El Plan General de Ordenación Supletorio de Coalición Canaria deja segundas plantas fuera de ordenación en la carretera general

José Carlos Rodríguez alertó en el Pleno de junio de 2025 del engaño a la ciudadanía y la pérdida de derechos urbanísticos

ELDIGITALDECANARIAS.NET/San Miguel de Abona

El PSOE San Miguel de Abona recuerda que en  el pleno municipal de junio de 2025 advirtió de las graves consecuencias del Plan General de Ordenación Supletorio para vecinos y vecinas del municipio, denunciando que su tramitación se realizó sin información suficiente y con un impacto directo sobre el valor y el uso de numerosas propiedades.

Durante el debate plenario, el Grupo Municipal Socialista explicó que el suelo urbano de San Miguel de Abona se divide en tres grandes ámbitos: residencial, industrial y turístico y que, según el propio documento del Plan General, el suelo turístico representa el 37 % del total del suelo urbano del municipio. 

Según explicó José Carlos Rodríguez Rodríguez, portavoz del PSOE San Miguel de Abona, “no se hizo la publicidad suficiente para que los vecinos y vecinas supieran qué estaba ocurriendo con sus propiedades”. Rodríguez Rodríguez detalló que “numerosos solares pasaron a ser considerados rústicos sin que las personas afectadas fueran plenamente conscientes de las consecuencias, y que en la carretera general existen edificios cuya segunda planta queda fuera de ordenación,lo que supone una pérdida total del valor de esa parte de la propiedad”.

El portavoz socialista advirtió además de que esta situación impedirá a muchas familias solicitar licencias para realizar mejoras u obras en sus viviendas, generando inseguridad jurídica y un perjuicio económico directo. “No van a poder pedir licencias para hacer ningún tipo de mejora ni de obra. Coalición Canaria vuelve a lo mismo, a tratar de engañar a los vecinos y vecinas y a ocultarles la información”, señaló durante su intervención.

Desde el PSOE San Miguel de Abona se denunció también la estrategia del grupo de gobierno de Coalición Canaria de derivar la responsabilidad al Gobierno de Canarias, tras haber sido el propio Ayuntamiento quien encargó la redacción y tramitación supletoria del Plan. Para los socialistas, esta maniobra buscó alejar el debate del ámbito municipal y eludir responsabilidades políticas ante una decisión que afecta directamente al presente y futuro del municipio.

El PSOE San Miguel de Abona recordó finalmente que este proceso desembocó en la presentación de más de 1.800 alegaciones por parte de vecinos y vecinas, con un coste estimado de entre 300.000 y 400.000 euros para muchas familias que intentaron defender sus viviendas, sus suelos y su patrimonio. Alegaciones que siguen sin una respuesta clara, agravando la inseguridad jurídica y la desconfianza hacia la gestión urbanística del grupo de gobierno.