CCOO, CSIF y UGT exigen la apertura inmediata de la negociación y que no se penalice a las empleadas y empleados públicos en la ley de presupuestos para 2020

Piden a este gobierno que no dé ni un paso atrás en las condiciones laborales 

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Durante la última etapa de la anterior legislatura se avanzó en la transposición a la Comunidad Autónoma de Canarias de los acuerdos alcanzados entre el gobierno de la Nación y nuestras centrales sindicales, que ostentan la mayor representación de los empleados públicos en las administraciones públicas. 

Nuestra implicación como representantes de estas centrales sindicales en la Comunidad Autónoma de Canarias, conjuntamente con los representantes públicos del Gobierno de la Comunidad Autónoma han conformado importantes acuerdos en la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, tales como:

La recuperación progresiva del poder adquisitivo perdido en etapas anteriores,
La implantación de la jornada de 35 horas semanales para el personal de sanidad y  administración general y de 18 horas lectivas para el personal docente de enseñanza secundaria y otros cuerpos, Finalización de los descuentos por situaciones de incapacidad temporal.

La conciliación de la vida laboral y familiar, El desbloqueo de las ayudas a la acción social de los empleados púbicos, La liberación y ejecución de la oferta del empleo público gracias a la aprobación de las leyes de presupuestos generales del Estado para los ejercicios 2017 y 2018, con la finalidad de reducir la tasa de temporalidad y la recuperación del empleo público.

Valorada la reunión mantenida el pasado día 30 de septiembre con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y su nuevo equipo de gobierno, donde se nos presentó las líneas prioritarias de actuación por parte del gobierno. En reunión conjunta mantenida el pasado 7 de octubre, estas centrales sindicales han acordado solicitar la inmediata apertura de la negociación colectiva en todos los ámbitos de la Administración pública canaria, así como formular con carácter preferente y atendiendo a la posible incidencia en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio 2020, las siguientes reivindicaciones:

Proceder al nombramiento y a la toma de posesión, antes del 31 de diciembre, de los funcionarios y funcionarias que han superado los procesos selectivos ya finalizados.
Definición y aplicación de los fondos adicionales.

Estudio y mejora de los planes de pensiones de los empleados públicos.
Finalizar la negoción de las RPTs pendientes para proceder a la realización de los concursos de traslado demandados por los empleados públicos. 

Definición de la masa salarial y aplicaciones presupuestarias afectadas a ella.
Impulsar los procedimientos de estabilización y consolidación del empleo público, con el objetivo de reducir la temporalidad al 8% conforme a los acuerdos estatales alcanzados.
Impulsar, en la Ley de Presupuestos Generales para el Ejercicio de 2020, una enmienda de sustitución del artículo 73.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, quedando redactada de la siguiente redacción.

“2. Tratándose de funcionarios el sistema preferente será el de concurso-oposición, salvo cuando que por su naturaleza se acuerde la utilización del sistema de oposición y, excepcionalmente, para puestos singularizados, el de concurso”.

En lo referente a la propuesta que se está preparando para la oferta de empleo público correspondiente al año 2019, solicitamos que sean identificadas cada una de las plazas que vaya a ser incluidas en la misma, toda vez que, por su peculiaridad, éstas pudieran ser objeto de procesos de estabilización o, en su caso, de consolidación, y por lo tanto integrarse en otro tipo de oferta de carácter extraordinario.

CCOO, CSIF y UGT, con objeto de garantizar la traslación de este II Acuerdo al ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, muestran su interés porque nuestras propuestas para arbitrar estas medidas de recuperación de derechos se vean plasmadas en el anteproyecto de Ley de presupuestos de la CAC para el ejercicio 2020. Y llamamos a la responsabilidad tanto del gobierno de Canarias como de los grupos parlamentarios, con los que iniciaremos en breve una ronda de encuentros, para que apoyen estas medidas de recuperación y mejora de condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos y permitan la existencia de presupuestos en Canarias para 2020, de forma que se puedan implementar las mismas y garantizar la prestación de los servicios públicos.