La Delegación del Gobierno en Canarias lamenta que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ponga en duda la regulación del derecho a reunión
Lamentamos profundamente desde la Delegación del Gobierno el tono desafiante al Gobierno de España y el populismo con el que actúa la presidenta del Cabildo
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Las Palmas de Gran Canaria
Le recordamos a la presidenta que desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife no se autorizan las manifestaciones, tan solo se regula el derecho predeterminado a realizarse. Y le recordamos también que la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife solo tiene competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público vinculadas a ese derecho a reunión, ninguna sobre la protección medioambiental.
En todo procedimiento, y en éste con más razón, se acompañan siempre informes preceptivos y en este caso existe uno facultativo y específico a solicitud de esta Subdelegación que se solicitó a la Abogacía del Estado.
Sobre este procedimiento, donde informa sobre el derecho de reunión consagrado en el artículo 21 de la Constitución, del que el derecho de manifestación es una vertiente y cuyo desarrollo legal se encuentra en la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio respecto a los lugares de tránsito público y manifestaciones.
En el mismo informe, aclara, la eventual necesidad en la aplicación normativa específica de protección del Parque Nacional, que resulta exigible la autorización administrativa de la Comisión Mixta de Gestión, donde es el propio Cabildo, tras la competencia transferidas, el que tiene que pronunciarse al respecto.
En el informe ha quedado claro y así se ha trasladado a los convocantes a modo de recordatorio, que deben solicitar esta autorización especifica ante el órgano competente y no a esta Subdelegación.
Considerando una manifestación, al igual que cualquier otra prueba de índole deportiva o cultural, como una actividad extraordinaria, es exigible la autorización de la administración gestora del Parque Nacional.
Al igual que la presidenta prohíbe el acceso sobre el Parque Nacional del Teide por inclemencias del tiempo, o autoriza carreras o rodajes de películas, es el Cabildo de Tenerife la administración competente. Si quisiera prohibir cualquier actividad por cuestiones medioambientales, podría hacerla, es la presidenta del Cabildo la que tiene la última palabra. El Cabildo puede prohibir si se acreditara un posible daño al espacio natural.
La falta de conocimiento habitual le ha llevado a la presidenta a manifestar que se habría creado un precedente, sin conocer que el año 2022, presidiendo Pedro Martín el Cabildo ya se reguló una manifestación en el Parque Natural Corona Forestal del Teide.
Lamentamos profundamente desde la Delegación del Gobierno el tono desafiante al Gobierno de España y el populismo con el que actúa la presidenta del Cabildo, que cuando quiere presume de los medios estatales y cuando quiere aprovecha cualquier ocasión para cargar contra el presidente del Gobierno de España.
