“Sin recursos, sin apoyos y sin accesibilidad no hay igualdad educativa”
Liberación Canaria defiende una educación inclusiva real en Canarias
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Canarias
Liberación Canaria expresa su apoyo a las reivindicaciones de las familias, docentes, asociaciones, profesionales y colectivos que reclaman una educación pública digna, inclusiva, accesible y dotada de recursos reales en Canarias.
La educación inclusiva no puede seguir siendo una declaración de buenas intenciones. Es un derecho del alumnado y una obligación legal de las administraciones públicas.
Cada niño, niña, adolescente, joven o persona adulta en proceso formativo tiene derecho a aprender, participar, comunicarse, convivir y desarrollarse en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios y sin que la falta de medios se convierta en una barrera para su presente y su futuro.
Canarias cuenta con un marco jurídico que reconoce la atención a la diversidad, la escuela inclusiva, los apoyos educativos, la accesibilidad, la adaptación de recursos y la obligación de las administraciones de garantizar medios humanos y materiales suficientes. Sin embargo, la realidad diaria de muchos centros, familias y profesionales demuestra que existe una brecha grave entre lo que la ley reconoce y lo que el sistema educativo ejecuta.
No podemos aceptar que haya alumnado sin apoyos suficientes, familias obligadas a recorrer un camino administrativo agotador, profesorado desbordado, valoraciones que llegan tarde, equipos de orientación saturados, especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje insuficientes o itinerantes, auxiliares educativos y sanitarios por debajo de las necesidades reales, infraestructuras no accesibles o recursos materiales que dependen más del empeño de cada centro que de una planificación pública estable.
La inclusión no se garantiza apartando al alumnado, reduciendo apoyos a intervenciones puntuales o trasladando a las familias la carga de reclamar lo que ya es un derecho.
La inclusión exige presencia en el aula, participación real, aprendizaje adaptado, convivencia, comunicación accesible, coordinación profesional, estabilidad de plantillas y recursos suficientes en todas las islas.
Liberación Canaria defiende la necesidad de un plan canario urgente de refuerzo de la educación inclusiva, con financiación finalista, calendario de ejecución, evaluación pública e indicadores verificables.
Este plan debe incluir, como mínimo, más profesorado de apoyo dentro del aula, incremento estable de especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, refuerzo de los equipos de orientación, reducción de ratios en aulas con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, auxiliares educativos suficientes, personal sanitario cuando las necesidades del alumnado lo requieran, formación especializada y continua para todo el personal educativo, y accesibilidad universal en centros, materiales, comunicación, transporte, comedor, actividades complementarias y entornos digitales.
Liberación Canaria reclama una auditoría pública, insularizada y actualizada de las necesidades específicas de apoyo educativo en Canarias, centro por centro e isla por isla, para conocer con precisión la realidad del alumnado NEAE, las carencias de personal, los déficits de recursos materiales, las necesidades de accesibilidad y los apoyos pendientes de ejecución.
No se puede planificar una educación inclusiva seria sin diagnóstico público, datos verificables y transparencia institucional.
Esa auditoría debe ir acompañada de un mapa canario de carencias por centros educativos, con identificación de necesidades de orientación, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, auxiliares educativos, auxiliares sanitarios, adaptación de infraestructuras, accesibilidad cognitiva, recursos tecnológicos, materiales específicos y sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.
Canarias necesita saber dónde faltan recursos, cuántos faltan, con qué prioridad deben cubrirse y en qué plazo.
Liberación Canaria exige también un calendario real de reducción de ratios en los centros y aulas donde exista alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La reducción de ratios no puede seguir siendo una promesa genérica. Debe convertirse en una medida planificada, evaluable y vinculada a la complejidad educativa de cada centro. Donde hay mayor necesidad de apoyo, debe haber más personal, más tiempo educativo, más coordinación y menos sobrecarga para el profesorado.
Asimismo, reclamamos la aprobación de un Plan SAAC Canarias 2026-2030, de implantación progresiva, obligatoria y financiada, para incorporar los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación al modelo educativo canario.
Los SAAC, los pictogramas, la lectura fácil, la lengua de signos, los apoyos visuales, la comunicación aumentativa, los comunicadores dinámicos y las tecnologías accesibles no pueden depender de la voluntad individual de un centro o de una familia.
Deben formar parte de una política pública estructural, especialmente para el alumnado con autismo, discapacidad intelectual, pluridiscapacidad, dificultades severas de comunicación, discapacidad motora, sensorial o cualquier otra situación que limite su derecho a expresarse y participar.
Esta línea de acción debe estar vinculada a una dotación presupuestaria suficiente y estable, orientada al cumplimiento efectivo del 5 % del PIB educativo previsto en la Ley Canaria de Educación.
Sin presupuesto no hay inclusión real. Sin financiación finalista no hay reducción de ratios, ni plantillas estables, ni accesibilidad universal, ni SAAC, ni orientación suficiente, ni apoyos continuados.
La educación inclusiva requiere cubrir y respetar derechos, pero también requiere partidas presupuestarias, planificación, control público y ejecución.
La educación inclusiva debe abarcar todas las etapas. No termina en Infantil, Primaria o Secundaria. Debe garantizarse también en Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, educación de personas adultas y universidad.
La Formación Profesional debe contar con apoyos, adaptaciones, accesibilidad y acompañamiento en la formación en empresa.
La universidad debe asegurar ajustes razonables, accesibilidad física, digital, metodológica y evaluadora, orientación psicopedagógica y apoyos suficientes para que ninguna persona quede fuera por falta de recursos.
Liberación Canaria reclama también una Inspección Educativa garantista, no meramente administrativa. La inspección debe velar por el cumplimiento efectivo de los derechos del alumnado, detectar carencias, exigir correcciones, evitar expulsiones encubiertas, revisar situaciones de segregación y actuar cuando la falta de medios comprometa la igualdad educativa.
No sobra ningún niño. No sobra ninguna niña. No sobra ningún joven. Lo que faltan son recursos, planificación, presupuesto, estabilidad profesional y voluntad política sostenida para ejecutar las necesidades.
Canarias necesita una educación inclusiva real, con derechos garantizados, medios suficientes y una administración que cumpla.
La dignidad educativa no se proclama, se financia, se organiza, se dota, se evalúa y se cumple.
Desde Liberación Canaria defendemos una escuela canaria pública, inclusiva, accesible, humana y preparada para atender la diversidad de su alumnado. Defender al alumnado con mayores necesidades de apoyo es defender una educación mejor para toda la comunidad educativa y para el futuro del país.
