Medio centenar de familias humildes de Ofra, en apuros por un embargo ilegal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El consistorio bloquea durante casi un mes los fondos de la comunidad de Las Retamas

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Medio centenar de familias humildes del bloque 101 de la urbanización de Las Retamas, en el distrito Ofra-Costa Sur de la capital tinerfeña, vive una pesadilla desde hace seis meses con el área de Hacienda del Ayuntamiento. En diciembre pasado, los propietarios de este edificio que data de los años 70 -en su origen viviendas sociales- estuvieron casi todo el mes con la cuenta embargada por una inexistente deuda tributaria de 5.000 euros, con un primer embargo de 3.911 euros, de la que se enteraron cuando la cuenta ya estaba bloqueada y vieron, para su asombro, que las empresas que prestan servicio a la comunidad no podían efectuar el cobro.

Cuál sería la sorpresa y la indignación de estos vecinos -la mayoría jubilados, de baja renta, y que ni siquiera pueden contar con administrador-  al comprobar que la mayor parte de las deudas reclamadas, referidas al IBI de una antigua portería, correspondían a  direcciones de otros edificios, no del suyo.

Finalmente, el Ayuntamiento ejecutó un embargo por 1.500 euros, por el IBI de 2003 a 2008, pero al consultar el expediente administrativo, los afectados comprobaron además que, como ya habían advertido en sus escritos,  nunca les fue notificada tal deuda, porque el aviso de notificación se remitió a otra dirección que no es la suya.

Por si fuera poco, del IBI de los años 2003, 2004 y 2005, que el Consistorio les ha cobrado indebidamente, no existe ni un solo trámite de reclamación previo en el expediente administrativo, pues solo aparecen estos conceptos en un listado del último folio, un indicio más de ilegalidad.

Un nuevo embargo a la vista

Pero la injusticia cometida por el Ayuntamiento no queda ahí. La amenaza de otro embargo se cierne sobre estos vecinos, ya que en 2014 y 2015, cuando fueron a pagar el IBI en sendos periodos voluntarios, el consistorio no les daba la carta de pago, y hasta tres funcionarios de las oficinas municipales de Ofra y Parque de la Granja les indicaron que no se preocuparan, que era un problema con la emisión de este documento achacable al área de Hacienda y que ya les llegaría, sin recargo.

Finalmente, de esta deuda que sí reconocen estos residentes en Las Retamas, a fines de 2015 les llegaron las cartas de pago del IBI de esos dos años, más la tasa de basura de cuatro años que por primera vez les reclamaban, porque la portería lleva décadas deshabitada: en total 825 euros.

Y se da la fatal circunstancia de que en diciembre, cuando estos vecinos acudieron a abonar esta deuda, y a pedir su fraccionamiento, ya se había producido el citado embargo ilegal. Ante esto, el servicio municipal de Tributos, lejos de responder a esa solicitud de fraccionamiento, y pese a ser sabedor de las irregularidades comunicadas por escrito en el embargo llevado a cabo, lejos de permitir un desahogo a esta comunicad,  lo que ha hecho es ahogarla aún más, dictando una providencia de apremio para que se efectúe este nuevo pago, poniendo en una delicada situación económica a la comunidad, modo de actuar de todo punto injusto.

De nada han servido los escritos remitidos en diciembre, enero, febrero y abril al Ayuntamiento, para advertirle de las graves irregularidades cometidas por la Concejalía de Hacienda contra este bloque de Las Retamas, en un expediente administrativo que el abogado de esta comunidad, Cristo Suárez Pimentel, tacha de "disparate jurídico y administrativo", al que, a su juicio, debió dar marcha atrás de inmediato el Ayuntamiento en cuanto los afectados presentaron el primer escrito,  a principios de diciembre de 2015. 

Escrito y reuniones

E igual suerte han corrido con la reunión que la directiva de la comunidad celebró a primeros de 2016  de marzo con el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, a la que asistió también la jefa de servicio que firma las resoluciones en este expediente, Nieves Sabina Vera. Entonces, el edil admitió que los vecinos tenían todos los visos de tener razón, y la funcionaria no fue capaz de aportar documentación, normativa o argumentación alguna que contradijera la reclamación de los afectados.

