IUC presenta nuevas alegaciones a la Ley de Montes para blindar los ecosistemas canarios frente a la especulación

La formación propone medidas concretas contra la urbanización ilegal, el turismo depredador y en defensa del monte público y la participación ciudadana

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 26 de enero de 2026

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha presentado una nueva oleada de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Montes de Canarias con el objetivo de reforzar aún más el texto propuesto por el Gobierno autonómico. La organización de izquierdas ya había celebrado hace unas semanas que quince de sus dieciséis consideraciones iniciales fueran incorporadas parcial o totalmente al anteproyecto. No obstante, IUC subraya que el texto aún requiere ajustes importantes para que se convierta en una herramienta real de transformación ecológica y freno a la degradación del territorio.

“Esta Ley ha mejorado respecto al primer borrador, pero todavía adolece de medidas contundentes contra el urbanismo ilegal, la turistificación de los montes y la desprotección del patrimonio forestal”, ha declarado el coordinador nacional de IUC, Saúl Alberola. “Queremos una Ley con medios, con presupuesto, con profesionales y con herramientas jurídicas eficaces que blinde nuestros montes frente al expolio y la especulación”.

Entre las alegaciones destacadas se encuentra la propuesta de que el propio objeto de la Ley incorpore de forma explícita objetivos como “poner fin a la deforestación, recuperar los montes degradados, incrementar la forestación y reforestación”, así como luchar contra “las ilegalidades urbanísticas que van restando masa forestal en favor de usos lucrativos y turísticos”. Para IUC, es imprescindible que la Ley nombre con claridad los problemas reales para poder afrontarlos con firmeza.

Otra de las alegaciones más significativas plantea el principio “favor arboris”, ya recogido en otras normativas canarias, y que establece que cualquier intervención deberá priorizar la permanencia de los árboles existentes. “Este principio debe formar parte del ADN de la Ley, porque refleja una filosofía clara: en caso de duda, se protege el árbol”, explica Alberola.

La formación propone además limitar por ley el cambio de uso forestal a turístico en islas como Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, donde la masificación ha alcanzado niveles insostenibles. La organización plantea una moratoria hasta que se revierta el colapso medioambiental y la sobreexplotación de recursos. “El modelo turístico ha sobrepasado todos los límites en estas islas. No podemos permitir que encima se colonice el monte para ampliar la oferta turística. Canarias tiene un límite y está ya sobrepasado”, señala el coordinador de IUC.

En cuanto a la gestión del monte público, las alegaciones refuerzan la necesidad de fomentar la propiedad pública forestal mediante la adquisición progresiva de terrenos con alto valor ecológico. Asimismo, se propone que todos los montes patrimoniales de las administraciones públicas pasen a ser de dominio público, lo que impediría su venta o apropiación por terceros a través del Registro de la Propiedad. “Hay que cerrar la puerta a las mordidas registrales y blindar el monte como bien común inalienable”, afirma Alberola.

La participación ciudadana ocupa también un lugar central en las propuestas de IUC. La formación plantea que Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos estén obligados a habilitar canales eficaces para que la ciudadanía pueda presentar propuestas, denuncias o mejoras en la gestión de los montes, tanto públicos como privados. “No basta con declarar el monte como patrimonio colectivo, hay que democratizar su gestión”, insiste Alberola.

Además, se incluye una propuesta para fomentar la “custodia del territorio”, un modelo de colaboración entre administraciones, entidades sociales y propietarios que permita acuerdos plurianuales para la gestión sostenible de fincas forestales.

Finalmente, IUC reclama que el planeamiento territorial y urbanístico se subordine a los objetivos de la Ley de Montes, evitando la clasificación de suelos con valores forestales como urbanizables o de asentamiento rural, y garantizando que la administración forestal tenga voz vinculante en estos procesos.

“Necesitamos una Ley valiente que actúe de verdad contra la especulación, la turistificación y el abandono de nuestros montes. Canarias no es solo un destino turístico; es nuestro hogar. Proteger nuestros montes es proteger nuestra biodiversidad, nuestra calidad de vida y nuestro futuro”, concluye Saúl Alberola.