El presidente del Parlamento de Guinea Bissau, Domingo Simoes Pereira pide de acuerdo a la constitución del país que no se prorrogue el mandato del presidente del gobierno

Advierte del intento ‘corrupto’ de un juez de apartarlo de su cargo y pide a la comunidad nacional e internacional que internacional a apoyar y monitorear el diálogo político

EDDC.NET / Adeje

La Comisión Permanente de la Asamblea Nacional Popular, convocada por su presidente, el diputado Domingos Simões Pereira, se reunió, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 1/2010, de 25 de enero (Reglamento de la Asamblea Nacional Popular), por medios telemáticos, conforme a lo previsto en el inciso (vii) de la Resolución núm. 2/CP/2024 de la Comisión Permanente, para examinar y deliberar sobre los puntos contenidos en el orden del día aprobado por la reunión de la Mesa de la Asamblea Nacional Popular celebrada en la misma fecha.

Una vez verificado el quórum, se tomó nota de la presencia de doce de los quince miembros de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional Popular, según consta en el acta de la reunión debidamente firmada por los presentes.

Luego de analizar la propuesta de orden del día presentada por el presidente de la Asamblea Nacional Popular, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular la aprobó por unanimidad de todos sus miembros presentes:

1. Interpretación y definición del significado y alcance del n. 2 del artículo 3 de la Ley Electoral en vista de la actual situación política del país.

2. Varios.

Considerando la situación política que prevalece en el país, marcada por una Asamblea Nacional Popular que no ha podido funcionar desde hace más de un año, debido a la imposibilidad de acceso al Palacio de Colinas de Boé por parte de los diputados, incluido el presidente del Parlamento, sobre la base de una supuesta disolución de este órgano legislativo;

Considerando que el mandato del presidente de la República tiene una duración de 5 años, de conformidad con el n. 1 del artículo 66 de la Constitución de la República;

Dado que el presidente de la República, Umaro Sissoco Embaló, cumplirá 5 años de su mandato el 27 de febrero de 2025, la toma de posesión del recién electo presidente de la República deberá realizarse el día 27 del presente mes de febrero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley Electoral, hecho que no puede ocurrir, debido a la no convocatoria de las elecciones presidenciales dentro del plazo legalmente determinado;

Preocupados por los efectos de la vacancia de la presidencia de la República, dada la importancia de las funciones presidenciales y la necesidad de su ejercicio ininterrumpido;

Dada la competencia de la Comisión Permanente, en virtud del artículo 186 de la Ley Electoral, que le permite proceder a la interpretación auténtica de las disposiciones de la misma Ley, estableciendo su respectivo significado y alcance, la Comisión procedió a aclarar el marco jurídico, en lo que respecta al mandato del presidente de la República y al calendario electoral, en particular la Ley Electoral, y más específicamente los artículos 3, n. 2, y el artículo 182 en los siguientes términos:

“La soberanía nacional de la República de Guinea-Bissau reside en el pueblo, que ejerce el poder político directamente o a través de órganos de poder elegidos democráticamente”, y la elección de órganos es una forma de manifestación de la soberanía popular y uno de los corolarios de la democracia representativa que, ante la imposibilidad del ejercicio directo y efectivo del poder, lo delega en determinados órganos, como el presidente de la República..

Cuando el pueblo elige a un ciudadano para el cargo de presidente de la República, establece tácitamente un pacto, siendo regulado este pacto por la Constitución y las leyes nacionales, en cuanto a la frecuencia de las elecciones y la duración del mandato, respetando el principio de alternancia democrática, previsto en el artículo 2 de la Ley Electoral – Ley N° 10/2013, de 25 de septiembre.

Así, y de acuerdo con la legislación vigente, cinco años después del inicio del mandato del presidente de la República, a partir de la fecha de su toma de posesión y su juramento en uno de los hoteles de la capital, nos encontramos ante la expiración de su mandato, hecho que implica que ya no reúne las condiciones para ejercer las facultades contenidas en el mandato que asumió el 27 de febrero de 2020.

Siguiendo la letra y el espíritu de la ley, y mirando ahora nuestra Ley Electoral, tenemos lo siguiente en el n. 2 del artículo 3: “En caso de que las elecciones legislativas y presidenciales no resulten de la disolución de la ANP y la vacancia de la Presidencia de la República, las elecciones se realizarán entre el 23 de octubre y el 25 de noviembre del año correspondiente al fin de la legislatura y del mandato presidencial”.

Un análisis literal y aislado de este sistema podría llevar a la conclusión de que, cualquier día y mes en que finalice una legislatura o mandato presidencial, las elecciones deberían realizarse entre el 23 de octubre y el 25 de noviembre del mismo año en que finaliza la legislatura o mandato, lo que implicaría que el presidente de la República permanece en el poder, incluso si el mandato ya ha expirado.

Sin embargo, la Constitución claramente no prevé la prórroga del mandato del presidente ni su permanencia en el cargo una vez finalizado su mandato. Veamos que es el único organismo para el que ni la ley ni la Constitución han establecido la posibilidad de reservar un periodo de gestión, como ocurre, por ejemplo, con el Gobierno y el Parlamento.

Es decir, el legislador decidió no otorgar facultades de gestión al cargo de presidente de la República, una vez vencido su mandato. Una vez finalizado el mandato, cesan las funciones. Para reforzar lo ya dicho, porque no es despreciable, estamos en el campo del derecho público que no presume derechos, por lo tanto, al no estar previstas facultades para el presidente de la República después de la expiración de su mandato, no puede disfrazarse de gestión y así permanecer en el cargo.

Asimismo, el artículo 182 de la misma ley (electoral) establece que “el presidente de la República toma posesión de su cargo el último día del mandato de su antecesor, o en caso de elección por vacante, de conformidad con la Constitución”. De manera clara y concisa, esta disposición no permite ni acortar ni prorrogar el mandato del presidente de la República; por ello establece que el Presidente de la República toma posesión de su cargo el último día del mandato de su antecesor.

Por lo tanto, la interpretación holística que se requiere de los preceptos constitucionales y legales antes mencionados nos lleva a concluir que la elección presidencial debe realizarse antes de finalizar el mandato del presidente de la República, de modo que el Presidente electo pueda asumir el cargo el último día del mandato de su antecesor.

Ésta es la interpretación que da la Comisión Permanente de la ANP al significado de las normas que regulan la duración del mandato presidencial y los plazos para la celebración de elecciones, porque se ajustan a la Constitución de nuestra República y a la legislación vigente.

El fundamento jurídico y doctrinal de esta interpretación se adjunta a la presente decisión de la Comisión Permanente y forma parte integrante de la misma.

En el capítulo Varios, la Comisión Permanente analizó la actual situación política del país, centrándose en la usurpación de funciones del Presidente de la Asamblea Nacional Popular.

De todos es consciente la violencia utilizada para ocupar el cargo, incluidos allanamientos y ocupaciones de oficinas; las destituciones y nombramientos de miembros del Gabinete del Presidente de la ANP, de la Junta Directiva, de la Secretaría General, de la Oficina del Ciudadano, del Servicio de Finanzas, del Servicio de Informática y de la propia Comisión Permanente, sólo como ejemplos.

La advertencia lanzada por el presidente de la ANP sobre las consecuencias de conductas violatorias de las leyes en general, y del Estatuto del Diputado en particular, mediante carta formulada y transmitida al efecto, no ha sido atendida, y persiste la determinación de violar flagrantemente las disposiciones del Estatuto del Diputado y de practicar un delito previsto y castigado por la ley.

Por lo tanto, y debido a que el artículo 95 n. 1 combinado con el artículo 48, ambos del Reglamento Interior, confieren competencias a la Comisión Permanente para decidir sobre cuestiones relacionadas con el mandato de los diputados, esta Comisión advierte del riesgo de pérdida de mandato de los autores y de todos aquellos que accedan a asumir funciones dentro de la Comisión Permanente supuestamente creada, con todas las consecuencias legales aplicables.

