Los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 son cuatro pactos firmados el 3 de enero de ese año por el Gobierno de España y la Santa Sede, con el objetivo de sustituir el Concordato de 1953, firmado durante el régimen franquista bajo los principios del nacional catolicismo. Estos nuevos acuerdos pretendían adaptar las relaciones Iglesia-Estado a la recién aprobada Constitución Española de 1978, que en su artículo 16.3 establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», proclamando así el carácter aconfesional del Estado.

Las negociaciones, llevadas a cabo en secreto por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Jean-Marie Villot, concluyeron apenas cinco días después de que entrara en vigor la Constitución (publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de diciembre de 1978), generando críticas sobre la opacidad del proceso y la contradicción entre el principio constitucional de aconfesionalidad y la inmediata firma de privilegios institucionales con la Iglesia Católica.

Basándose en estos opacos acuerdos permite que actos religiosos (organizados por instituciones confesionales) ocupen calles, plazas y recursos públicos como si fueran asuntos comunes de toda la ciudadanía. Esta práctica vulnera el principio de neutralidad estatal: no puede haber aconfesionalidad real mientras el espacio público se utiliza para exhibir y promover credos particulares.

Si el Estado no confiesa ninguna religión, tampoco debe ceder sus espacios a rituales religiosos. Exigimos la eliminación de procesiones, rituales y celebraciones de carácter confesional en los espacios públicos, para garantizar una verdadera igualdad y respeto a toda la ciudadanía.

Lo público pertenece a toda la ciudadanía: no debe ser escenario de dogmas que excluyen, someten y niegan derechos, especialmente a las mujeres.

El Partido Feminista de España rechaza la ocupación de espacios públicos por actos religiosos, procesiones o celebraciones de carácter confesional.

Desde una perspectiva comunista y materialista, entendemos que el espacio público debe pertenecer a toda la ciudadanía por igual, sin privilegios para ninguna institución ideológica o clerical. La religión, como opio del pueblo según señaló Marx, es históricamente un instrumento de dominación de clase y de sumisión de las mujeres. Su exhibición institucionalizada en calles, plazas y edificios públicos refuerza jerarquías patriarcales y socava el Estado laico, condición indispensable para la verdadera igualdad.

Denunciamos que la «diversidad religiosa y cultural» es una trampa ideológica usada por el patriarcado y la burguesía, es un mecanismo de división entre la clase trabajadora. No es un valor emancipador en sí mismo, es usado para oponer a las explotadas unas contra otras, es otra versión contemporánea de esos nacionalismos que Lenin denunció con lucidez: herramientas del dominio capitalista para fragmentar la conciencia de clase y desviar la lucha de su verdadero objetivo: la abolición del sistema explotador. Mientras la clase trabajadora se enfrenta por identidades fragmentadas, el poder económico sigue intacto, y la revolución, pospuesta.

Denunciamos que la mujer como clase en sí misma, es la más explotada y oprimida en el seno de las religiones monoteístas, pilares ideológicos del patriarcado. Estas religiones, todas machistas por estructura, no solo justifican la dominación masculina, sino que imponen a las mujeres el trabajo reproductivo y de cuidados: invisible, gratuito y perpetuo. Es un trabajo que sostiene a las familias, a la clase dominante y al sistema capitalista, mientras las mujeres pagan con su tiempo, su salud y su libertad.

Y en este modo de producción patriarcal, los hombres se apropian desde su nacimiento de una plusvalía indirecta, fruto del trabajo no remunerado de las mujeres en la esfera reproductiva y de cuidados. Su privilegio no es meramente cultural o simbólico, sino estructural: se reproduce en cada acto de cuidado invisibilizado, en cada jornada doméstica no pagada, en cada cuerpo femenino sometido al control religioso y social. Así el trabajo de las mujeres sostiene materialmente al capitalismo y al patriarcado.

No debemos olvidar la división que las religiones patriarcales imponen sobre la mujer: por un lado, la figura de la mujer «digna», pura y sumisa, destinada al matrimonio y a la reproducción; por otro, la mujer «promiscua», estigmatizada y marginada, convertida en objeto de consumo sexual para el placer y la satisfacción de los hombres. Las ‘confesiones’ son una herramienta ideológica del patriarcado que, bajo el amparo religioso, legitima la explotación sexual de las mujeres y mantiene intacto el control masculino sobre sus vidas y su libertad. Mientras unas mujeres son santificadas para servir, otras son desechadas para ser usadas. Ambas están subordinadas al dominio del hombre y al orden social que se beneficia.

Exigimos un espacio público neutral, libre de símbolos religiosos y de opresión, con acceso universal, donde ninguna creencia imponga su norma ni ocupe lo que es de toda la ciudadanía.

La derogación de los acuerdos firmados entre el Estado español y las entidades religiosas, herederos de un pasado confesional y profundamente ajenos al principio de aconfesionalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución de 1978. Esto incluye, en primer lugar, los acuerdos con la Santa Sede, negociados en secreto y firmados apenas cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución, el 3 de enero de 1979. Estos pactos, heredados del nacional catolicismo franquista, otorgan a la Iglesia Católica privilegios económicos, educativos y jurídicos que vulneran la igualdad ante la ley y el principio de aconfesionalidad estatal.

También deben derogarse los acuerdos de cooperación suscritos con otras confesiones, aprobados mediante las Leyes 24, 25 y 26/1992, que formalizaron relaciones con: