Las 50 familias de Las Retamas que denuncian un embargo irregular acuerdan con el Ayuntamiento de Santa Cruz una solución provisional

De esta manera, se aplazará el pago de otros 887 euros de deuda reciente bien notificada

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos del bloque 101 de Las Retamas, en el distrito de Ofra-Costa Sur,  que se han quejado de un embargo irregular del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife , con una retención inicial por IBI en diciembre de 5.000 euros y finalmente un cobro efectuado de 1.500, han acordado con el Ayuntamiento una solución provisional a  sus problemas de liquidez para hacer frente a la deuda tributaria que sí reconocen, a la espera de que los funcionarios del área de Tributos  resuelvan la parte de su reclamación que queda pendiente. 

De esta manera, se aplazará el pago de otros 887 euros de deuda reciente bien notificada, pero no cobrada por problemas achacables al consistorio, y la de 2016 se abonará, en su caso, con la cantidad que sea devuelta si la resolución de la citada reclamación es favorable a los vecinos. 

Fue el resultado de una reunión  mantenida el pasado viernes 10 de junio con el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, y la jefa del Servicio de Tributos, Nieves Sabina, en la que ambos explicaron a los afectados que la mayor parte de la deuda reclamada con el embargo producido en diciembre pasado sobre la totalidad de sus fondos bancarios se debió a un error administrativo, achacable al Catastro,  que supuso atribuir a esta comunidad de propietarios deuda de IBI de inmuebles que no eran suyos.

En este sentido, la funcionaria aseguró que entre el día 11 de dicho mes en que estos vecinos presentaron su reclamación advirtiendo de tal irregularidad, y el posterior día 14,  en que aportaron un certificado catastral de que solo tenían uno de los cuatro inmuebles por los que se les reclamaba el pago del IBI, ya el Ayuntamiento había solucionado con este organismo del ministerio de Hacienda el problema.

En cuanto a los 1.500 euros cuyo cobro se ejecutó en diciembre con el embargo, y sobre el que los vecinos insisten en su ilegalidad porque no se les notificó la deuda, por estar prescrita -llega hasta el año 2003- , porque se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia sin identificación alguna de titularidad y porque del periodo 2003-2005 no existe trámite alguno administrativo, sino el mero embargo, el concejal y la funcionaria explicaron que no es posible agilizar la resolución de la reclamación vecinal, sino que se dictan resoluciones según el orden de llegada de las reclamaciones.

Los  vecinos explicaron las dificultades económicas que han sufrido por un embargo que, insisten, es irregular, por lo que lamentaron que no haya un mecanismo para que, en estos casos, cuando se produce un cobro de impuestos o tasas por error administrativo, el dinero sea devuelto de forma rápida si el afectado demuestra no disponer de recursos económicos precisamente por tal circunstancia.

En este sentido, el concejal  apreció que las alegaciones de los afectados tienen todos los visos de prosperar y entendió la necesidad de agilizar la resolución del expediente, pero explicó que no es posible, porque así está fijado el procedimiento legal, como remarcó la jefa de servicio, quien explicó que la reclamación se presentó en diciembre pasado y hasta julio está en plazo de resolver.

Comoquiera que los vecinos tienen además deuda de IBI de una antigua portería de 2014 y 2015, que no pudieron pagar en los periodos voluntarios porque el propio consistorio no les daba la carta de pago, y se les reclamó a fines de 2015, junto, por primera vez, la tasa de basura de cuatro años de ese inmueble que lleva décadas deshabitado, se llegó además al acuerdo de solicitar el aplazamiento del pago de unos 887 euros, a la espera de que se resuelva la reclamación de los citados 1.500 euros, como fórmula para aliviar el perjuicio creado a este edificio con el embargo de diciembre. En este sentido, la funcionaria indicó que la providencia de apremio dictada en abril para cobrar estos 887 euros quedará así suspendida.

En la reunión, estos afectados recordaron que no es correcto lo afirmado en una nota de prensa divulgada por el Ayuntamiento  en la que se indica que hubo un primer encuentro en noviembre entre los afectados y el Ayuntamiento, y que se inició entonces una hoja de ruta para resolverlo, pues la primera reunión se produjo en marzo de 2016.

Además, también quedó claro que sí han presentado todos los escritos necesarios para pedir el fraccionamiento de pago de la deuda sí notificada.

Los vecinos paralizan de este modo cualquier acción de protesta o legal hasta conocer la resolución del expediente, pese a los perjuicios económicos que han venido sufriendo durante seis meses, incluidos los costes de abogados y la negociación de aplazamiento de pagos con empresas que prestan servicios a esta comunidad.