
Cronología de un ecocidio: del Aula Marina a Cuna del Alma
2) respetar y potenciar la singularidad del entorno,
4) proteger el núcleo residencial existente,
y 5) proteger y potenciar el Aula Marina.
El 5 de mayo de 2022, en acto solemne con convocatoria de prensa se coloca la primera piedra de Cuna del Alma, como símbolo de la futura mega construcción que verá El Puertito de Adeje. A la celebración asisten el Alcalde de Adeje (PSOE), la Vicepresidenta del Cabildo de Tenerife (PSOE), los inversores de Cuna del Alma en representación de Fivanco, y cómo no, el promotor inmobiliario y alma mater del proyecto Filip Hoste. Todo son brindis, risas y fiestas. Esta vez no fueron invitados los habitantes de El Puertito ni representantes de Océano Sostenible como impulsores del Aula Marina u otros ecologistas. Para los presentes en el acto no eran más que los tontos útiles, y ya no hacían falta. El 22 de julio de 2022, tras la evidencia pública del engaño y el daño considerable al entorno que se prevé, activistas medioambientales y sociales de toda la isla se concentran en acampada protesta frente a las obras, dando inicio a una lucha valiente que continúa a día de hoy. Esta lucha ha puesto de manifiesto muchas de la irregularidades del proyecto, habiendo logrado tres paralizaciones de la obra, previa presentación de varias denuncias judiciales, una de ellas implicando directamente al alcalde de Adeje (PSOE).
En julio de 2025, el engaño manifiesto al pueblo y el daño irreparable al entorno van camino de consumarse, imposibles ya de ocultar. Así las cosas, no hay Plan de Desarrollo de El Puertito de Adeje, ni Aula Marina, ni respetar y potenciar la singularidad del entorno, ni proteger el núcleo residencial existente. El proyecto Cuna del Alma, con sus 420 villas de lujo, lo ocupan todo. Es así de simple: todo fue un montaje perfectamente estudiado para conseguir que la urbanización para ricos pasara los filtros y autorizaciones pertinentes de las administraciones públicas, incluyendo numerosos compromisos, límites y garantías medioambientales, a sabiendas de que no se iban cumplir. El Aula Marina, señuelo imprescindible años atrás, hace tiempo ya que se dejó morir por el propio Ayuntamiento. Nunca fue financiada por ninguna administración -ni Ayuntamiento, ni Cabildo, ni Costas-, por no hacer no se llegó ni a crear la Comisión de Seguimiento, tampoco se pusieron los medios de control municipal mínimos necesarios. A la par se han llevado adelante las obras sin Declaración de Impacto Ambiental previa -cosa completamente ilegal-, y han arrasado hábitats sensibles, flora endémica y vestigios arqueológicos, promoviendo expropiaciones forzosas con compensaciones ridículas, y enviando incluso un burofax de desalojo inmediato a la familia Galindo, propietaria bienintencionada del local que albergó el Aula Marina. Y todo ello con un único fin: el lucro de unos pocos, y hacer de El Puertito una bahía con playa privada, resorts de lujo y tiendas y restaurantes para turistas.
La cuestión es que todo esto ha sido autorizado por las administraciones públicas, aceptando -tal vez a sabiendas- una trampa en forma de proyecto de desarrollo de la zona que incluía numerosos compromisos. ¿Y el Aula Marina?, ¿dónde está el espacio que justificaba ecológicamente este proyecto?, ¿quién lo iba a gestionar?, ¿quién lo financió?, ¿dónde está su memoria anual?, ¿qué pasó con la comisión de seguimiento? ¿Qué hay de lo de respetar el entorno, el pueblo pesquero, su singularidad?, ¿y la Junta de Compensación?, ¿todo legal?, ¿por qué esas expropiaciones forzosas? Y estas no son solo preguntas retóricas o políticas, son también preguntas penales, porque si un documento oficial del Ayuntamiento de Adeje incluyó expresamente como objetivo proteger y potenciar el Aula Marina, entre otros compromisos de sostenibilidad, y ese objetivo como elemento vertebral del expediente administrativo, fue simulado, falseado o utilizado de forma engañosa para obtener permisos o licencias -además de otras irregularidades graves ya mencionadas-, podríamos estar ante la posible comisión de algunos delitos tipificados en el Código Penal (falsedad en documento público, fraude a la administración, prevaricación administrativa o estafa impropia).
Por eso, esto no es solo un artículo de opinión a modo de denuncia pública, es una declaración de intenciones de lo que vendrá, un asunto que debe acabar siendo investigado y sentenciado por un juez cómo lo que parece, un caso claro de corrupción, encabezado, casualidad, por el presidente del PSOE de Canarias, un alcalde que está a punto de superar a Franco y al rey emérito en años en el cargo, y quizá también en otras "virtudes".
(*) Este artículo-denuncia ha sido elaborado por activistas de los colectivos La Gaveta 20A y la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, y recoge la opinión crítica de estos dos colectivos, en base a hechos públicos y conocidos, sin que implique afirmaciones categóricas sobre la comisión de delitos, cuya posible existencia sólo podrá determinar la autoridad judicial competente.