La Audiencia Provincial decide mantener a Domingo Rodríguez Cedrés imputado por estafa
Este asunto penal tiene que ver con el plan parcial de Playa Blanca
Saúl García (Diario de Lanzarote.com) / Arrecife
El promotor inmobiliario Domingo Rodríguez Cedrés, con intereses en el municipio de Yaiza, continuará como imputado en un procedimiento abierto en el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife por un presunto delito de estafa.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas decidió no estimar un recurso que habían presentado el empresario y su hijo Gustavo Rodríguez, también imputado, contra los autos que daban inicio al procedimiento y a su imputación.
La causa se inicia con una querella interpuesta por varios compradores de viviendas dentro del plan parcial Playa Blanca. Además de contra estas dos personas, también se querellaron contra otros tres promotores y vendedores: José Antonio Olano Moliner, Federico Díaz de Aguilar y Manuel Lago Candeira.
Dentro del plan parcial Playa Blanca se anularon todas las licencias de construcción concedidas, a partir del año 2005, así como el propio plan parcial. El Cabildo de Lanzarote recurrió todos esos permisos por considerar que el plan estaba extinguido por la Ley de Directrices y que en el mismo no se podía construir.
Ahora, con la aprobación del nuevo Plan General de Yaiza, se ha aprobado otro nuevo plan parcial que regularizaría todas las viviendas construidas, más de 400. Las viviendas, además, han perdido valor por la caída de los precios del mercado inmobiliario y por el exceso de oferta en Playa Blanca, así como porque la zona se ha devaluado al quedar muchas viviendas a medio construir y otras tantas vacías.
Según la Audiencia Provincial, “los hechos en que se sustenta la querella no sólo soportan un inicial juicio crítico de verosimilitud sino que además suponen indicios, por mínimos o difusos que sean en este momento inicial, de que tales hechos revisten caracteres delictivos, por lo que existe una mínima apariencia de tipicidad penal”.
La Audiencia destaca también que uno de los elementos que avalan la realidad de la querella es que los querellados pertenecen a la “Junta de Compensación del Plan Parcial Playa Blanca, y su participación activa en la misma y en reuniones en las que la cuestión relativa a la pendencia del procedimiento urbanístico se habría suscitado abierta y claramente en su presencia antes de concertar los contratos de compraventa”.
La Sala subraya que se podría tratar de un delito de estafa “por cuanto lo que se narra en la querella, en apretada síntesis, es que los querellados habrían suscrito los contratos de compraventa de las fincas con los querellantes, habiendo ocultado maliciosamente la pendencia de un relevante procedimiento urbanístico que podía comportar la demolición de los inmuebles vendidos, omitiendo así una información relevante sin la cual los compradores no pudieron hacerse un juicio de valor certero de la realidad de lo que se compraba”.
Además, la resolución judicial destaca que la estafa se puede dar no sólo por ofrecer información falsa sino por omitir información sobre hechos verdaderos. Es decir, que si se confirman los hechos que se relatan en la querella, los vendedores, a pesar de que sabían que existía la posibilidad de que se anularan las licencias y se pudiera llegar a ordenar el derribo de las casas, siguieron vendiéndolas sin advertir de esta posibilidad.
Por ello, la Sala considera que se debe “indagar y determinar con precisión la información que los vendedores deberían haber proporcionado a los compradores e, incluso, la posibilidades que éstos podrían haber tenido de conocer previamente la información supuestamente omitida”. La Audiencia ha tardado casi un año, desde que se reunió para decidir sobre el recurso, en emitir su resolución.
Varios compradores de casas en ese plan ya han conseguido que se les devuelva el dinero de la compraventa, algo que han logrado por la vía civil otros compradores en el mismo plan parcial. Recientemente, otros cuarenta compradores de villas en la misma urbanización, han presentado varias demandas en los Juzgados solicitando la nulidad de los contratos de compraventa y las escrituras de las casas y la devolución del dinero pagado por ellas más intereses y una cantidad por daños y perjuicios.
La cantidad que solicitan ronda los 10 millones de euros, a una media de 270.000 euros por cada villa. Las sociedades que tendrían que hacer frente a esa devolución, serían, en este caso, las mercantiles Palmera Canaria, Explotaciones Agueri, Promociones Alabena y Ayamar Proyect, que pertenecen, entre otros, a Rodríguez Cedrés, Díaz de Aguilar y Olano.
Rodríguez Cedrés es propietario de fincas desde los orígenes de la constitución y funcionamiento de la Junta de Compensación del plan parcial Playa Blanca, a finales de los años ochenta, y también participó en la promoción de otros planes parciales, como Las Coloradas. Es, sin duda, el mayor propietario de suelo y de inmuebles en el municipio sureño. Sólo en el Registro de la propiedad de Tías aparecen a su nombre o al de su sociedad, Palmera Canaria, casi 300 propiedades sin hipotecas.
