La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia ‘condena’ a los peritos psicólogos a trabajar en condiciones de indigna ‘esclavitud’
La resolución 105 de 9 de enero de 2015 aplica una injusta tárifa única que los precariza
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
Pese a las declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad Aarón Afonso quien afirma que “el Instituto de Medicina Legal funciona desde el año 2003 y “cuenta con los avances más actuales”, y “destacó el consejero, que remarcó que el IML en un centro de referencia por las tareas de docencia e investigación que desarrolla”, la realidad actual es que este año 2016 se ha vuelto a renovar la resolución de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia , por lo que se complementa la resolución nº 105, de fecha 9 de enero de 2015, por lo que se adoptan medidas para la realización de informes periciales psicológicos externos en el ámbito de los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias, se resuelve la adopción de medidas para que ya que cuando no se pudiera llevarse a cabo con los medios personales propios del departamento o por el contrato de peritaciones judiciales y fiscalías, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Canarias.
Los peritos psicólogos que prestan servicio externo al Instituto de Medicina Legal y Forense no sólo tienen que cumplir unos requisitos que cumplen a rajatabla sino lo insólito es que trabajan en una absoluta precariedad laboral con la complicidad de los colegios profesionales de Psicología de ambas Provincias Canarias.
En dicha resolución refiere que el abono del servicio prestado por estos profesionales es una tarifa única en la que se refleja una especie de ‘todo incluido’ por gastos generados por la intervención pericial, tanto por la emisión de hasta más de 3 informes juntos en un mismo expediente, como por desplazamientos realizados, aclaraciones, ratificaciones, asistencias y en general, cualquier actuación ante el órgano u oficina judicial, incluido al acto de juicio oral.
Esto ha provocado renuncia de psicólogos forenses que no pueden asumir la cantidad de gastos que les supone como profesionales y si a ésto se le suma que desde la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia no se realizan los pagos o se retransan sustancialmente, la calidad de este servicio dista mucho de ser eminentemente efectiva.
Ante toda esta situación que dura ya varios años, los colegios profesionales no hacen absolutamente nada para mejorar las condiciones de este convenio sino automáticamente se firma una y otra vez la misma Resolución sin tener en cuenta las condiciones en las que trabajan estos profesionales colegiados.
Por otra parte, tampoco existe ningún interés por ninguna de las partes de convocar oposiciones a las mismas sino de llevar una continuidad a esta precariedad laboral para los psicólogos forenses que prestan servicio externo a la administración de justicia desde el Instituto de Medicina Legal y Forense.
Esto supone la acumulación de expedientes judiciales sin resolver en tiempo y forma que afecta directamente al ciudadano y a la acumulación además de trabajo al funcionariado responsable de todos estos expedientes.
