Siguen las injusticias en San Juan de la Rambla proferidas por la corporación, las hermanísimas secretaria e interventora y también juristas a ratos para más pluses
El sindicato STAP-Canarias denuncia que policías locales son condenados a pagar costas tras reclamar su derecho truncado en los contenciosos
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
En un giro sorprendente e indignante pero nada extraño, los agentes de la Policía Local de San Juan de la Rambla han sido obligados a pagar 900 euros en costas procesales al Ayuntamiento que los margina, tras un proceso judicial contencioso iniciado en 2021 en busca de una mejora salarial legítima.
Los agentes llevaron el caso a los juzgados de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife para solicitar un incremento del complemento específico y en igualdad de condiciones para todos por no ser una productividad sino salario por igual funciones igual pago, siguiendo además el consejo de la secretaria municipal, Teresa Morales Pérez, quien desconocía el procedimiento correcto. Sin embargo, el tribunal determinó que tal incremento solo podía realizarse mediante una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o una valoración del puesto, rechazando la petición de igualar y mejorar salarios a igual funciones por no existir en la administración una RPT.
Lejos de asumir su error y actuar y corregir con justicia, el Ayuntamiento, bajo la gestión de la secretaria municipal, ha solicitado al juzgado que los agentes paguen las costas del proceso, a pesar de que su reclamación se basaba en una recomendación del propio Consistorio. Esta decisión, que llega después de cuatro años, ha sido interpretada por los afectados como un acto más de mala fe y represalias, pues lo fácil hubiera sido llegar a un acuerdo de no reclamar y castigar más a éste colectivo o sus funcionarios.
Este caso pone en evidencia la falta de rigor en la gestión administrativa del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y sienta un peligroso precedente sobre el trato a los funcionarios que ejercen su derecho a reclamar mejoras laborales, pues éste tipo de asesores y técnicos municipales no aportan nada ni resuelven reclamaciones laborales algunas que no sean para su interés particular y lo que hacen es tramposamente invitar a derivar todo a los juzgados para si en un pleito de años sale bien se ven condenados a pagar sin asumir responsabilidades y si sale mal el trabajador se queda sin nada o en conflicto colectivo lo que el tiempo quiera, permita o soporten. Y mientras hacen ésto, aquí no ha pasado nada, pues pase lo que pase con su incapacidad o negativa de resolución y responsabilidad quedará siempre impune.
La otra preocupación alarmante que se plantea y por éste sindicato se analiza, es la deriva de los juzgados de lo Contencioso de Canarias que están siendo cubiertos por jueces de otros partidos sobre todo de lo social o abogados sustitutos que tienen poco recorrido o limitaciones a los procesos y actuaciones en materia administrativa y es más fácil ponerse del lado de las administraciones y sus técnicos que de los funcionarios y sindicatos que pleitean un derecho o actuación injusta o abusiva de la administración y no solo fallan con mucha frecuencia contra los más desfavorecidos sino que además lo hacen condenando en costas tanto en los de primera instancia como en los del Superior Instancia en caso de apelar si lo permiten que esa es otra, siempre en materia contenciosa, lo que ante tal deriva los trabajadores-funcionarios así como los sindicatos que en ocasiones los representan obligados a acudir a éste sistema judicial y por temor a no obtener fallos favorables o sin castigo de costas en contra de lo que sucede con los juzgado de lo Social y Labora (por ejemplo), desisten y con ello su vulnerabilidad ante los abusos de poder, atropellos y arbitrariedades de la Administración obviamente van incrementándose peligrosamente.
La situación es tal que incluso cometiendo arbitrariedades e ilegalidades desde la administración denunciada desde un inicio como es el no contestar a las reclamaciones previas en vía administrativa, y aunque el trasfondo conduzca a una improcedencia de la reclamación o fallo desestimatorio, ya tal irregularidad era más que motivo para no condenar en costas a los funcionarios reclamantes o sindicatos u representantes, pero desde hace algún tiempo dicho criterio contencioso a cambiado y la condena en costas junto al fallo desestimatorio es un doble varapalo entre otras situaciones que los que actúan de jueces podrían valorar para evitarlas, pero por alguna razón que solo puede ser por dejadez o por crear barreras para evitar masificaciones en los contenciosos por otro lado saturados, lentos y tardíos, vienen dejando la tutela judicial efectiva de los funcionarios muy en entredicho.
Los agentes afectados y este sindicato estudian sus opciones legales para revertir esta injusta situación y cuanto menos contar los hechos tal cual para que la sociedad sepa lo que está pasando.
