y cumplir su función o como muchos de éstos están realizados sin la más mínima profesionalidad o vaya usted a saber si precisamente lo que existía es demasiada profesionalidad o la pretensión de que los demás son ignorantes; como explicar que a pesar de la corrupción sistémica de algún partido condenado, el ciudadano les siga votando en determinados feudos; o como determinados políticos condenados por diversos delitos y ambiciones varias, sigan gozando del apoyo de sus electores y falsos empadronados, comprados con dadivas y funerales pagados con sus propios impuestos, y a pesar de todo el político tenga el descaro de negarles en plena pandemia como San Pedro.
Todas estas cuestiones éticas y de derecho deben de ser tratadas naturalmente desde una asignatura que sea obligatoria y evaluable en las etapas obligatorias de la enseñanza pública, y al mismo nivel que las asignaturas de lenguaje o matemáticas, puesto que una vida en sociedad no se puede entender sin el cumplimiento y ejercicio de los derechos que les son propios al individuo, lo que requiere del conocimiento al menos, por los ciudadanos de la parte dogmática de la Constitución Española, integrada por los llamados derechos fundamentales, porque estos constituyen la base de una sociedad libre, tolerante, informada y más justa, además de ayudar a defender los valores y principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, esenciales en un Estado de Derecho, como fundamentos de la democracia.
(*) Articulista y abogado