El pasado 9 de mayo, tras recibir la providencia de apremio para el pago de la única deuda legal de 825 euros notificada a estas familias, a la que, para más inri, se le aplica un recargo, elevándola a 907 euros,  la comunidad volvió a solicitar una reunión con el concejal, sin que hasta la fecha haya vuelto a recibir a la directiva.

Dos semanas después, los vecinos se dirigieron a la Comisión Municipal de Quejas y Reclamaciones, cuyo titular, el edil Enrique Rosales, informó de que había llamado al alcalde, José Manuel Bermúdez, y este le indicó que las quejas presentadas deben ser resueltas por el respectivo concejal de área. Según Enrique Rosales, desde la concejalía de Hacienda le informaron de que a la siguiente semana llamarían a la directiva vecinal, cosa que luego no ocurrió.

Posible responsabilidad penal

El abogado Suárez Pimentel sostiene que "se han conculcado con estos vecinos los más elementales principios de cualquier procedimiento tributario y de recaudación, llegando a ser la actitud de la Administración de una ilegalidad tan flagrante y burda que puede resultar incluso susceptible de responsabilidad penal, pues, pese a que los afectados han venido aportando por escrito elementos probatorios suficientes acreditativos de los errores manifiestos del Ayuntamiento, este ha mantenido de forma injusta y arbitraria sus resoluciones, no siendo capaz de rectificarlas".

Finalmente, el pasado 3 de junio, los vecinos afectados, reunidos en Junta extraordinaria de Propietarios, cansados de esperar e indignados por los hechos referidos, acordaron por unanimidad hacer una denuncia pública de la injusticia que vienen sufriendo desde hace seis meses. Con este comunicado, reclaman al Consistorio que les devuelva el dinero cobrado ilegalmente y les permita fraccionar el pago del IBI y la tasa de basura. De no surtir efecto, solo les quedará ya emprender acciones legales contra el Ayuntamiento, sin descartar la vía penal, asì como movilizaciones.

Los habitantes de este bloque de Las Retamas exponen además que en su contabilidad comenzó a computarse el IBI por primera vez en 2009, sin que hasta entonces recibieran notificación de que tuvieran que pagarlo por su antigua portería, una zona común que lleva décadas deshabitada y que no está en condiciones de habitabilidad.

Delicada situación económica 

Recuerdan estos vecinos que constituyen una comunidad con una alta morosidad, que carecen por ello de administrador porque no se pueden permitir pagar uno, y viven en ella familias de avanzada edad, con rentas predominantemente bajas.

El injusto proceder del Ayuntamiento, aseguran, les ha puesto en apuros económicos, por lo que han tenido que aplazar todos los trámites para obras de mantenimiento en el edificio, algunas urgentes, en instalación eléctrica y azoteas y ascensores, dado que se trata de un inmueble de más de cuarenta años, de promoción oficial.

Los afectados destacan que quieren cumplir con sus obligaciones tributarias, como todo buen ciudadano, pero no entienden por qué el Ayuntamiento les embarga primero por deudas ajenas, luego les cobra deuda prescrita hace muchos años, no notificada e irregularmente publicada y  por qué tampoco admite el fraccionamiento del pago de la deuda sí reconocida por esta comunidad, máxime cuando se trata de un impuesto que no pudieron pagar en su año fiscal por culpa del propio Ayuntamiento.

Abocados a un litigio injusto

A juicio de estos comuneros, sería una doble injusticia someter a una comunidad humilde de Ofra a afrontar los gastos de un litigio judicial, al igual que una irresponsabilidad política y administrativa dedicar recursos públicos a la defensa de lo que es indefendible: un embargo claramente ilegal. 

Los vecinos advierten en este sentido de que, si acuden a la vía judicial -para lo cual tendrían que hacer una dolorosa derrama- reclamarán al Ayuntamiento la devolución del dinero cobrado indebidamente más intereses, las costas del juicio y los gastos del abogado en la fase administrativa. 

En cambio, ponen de relieve que si la concejalía de Hacienda da por fin marcha atrás y revisa de oficio sus actuaciones, devolviéndoles el dinero, ahorraría ese dinero a los demás vecinos del Ayuntamiento de Santa Cruz, que no tienen por qué pagar tal cúmulo de despropósitos en la gestión de los tributos.