Otro punto discutido durante esta reunión de la Comisión Permanente se refiere a la declaración del Procurador General de la República y a un documento elaborado y firmado por el juez Lima André.

Si bien la corrupción y la falta de independencia del poder judicial frente al régimen actual son de conocimiento público, esta Comisión no puede dejar de expresar aquí su repudio y condena a los actos públicos de estos dos magistrados.

Respecto del documento firmado por el juez Lima André, los miembros de la Comisión Permanente consideran que el acto del juez es gravísimo, primero porque colocó sus consideraciones personales y decisión en el membrete de la Corte Suprema de Justicia, titulando el documento “Decisión de la Corte” cuando en realidad es el único firmante; se asignó el cargo de Presidente de la Corte Suprema de Justicia ya que, por la fuerza, el Presidente electo fue destituido, cargo que sabe muy bien que no puede ejercer, ya que no fue elegido por sus pares.

En otras palabras, nos encontramos frente a personas y cuerpos capturados por el presidente de la República, a cuyo servicio se encuentran, y el país es testigo de los vanos e ilegales intentos del Fiscal General de la República y del juez Lima André de posicionarse a favor del deseo expreso del Presidente de la República de permanecer en el poder más allá del límite de cinco años de su mandato constitucionalmente establecido.

Para concluir, la Comisión Permanente reitera que, si bien ambas decisiones son manifiestamente ilegales, debido a la incompetencia de los dos magistrados en la materia, vinculando sólo a quienes las dictaron, y por tanto desprovistas de valor o efecto jurídico alguno, es importante alertar a las autoridades nacionales y a la población en general sobre la falta de fundamento de este intento de otorgar fuerza vinculante general a los cargos personales del concejal Lima André.

La Comisión Permanente también analizó la situación de gravísimas y reiteradas violaciones de los derechos fundamentales de ciudadanos y diputados, examinando una decisión del Ministerio del Interior que tenía como objetivo revocar o modificar derechos consagrados en la Constitución.

Dicho esto, esta Comisión Permanente decide:

1. Establecer clara e inequívocamente, para conocimiento y respeto de todos los organismos nacionales e internacionales, a saber, las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, la CEDEAO y la CPLP, que el mandato del Presidente saliente de la República expira el 27 de febrero de 2025;

2. Garantizar que la función de presidente de la Asamblea Nacional Popular sólo pueda ser ejercida por un diputado libremente elegido por sus pares, en sesión plenaria debidamente convocada al efecto, y que mantenga su vigencia durante toda la legislatura;

3. Advertir a los parlamentarios que, a pesar de la advertencia, persistan en violar los deberes impuestos por los Estatutos, que se exponen a un grave riesgo de ser objeto de la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

4. Alertar a la Comunidad Nacional e Internacional para que se mantenga vigilante y no se deje engañar por la justicia captada por el presidente de la República Umaro Sissoco Embaló, quien no duda en hacer declaraciones públicas y presentar documentos privados con membrete de la Corte Suprema de Justicia, con la intención de dar consuelo jurídico a un reclamo ilegítimo del actual Presidente de la República.

5. Exigir el restablecimiento y el respeto de los derechos fundamentales y el pleno ejercicio de las libertades civiles, tal como lo establece la Constitución de la República, instando a todos los demás órganos soberanos, en particular al gobierno ilegítimo, a abstenerse de medidas y prácticas que violen estos principios estructurantes de un Estado democrático de derecho y alineados con la proclamación de nuestra independencia por los Luchadores por la Libertad de la Patria;

6. Llamar a la comunidad internacional a apoyar y monitorear el diálogo político interno que podría emprenderse ante la actual crisis política del país.

