El Comité de Huelga del transporte sanitario desmiente a Esther Monzón y denuncia una negociación paralela para condicionar el convenio

CC.OO, USO y CSIF acusan a la Consejería de Sanidad de intentar fijar desde fuera de la mesa negociadora los límites económicos y laborales del futuro convenio colectivo del sector

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Canarias

El Comité de Huelga del Transporte Sanitario de Canarias, integrado por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), USO y CSIF, desmiente las declaraciones de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, en las que afirmó haberse reunido con ambas partes del conflicto.

Según el Comité, la consejera «no se ha reunido ni con la parte social de la mesa negociadora del convenio ni con el actual Comité de Huelga». Las organizaciones sindicales consideran por ello «inadmisible» que Monzón apele públicamente a la responsabilidad de sindicatos y patronales, después de que, según sostienen, la Consejería haya mantenido durante año y medio que este conflicto «no era de su incumbencia».

Los sindicatos denuncian, además, que la Consejería de Sanidad estaría intentando condicionar el futuro convenio colectivo mediante un estudio de tarifas que podría fijar desde fuera de la mesa negociadora el margen económico de las empresas adjudicatarias. A juicio del Comité, esta actuación supondría «una injerencia intolerable en la autonomía colectiva» y limitaría la capacidad real de negociación de los trabajadores del sector.

«No vamos a permitir que se abra una negociación paralela al margen de la representación sindical para imponer un techo económico y laboral al nuevo convenio», señalan CCOO, USO y CSIF. El Comité sostiene que el futuro del personal técnico en emergencias sanitarias de Canarias no puede decidirse «en despachos cerrados, sin la parte social», ni utilizarse para perpetuar la situación de precariedad que, según afirma, arrastra el sector.

Año y medio de negociación

El Comité de Huelga recuerda que el personal del transporte sanitario lleva año y medio intentando negociar un convenio que incluya actualización salarial, efectos retroactivos, garantías frente a la absorción del Salario Mínimo Interprofesional, mejoras laborales e incrementos anuales que permitan recuperar poder adquisitivo.

Las organizaciones sindicales vinculan la falta de acuerdo a la ausencia de una garantía suficiente de financiación en el contrato público que depende de la Consejería de Sanidad. Según explican, las empresas condicionan las mejoras laborales y salariales a la dotación económica del servicio, mientras la Administración se presenta como observadora de un conflicto que, a juicio del Comité, está directamente relacionado con sus decisiones presupuestarias y contractuales.

«No se puede ser árbitro neutral de un partido cuyo marcador depende de tus propias decisiones», afirma el Comité de Huelga.

Los sindicatos recuerdan también que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad hace casi un año una moción para estudiar la internalización del transporte sanitario en Canarias. Según el Comité, ese mandato parlamentario sigue sin ejecutarse, mientras el personal del sector continúa esperando medidas concretas.

Reunión urgente con la Consejería

El Comité de Huelga reclama a Esther Monzón una reunión urgente con CCOO, USO y CSIF para abordar el futuro del transporte sanitario en Canarias y pide que el próximo contrato público cuente con financiación suficiente para cumplir lo que se acuerde en la mesa de negociación.

«Sin financiación suficiente, cualquier acuerdo será papel mojado. Sin participación sindical real, cualquier estudio de tarifas será una imposición encubierta. Y sin respeto a la negociación colectiva, cualquier llamamiento público a la responsabilidad será solo una forma de trasladar a los trabajadores y trabajadoras la responsabilidad de una precariedad que nace de la falta de compromiso político y presupuestario», sostiene el Comité.

Las organizaciones sindicales insisten en que el personal de ambulancias necesita «respeto, reconocimiento profesional, salarios dignos, mejoras laborales reales» y una Consejería que, según afirman, asuma su responsabilidad en un servicio público esencial para la ciudadanía canaria.