FAPA La Palma denuncia el intento de la Consejería de ‘vender’ la nueva norma para alumnado NEAE como un acto de consenso con la comunidad educativa, algo que es mentira
La Consejería de Educación se ha dedicado en este periodo a romper la unidad de la comunidad educativa en Canarias con el fin de imponer a todas y a todos su objetivo
ELDIGITALDECANARIAS.NET/La Palma
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de La Palma (FAPA-La Palma) denuncia el intento político actual de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que dirige Poli Suárez (PP), de vender la futura norma reguladora de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativa (NEAE), que ya se tramita como decreto territorial y modificará la vigente, como un proceso de acuerdo previo y consenso con la comunidad educativa, algo, por ahora, no responde a la verdad: es mentira.
Según explica FAPA-La Palma, que ahora desarrolla los antecedentes hasta llegar a esa crítica contra la Consejería, el 30 de julio de 2024 se registró en el Parlamento de Canarias el documento NEAE Propuesta para la educación y la inclusión. Este informe nació del esfuerzo y el trabajo de 13 organizaciones distintas de Canarias todas ellas relacionadas con el ámbito NEAE, con la participación de entidades del tercer sector, los sindicatos y las federaciones de AMPA en ConfapaCanarias, la institución que coordinó e impulso el reseñado documento.
Fruto de esa iniciativa, parecía que la Consejería de Educación tomaba conciencia real sobre el asunto al citar el 28 de octubre de 2024 a las federaciones de AMPA en su sede de Gran Canaria. Allí, en esa reunión, se comunicó oficialmente que se iba a iniciar la redacción de un nuevo texto legal (decreto) para regular el ámbito NEAE al estar la normativa vigente obsoleta y que, con esa intención, se quería contar, lo lógico, con las federaciones de AMPA al ser estas las representantes de las familias. Con esa idea, se afirmó, la Consejería convocaría reuniones cada dos meses para trabajar el borrador del nuevo decreto.
Dicha propuesta de Educación fue bien acogida por parte de las personas asistentes a la reseñada reunión ya que, se entendía entonces, daba esperanzas de empezar a corregir las discriminaciones y el maltrato que se estaba percibiendo con el alumnado NEAE hasta ahora. Como primera respuesta, todas las organizaciones presentes en la reunión (las de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma) coincidieron en pedir al consejero y a sus directores generales que, como base para empezar ese trabajo legal, tuvieran en cuenta el documento ya existente de NEAE, el registrado en el Parlamento de Canarias el 30 de julio pasado. Particularmente, desde las islas de Lanzarote y La Palma, en ese mismo momento, ya se dejó claro que, sin aumento de presupuesto, no se podrían acometer los cambios y las mejoras necesarios.
Por ahora, no se han realizado esas reuniones bimestrales (que, como mínimo, ya se debían haber realizado hasta tres, de cumplirse lo acordado); no se ha convocado a todas las federaciones, ni juntas ni por separado; tampoco se ha tenido en cuenta el documento NEAE registrado en el Parlamento de Canarias, y mucho menos se ha hecho y distribuido oficialmente un borrador serio para trabajar en el nuevo decreto que pretende regular el ámbito NEAE en Canarias.
A esta federación de AMPA, denominada FAPA-La Palma, solo le ha llegado, y extraoficialmente, un borrador del borrador (en palabras del director general de Inclusión, David Pablos, en los medios de comunicación). De dicho borrador del borrador, conocido de forma extraoficial, FAPA-La Palma prefiere no opinar, ya que, de ser cierto, es un despropósito en sus formas y en su contenido. Cuando se tenga un documento serio y oficial, esta federación trasladará su postura.
La Consejería de Educación se ha dedicado en este periodo a romper la unidad de la comunidad educativa en Canarias con el fin de imponer a todas y a todos su objetivo, que no es otro que implantar el modelo del Partido Popular en todas las comunidades autónomas en las que ya este partido gobierna. Se llama privatizar y tratar de demostrar que dicha privatización (que supone precarización) es fruto del consenso, algo que por ahora no existe ni se espera ya que ha sido la misma Consejería la que se ha dedicado a reventar cualquier acuerdo amplio al dividir a las familias.
Por todas las razones ya expuestas y por el mismo acontecer de los hechos, a día de hoy FAPA-La Palma sigue pidiendo participar en la formulación del nuevo decreto como parte indispensable que es dentro la comunidad educativa en las islas, y recuerda, una vez más, que sin contar con las familias nada de esto tiene sentido alguno.
La misma federación lamenta que el Gobierno de Canarias, con su presidente al frente, Fernando Clavijo, permita que esto ocurra: que se esté montando una pantomima que solo beneficia a las empresas privadas y que se quiera vender un aumento del gasto en algo que merma la calidad educativa y las oportunidades para un segmento de la población solo por tener un diagnóstico de discapacidad. Esto,2
señala FAPA-La Palma, es una acción deleznable, un despropósito, y suponen faltar al principio de equidad que consagran tanto la Ley de Educación de Canarias como la nacional Lomloe. Todo el mundo, enfatiza la misma organización, tiene derecho a aprender y a una enseñanza de calidad; ahora bien, luego hace falta poner los recursos necesarios y adecuados para cada persona, de manera que con todas y todos se pueda cumplir ese objetivo, incluido nada menos que entre los derechos fundamentales de la Constitución española.