French version

Le président du Parlement de Guinée Bissau, Domingo Simoes Pereira, demande, conformément à la constitution du pays, que le mandat du président du gouvernement ne soit pas prolongé

Met en garde contre la tentative « corrompue » d'un juge de le démettre de ses fonctions et demande à la communauté nationale et internationale de soutenir et de surveiller le dialogue politique

La Commission Permanente de l'Assemblée Nationale Populaire, convoquée par son Président, le député Domingos Simões Pereira, s'est réunie en séance le 6 Février 2025, conformément à l'article 48 de la Loi 1/2010, du 25 Janvier (Règlement de l'Assemblée Nationale Populaire), par voie télématique, comme prévu au point (vii) de la Résolution n° 2/CP/2024 de la Commission Permanente, pour examiner et délibérer sur les points contenus dans l'ordre du jour approuvé par la réunion du Bureau de l'Assemblée Nationale Populaire tenue à la même date.

Une fois le quorum vérifié, la présence de douze des quinze membres de la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale Populaire a été constatée, selon le procès-verbal de la réunion dûment signé par les présents.

Après avoir analysé la proposition d'ordre du jour présentée par le Président de l'Assemblée Nationale Populaire, la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale Populaire l'a approuvée à l'unanimité de tous ses membres présents:

1. Interprétation et définition du sens et de la portée du n. 2 de l'article 3 de la Loi Électorale au vu de la situation politique actuelle du pays.

2. Divers.

Considérant la situation politique qui prévaut dans le pays, marquée par une Assemblée Nationale Populaire qui n'a pas pu fonctionner depuis plus d'un an, en raison de l'impossibilité d'accès au Palais Colinas de Boé par les députés, y compris le Président du Parlement, sur la base d'une prétendue dissolution de cet organe législatif;

Considérant que le mandat du Président de la République a une durée de 5 ans, conformément au n. 1 de l’article 66 de la Constitution de la République;

Étant donné que le Président de la République, Umaro Sissoco Embaló, complètera 5 ans de son mandat le 27 février 2025, l'investiture du Président de la République nouvellement élu devrait avoir lieu le 27 de ce mois de Février, conformément aux dispositions de l'article 182 de la Loi Électorale, un fait qui ne peut pas se produire, en raison de la non-convocation des élections présidentielles dans le délai légalement déterminé;

Préoccupé par les effets de la vacance de la Présidence de la République, compte tenu de l’importance des fonctions présidentielles et de la nécessité de leur exercice ininterrompu;

Étant donné la compétence de la Commission Permanente, en vertu de l'article 186 de la Loi Électorale, qui lui permet de procéder à l'interprétation authentique des dispositions de la même Loi, en établissant leur sens et leur portée respectifs, la Commission a procédé à la clarification du cadre juridique, en ce qui concerne le mandat du Président de la République et le calendrier électoral, en particulier la Loi électorale, et plus spécifiquement les articles 3, n. 2, et l'article 182 dans les termes suivants:

«La souveraineté nationale de la République de Guinée-Bissau réside dans le peuple, qui exerce le pouvoir politique directement ou à travers des organes de pouvoir démocratiquement élus», et l’élection des organes est une forme de manifestation de la souveraineté populaire et l’un des corollaires de la démocratie représentative qui, étant donné l’impossibilité de l’exercice direct et effectif du pouvoir, le délègue à certains organes, comme le Président de la République. Voir art. de la Constitution de la République.

Lorsque le peuple élit un citoyen au poste de Président de la République, il établit tacitement un pacte, ce pacte étant réglementé par la Constitution et les lois nationales, en ce qui concerne la fréquence des élections et la durée du mandat, dans le respect du principe d’alternance démocratique, comme le prévoit l’article 2 de la Loi Électorale – Loi n° 10/2013, du 25 Septembre.

Ainsi, et conformément à la loi en vigueur, cinq ans après le début du mandat du Président de la République, à compter de la date de son investiture et de sa prestation de serment dans l'un des hôtels de la capitale, nous nous trouvons face à l'expiration de son mandat, un fait qui implique qu'il ne remplit plus les conditions pour exercer les pouvoirs contenus dans le mandat qu'il a assumé le 27 février 2020.

