El alcalde de Adeje envió a dos funcionarios del área de Transportes, ambos abogados, a una reunión sobre taxis, donde dejaron claro que no ejecutarían una sentencia del 2013

Fraga antepuso a los técnicos para que no fuera ni él ni el edil del área

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Miembros de la asociación de taxistas Ataca, Pedro José Afonso, José Manuel Yanes y Alfonso Valentín, asistieron a una reunión, convocada por el Ayuntamiento de Adeje, con los abogados del área de Transportes y Turismo del consistorio, Marcos Barrera y Humberto Rodríguez, tras la que denuncian que el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga mantiene oculto al nuevo concejal: “lo tienen tapado en el armario, aunque todo el mundo sospecha que será un familiar del alcalde”.

A través de una nota de prensa, explican que la reunión, larga y tendida, “transcurrió en todo momento con aparente ambiente de cordialidad y con ánimos obstruccionistas, ambos abogados municipales Marcos Barrera y Humberto Rodríguez, reconocen que están a la entera disposición de la asociación Ataca personada como parte interesada, en todos y cada uno  de los expedientes que se tengan que incoar en virtud a las denuncias formuladas por esta asociación Ataca contra las licencias de auto taxi otorgadas en ese municipio de Adeje, es decir, tienen que incoarse tantos expedientes como denuncias se hayan formulado por cada licencia  respectiva, todo ello, en virtud del mandato consignado en el decreto de Alcaldía núm. 204/2015, de fecha 30 de marzo de 2015, por el que se acata y se ordena dar cumplimiento a la sentencia 5/2014, de fecha 07 de Enero de 2014, dictada en el procedimiento 210/2013 por el juzgado lo contencioso administrativo número uno, y confirmada por la sentencia 29/2015 de fecha 27 de febrero de 2015, dictada en el recurso de apelación 36/2014 por la Sala lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”.

Según el colectivo de taxistas “a simple vista, en esa reunión ambos abogados municipales intentan jugar a dos manos con nuestra represaliada asociación Ataca, se delatan que van a poner todos los obstáculos, barreras y palos a las ruedas, en vergonzoso servilismo rastrero con los criminales floteros, mediante dilaciones indebidas y subterfugios paralizantes, a efectos de que cumplan la sentencia 29/2015 de fecha 27 de febrero de 2015, en manifiesta desobediencia ante la justicia que ordena la reapertura inmediata expediente administrativo 71/2010, en su momento cerró falsamente ese Ayuntamiento cuando existía investigación abierta contra las múltiples irregularidades infringidas por numerosos floteros y demás defraudadores en la explotación de las licencias municipales de auto taxis”.

Aseguran desde Ataca que “los abogados municipales, Marcos Barrera y Humberto Rodríguez, tienen por misión obedecer al caudillo alcalde, Miguel Fraga, a efectos de proteger y beneficiar a los numerosos floteros y demás defraudadores, que explotan las licencias de taxis”, y añaden que durante la reunión  llegan a distorsionar en varias ocasiones el contenido de la sentencia, con objetivos perversos, cuyo fin es crear confusión entre los miembros de la asociación, cuando realmente la sentencia dice claramente que ordena la reapertura del expediente administrativo 71/2010, cuya normativa de aplicación es la estatal Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos en Automóviles Ligeros, vigente en el momento de las continuadas Denuncias en manifiesta reiteración ante ese Ayuntamiento, contra 68 (sesenta y ocho) titulares concesionarios de licencias taxis.

Desde Ataca se insiste también en recordar que se denunciaban transmisiones ilícitas de licencias por parte de adjudicatarios e incumplimiento, también, por parte de adjudicatarios de licencias de taxis del régimen de incompatibilidades y obligaciones impuestas, se exigía, también, la investigación de las irregularidades y utilización fraudulenta en la explotación de las licencias de taxis que se detallaban, reclamando por tanto la depuración y revocación de las adjudicaciones de licencias que, en su caso, incurran en ilegalidad.

“Es decir, se denunciaba la existencia de numerosos titulares de licencias de taxi, que no tienen dedicación plena ni exclusiva, compatibilizándolas, incluso, con otras actividades económicas y mercantiles, a través de sociedades de capital, incluso, avispados jubilados, incapacitados, viudas de titulares, además, numerosos clanes floteros explotaban y explotan ramilletes de licencias de taxis adquiridas en cantidades dinerarias desorbitadas con dineros sucios de dudosas procedencias”.