El Partido Feminista de España denuncia la farsa del PSOE y su ley abolicionista de la prostitución
Las víctimas y supervivientes de trata y prostitución no son estadísticas ni votos
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Madrid
La Comisión Política del Partido Feminista de España denuncia que en un momento en que la urgencia por abolir el sistema prostitucional debería traducirse en coraje político, alianzas reales y compromiso legislativo firme, asistimos, una vez más, a una operación de imagen: el PSOE anuncia la presentación de una “ley abolicionista” sabiendo de antemano que no contará con los apoyos necesarios para su aprobación.
La abolición del sistema prostitucional no es un “tema candente” para ser explotado en campañas electorales, ni un recurso retórico para lavar conciencias burguesas. Es una exigencia revolucionaria porque rechaza la mercantilización del cuerpo de las mujeres; feminista porque desenmascara la violencia patriarcal estructural; y materialista, porque devela cómo el capitalismo se nutre de la explotación sexual de las mujeres más pobres.
Las víctimas y supervivientes de trata y prostitución no son estadísticas ni votos. Son sujetos de la clase mujer, cuyos cuerpos han sido convertidos en mercancía por un sistema que bajo la lógica del patriarcado capitalista normaliza la dominación masculina y la acumulación mediante la violencia.
Mientras los partidos del régimen hacen gestos simbólicos en el Congreso, leyes destinadas al fracaso, discursos sin consecuencias, el sistema prostitucional sigue intacto, precariza aún más a las mujeres, reproduce la desigualdad y alimenta las ganancias de proxenetas, mafias y Estados cómplices.
Fue en septiembre de 2014 cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España -siguiendo una directriz del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) de la Unión Europea- incorporó por primera vez al cálculo del PIB actividades ilegales como la prostitución y el tráfico de drogas, siempre que se pudieran estimar con cierta fiabilidad. La inclusión comenzó formalmente en 2017, cuando el INE actualizó sus series de cuentas nacionales conforme al SEC 2010, incorporando ajustes por economía sumergida, incluida la prostitución.
El PIB español subió “artificialmente” tras esta inclusión: en 2014, el INE estimó que la prostitución aportó unos 3.700 millones de euros y en 2022 se estimó la aportación en 4.500€. España “creció” por contabilizar ingresos originados con la violencia y explotación sexual de la mujer previo pago.
Al incluir la prostitución en el PIB, el Estado la trata como una actividad económica más, invisibilizando su carácter de violencia estructural y violación de derechos humanos y naturalizando la explotación.
El hecho de que el Estado contabilice como “riqueza” la prostitución refuerza la crítica feminista abolicionista: el capitalismo se alimenta de la explotación sexual de las mujeres e instrumentaliza el sufrimiento, donde miles de mujeres víctimas de trata y prostitución se convierten en “contribuyentes” del PIB. Su dolor, su trauma, su opresión… se convierten en “valor añadido”, convierte la violencia contra las mujeres en motor de la economía.
El capitalismo no distingue entre trabajo y explotación mientras genere plusvalía, lo incorpora, no importa si es sangre, sexo o dolor.
El INE aclara que no está legalizando estas actividades, solo “midiendo la economía real”. Pero el Partido Feminista de España denuncia que es un acto político que refleja cómo el Estado patriarcal-capitalista se beneficia de la explotación sexual de las mujeres y la convierte en un engranaje más de su maquinaria económica. Por eso, nuestra lucha no es solo por abolir la prostitución, sino por abolir el sistema que la produce, la tolera y la contabiliza como riqueza.
En 2005, el Ministerio de Trabajo elaboró un informe, “IMPACTO DE UNA POSIBLE NORMALIZACIÓN PROFESIONAL DE LA PROSTITUCIÓN EN LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD FUTURA DEL SISTEMA DE PENSIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL”, donde se hacían propuestas y recomendaciones para una Ley que facilitara la normalización de la prostitución en el ámbito nacional que abordaría un amplio y variado elenco de normas penales, civiles, administrativas, laborales y fiscales que afectarían a su ejercicio. La prestación de servicios sexuales contratada directamente entre una persona y su cliente tendría la consideración en nuestro derecho civil de un contrato de arrendamiento o prestación de servicios. Para ello la futura norma jurídica, tiene que tener rango de ley, deberá prever que el contrato de prestación de servicios sexuales es un contrato válido jurídicamente, por concurrir en él todos los requisitos legales exigibles (artículo 1261 del Código Civil: consentimiento, objeto y causa) diciendo expresamente que su objeto y causa se consideran lícitos por no ir en contra de las leyes y de la moral.
Este año 2025 se han incluido los «servicios sexuales» en la CNAE», por lo que el Estado deja de lado cualquier pretensión abolicionista y, al cobrar impuestos a la explotación sexual, la institucionaliza y legitima económicamente, beneficiándose de una de las formas más antiguas, estructurales y brutales de violencia contra las mujeres.
Si llega una ley sobre la prostitución, no será para proteger a las mujeres, sino para legalizar la explotación. Las bases ya están construidas. Solo falta dar el último paso: convertir la explotación y violencia sexual en contrato.
Exigimos:
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Una ley abolicionista con consenso real, con apoyos garantizados y con voluntad de aprobarla.
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Que se escuche a las supervivientes y al movimiento feminista abolicionista, no solo cuando conviene.
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Que se deje de utilizar la prostitución como moneda de cambio política, y se asuma como lo que es: una violación masiva de derechos humanos.
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Incluir a todas las supervivientes de la prostitución dentro de las medidas de protección de una Ley contra la Violencia hacia La Mujer.
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Que el PSOE dejé de engañar haciéndonos creer que es feminista cuando refuerza estructuras patriarcales y capitalistas, que precarizan a las mujeres, especialmente a las más pobres permitiendo que la prostitución siga operando en un limbo legal, mientras crece el discurso de “regulación” o “trabajo sexual” y ha dado pasos a la normalización del contrato de servicios sexuales.
Mientras no haya una ley abolicionista, nosotras seguiremos denunciando que la prostitución es la mayor lacra y esclavitud para las mujeres y niñas que benefician a mafias y explotadores y al Estado monárquico español.
No queremos gestos. Queremos abolición.
No queremos espectáculo. Queremos justicia.
La Comisión Política del Partido Feminista de España