Suivant la lettre et l’esprit de la loi, et en regardant maintenant notre Loi Électorale, nous avons ce qui suit dans le n. 2 de l’article 3 : «Dans le cas où les élections législatives et présidentielles ne résulteraient pas de la dissolution de l’ANP et de la vacance de la Présidence de la République, les élections auront lieu entre le 23 Octobre et le 25 Novembre de l’année correspondant à la fin de la législature et du mandat présidentiel».

Une analyse littérale et isolée de ce dispositif pourrait conduire à la conclusion que, n’importe quel jour et mois où se termine une législature ou un mandat présidentiel, les élections devraient avoir lieu entre le 23 Octobre et le 25 Novembre de la même année où se termine la législature ou le mandat, ce qui impliquerait que le Président de la République reste au pouvoir, même si le mandat est déjà expiré.

Toutefois, la Constitution ne prévoit clairement pas que le mandat du Président soit prolongé et qu'il reste en fonction après la fin de son mandat. Voyons que c'est le seul organe pour lequel ni la loi ni la Constitution n'ont établi la possibilité de réserver une période de gestion, comme cela se passe, par exemple, avec le gouvernement et le Parlement. En d’autres termes, le législateur a décidé de ne pas accorder de pouvoirs de gestion à la fonction de Président de la République, une fois son mandat expiré. Une fois le mandat terminée, cessent les fonctions. Pour renforcer ce qui a déjà été dit, car ce n'est pas négligeable, nous sommes dans le domaine du droit public qui ne présume pas de droits, donc, puisqu'il n'y a pas de pouvoirs prévus pour le Président de République après l'expiration de son mandat, il ne peut pas se déguiser en gestion, et ainsi rester en fonction.

De même, l'article 182 de la même loi (électorale) dispose que «Le Président de la République entre en fonction le dernier jour du mandat de son prédécesseur, ou en cas d'élection pour vacance de poste, conformément à la Constitution». De manière claire et concise, cette disposition ne permet ni le raccourcissement ni la prolongation du mandat du Président de la République ; c'est pourquoi il établit que le Président de la République entre en fonction le dernier jour du mandat de son prédécesseur.

Par conséquent, l'interprétation holistique qui s'impose des préceptes constitutionnels et juridiques mentionnés ci-dessus nous amène à conclure que l'élection présidentielle doit avoir lieu avant la fin du mandat du Président de la République, afin que le Président élu puisse prendre ses fonctions le dernier jour du mandat de son prédécesseur.

C'est l'interprétation que donne la Commission Permanente de l'ANP au sens des règles régissant la durée du mandat présidentiel et les délais de tenue des élections, car elles sont conformes à la Constitution de notre République et à la législation en vigueur.

La base juridique et doctrinale de cette interprétation est jointe à la présente décision de la Commission Permanente et en fait partie intégrante.

Dans le chapitre Divers, la Commission Permanente a analysé la situation politique actuelle du pays, en mettant l'accent sur l'usurpation des fonctions du Président de l'Assemblée Nationale Populaire.

Tout le monde est conscient de la violence utilisée pour occuper le poste, y compris les effractions et l’occupation des bureaux; les révocations et nominations de membres du Cabinet du Président de l'ANP, du Conseil d'Administration, du Secrétariat Général, du Bureau du Citoyen, du Service des Finances, du Service Informatique et de la Commission Permanente elle-même, à titre d'exemple seulement.

L'avertissement lancé par le Président de l'ANP concernant les conséquences d'une conduite qui viole les lois en général, et le Statut du Député en particulier, au moyen d'une lettre formulée et transmise à cet effet, n'a pas été entendu, et la détermination de violer de manière flagrante les dispositions du Statut du Député et de pratiquer un crime prévu et puni par la loi persiste.

Par conséquent, et parce que l'article 95 n° 1 combiné avec l'article 48, tous deux du Règlement Intérieur, attribuent des compétences à la Commission Permanente pour décider des questions liées au mandat des députés, cette Commission met en garde contre le risque de perte de mandat des auteurs et de tous ceux qui acceptent d'assumer des fonctions au sein de la Commission Permanente supposément créée, avec toutes les conséquences juridiques applicables.

