El drama migratorio es un dilema entre el humanitarismo y el efecto llamada

La inmigración irregular se ha convertido en uno de los mayores desafíos de Europa y, muy especialmente, de España y Canarias, que en los últimos años soportan una presión migratoria sin precedentes. Cada día, decenas de embarcaciones precarias —pateras, cayucos o zodiacs— parten desde las costas africanas rumbo al sur europeo. Tras ellas se esconde un fenómeno complejo en el que confluyen la desesperación de miles de personas y, al mismo tiempo, la actuación de mafias que se enriquecen con el tráfico humano.

En este escenario han surgido numerosas organizaciones no gubernamentales que aseguran actuar por motivos humanitarios, rescatando en altamar a los migrantes que viajan en condiciones extremas. Entre ellas, nombres como Open Arms o Caminando Fronteras se han convertido en habituales en los medios. Sus defensores destacan que su labor ha salvado decenas de miles de vidas. Sin embargo, no somos pocos quienes señalamos que estas actuaciones, lejos de resolver el problema, acaban generando un “efecto llamada” que fortalece a las mafias y anima a miles de personas a arriesgar la vida en el mar.

El rescate como garantía para las mafias. Las redes de tráfico de personas en África operan con un modelo de negocio cruel pero efectivo: cobran sumas desorbitadas a quienes buscan llegar a Europa y los embarcan en condiciones infrahumanas. Lo hacen sabiendo que, si todo falla, existen barcos de oenegés en alta mar que acudirán al rescate. En la práctica, estas organizaciones se convierten en la última pieza del engranaje que las mafias utilizan para garantizar a los migrantes que no serán abandonados a su suerte.

Es cierto que nadie puede permanecer impasible ante la imagen de una patera a la deriva. Pero la pregunta incómoda es inevitable: ¿salvar hoy a 100 personas puede significar que mañana otras 500 se arriesguen a la travesía creyendo que siempre habrá alguien esperándoles?

Costes sociales y económicos. España y la Unión Europea destinan cada año miles de millones de euros a gestionar la inmigración irregular. Según datos oficiales, el gasto ronda los 2.500 millones de euros anuales, entre operaciones de rescate, acogida, manutención y subvenciones a países de origen o tránsito como Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia o Malí. Países, por cierto, que en muchos casos son regímenes autoritarios o sistemas profundamente corruptos.

En Canarias, la situación es especialmente delicada. Se calcula que unos 6.000 menores extranjeros no acompañados (MENAs) permanecen tutelados por las instituciones públicas. Cada uno supone un coste diario de 150 euros, lo que representa una carga difícil de sostener en una comunidad con graves problemas de paro, vivienda y pobreza. Mientras tanto, muchos ciudadanos canarios y españoles sienten que sus necesidades básicas quedan relegadas a un segundo plano.

Una Europa desbordada. El debate no es nuevo: ¿puede Europa acoger indefinidamente a todos los que buscan un futuro mejor? La respuesta parece obvia. Toda África no cabe en Europa y, mucho menos, en territorios frágiles como Canarias, que ya sufren limitaciones de espacio, servicios y recursos. La inmigración masiva no controlada termina saturando hospitales, escuelas, albergues y programas sociales. La solidaridad sin límites se convierte en un espejismo que, en la práctica, recae sobre los hombros de los ciudadanos más humildes.

El dilema moral y político. Las oenegés se presentan como guardianas de la vida, y es indiscutible que salvar vidas es un deber moral. Pero el verdadero dilema es si, con su actuación, están evitando muertes o, por el contrario, contribuyendo a multiplicarlas a largo plazo. Las casi 6.000 muertes registradas en rutas marítimas hacia Canarias y el sur de Europa en los últimos 30 años demuestran que el fenómeno no cesa, pese a los rescates.

Los Estados, por su parte, parecen atrapados entre la presión humanitaria y la necesidad de controlar sus fronteras. Bruselas responde con fondos, acuerdos con países africanos y operaciones navales, pero la realidad es que la inmigración ilegal sigue aumentando.

Justicia para los nacionales. La sensación de abandono entre la ciudadanía es creciente. Mientras los recursos se destinan a la acogida y al sostenimiento de inmigrantes, los nacionales sufren precariedad laboral, problemas de vivienda y una insuficiencia crónica de las ayudas sociales. Muchos consideran que ha llegado el momento de priorizar a los de casa: hacer justicia con los nacionales antes de que el sistema social se desmorone bajo el peso de una inmigración que no cesa.

Conclusión.

El drama migratorio exige valentía política. No basta con rescatar en altamar ni con repartir fondos millonarios a regímenes dudosos en África. Europa debe proteger sus fronteras, combatir frontalmente a las mafias y garantizar que la solidaridad no se convierta en una trampa mortal para quienes sueñan con llegar a sus costas.

Salvar vidas es un imperativo moral, pero también lo es proteger a los ciudadanos europeos y asegurar que los recursos públicos lleguen primero a quienes los han generado con su esfuerzo. De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso donde las mafias hacen negocio, las oenegés se convierten en cómplices voluntarios y los Estados cargan con un problema que no cesa.

Posdata.

El presidente del Gobierno de Canarias, cada vez que ha dado la bienvenida al Open Arms, ha contribuido a que esta ONG se envalentone y gane más poder para continuar con su labor, percibida por muchos como una forma de tráfico encubierto. El presidente Fernando Clavijo se ha convertido, a ojos de una parte de la población, en un cáncer político para Canarias: sus actuaciones en favor de la inmigración ilegal hunden cada día un poco más a las islas. Su tan repetida “repartición” de MENAs fomenta la inmigración irregular porque, al medio vaciar los albergues canarios, invita a las mafias a enviar más menores. Todas las oenegés proinmigración ilegal que se nutren económicamente de las desgracias de los inmigrantes ilegales deberían ser expulsadas de Canarias y de toda Europa.

(*) Articulista

Nota: Este artículo ha sido enviado a la presidenta de la Comisión Europea señora Úrsula Von der Leyen.