Un autre point discuté lors de cette réunion de la Commission Permanente concerne la déclaration du Procureur Général de la République et un document produit et signé par le juge Lima André.

Bien que la corruption et le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire face au régime actuel soient de notoriété publique, cette Commission ne peut manquer d’exprimer ici son désaveu et sa condamnation des actes publics de ces deux magistrats.

En ce qui concerne le document signé par le juge Lima André, les membres de la Commission Permanente considèrent que l'acte du juge est extrêmement grave, d'abord parce qu'il a placé ses considérations et sa décision personnelles sur le papier à en-tête de la Cour Suprême de Justice, en intitulant le document «Décision de la Cour» alors qu'en réalité il en est le seul signataire; il s'est attribué le poste de Président de la Cour Suprême de Justice puisque, par la force, le Président élu a été destitué, poste qu'il sait très bien qu'il ne peut pas exercer, puisqu'il n'a pas été élu par ses pairs.

En d'autres termes, nous nous trouvons face à des personnes et des corps capturés par le Président de la République, au service duquel ils sont, et le pays assiste aux tentatives vaines et illégales du Procureur Général de la République et du juge Lima André de se positionner en faveur de la volonté expresse du Président de la République de rester au pouvoir au-delà de la limite de 5 ans de son mandat constitutionnellement établi.

En conclusion, la Commission Permanente réitère que, bien que les deux décisions soient manifestement illégales, en raison de l'incompétence des deux magistrats sur la question, contraignant uniquement ceux qui les ont émises, et par conséquent dépourvues de toute valeur ou effet juridique, il est important d'alerter les autorités nationales et la population en général du manque de fondement de cette tentative d'accorder une force obligatoire générale aux positions personnelles du Conseiller Lima André.

La Commission Permanente a également analysé la situation de violations extrêmement graves et répétées des droits fondamentaux des citoyens et des députés, en examinant une décision du Ministère de l'Intérieur qui a visé à révoquer ou à modifier des droits consacrés par la Constitution.

Cela étant dit, cette Commission Permanente décide:

1.Établir de manière claire et sans équivoque, à la connaissance et au respect de toutes les instances nationales et internationales, à savoir les Nations Unies, l’Union Africaine, l’Union Européenne, la CEDEAO et la CPLP, que le mandat du Président de la République sortant arrive à terme le 27 Février 2025 ;

2. Veiller à ce que la fonction de Président de l’Assemblée Nationale Populaire ne puisse être exercée que par un député librement élu par ses pairs, en séance plénière dûment convoquée à cet effet, et qu’elle demeure valable pendant toute la durée de la législature;

3. Avertir les parlementaires qui, malgré l'avertissement fait, persistent à violer les devoirs imposés par les Statuts, qu’ils s’exposent à un risque sérieux d'être soumis à l'application des sanctions prévues par la loi.

4. Alerter la Communauté Nationale et Internationale à rester vigilante, et à ne pas se laisser tromper par une justice capturé par le Président de la République Umaro Sissoco Embaló, qui n’hésite pas à faire des déclarations publiques et à produire des documents privés sur papier à en-tête de la Cour Suprême de Justice, dans l’intention de donner un confort juridique à une prétention illégitime de l’actuel Président de la République.

5. Exiger le rétablissement et le respect des droits fondamentaux et le plein exercice des libertés civiles, tels qu’établis par la Constitution de la République, en exhortant tous les autres organes souverains, notamment le gouvernement illégitime, à s’abstenir de mesures et de pratiques qui violent ces principes structurants d’un État de droit démocratique et alignés sur la proclamation de notre indépendance par les Combattants de la Liberté de la Patrie;

6. Faire appel à la communauté internationale à soutenir et à suivre le dialogue politique interne qui pourrait être entrepris devant la crise politique actuelle du pays.