Carta abierta a Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz

Querida Sara Aagesen Muñoz

Nos ponemos en contacto con usted como asociación ecologista, registrada en Canarias. En primer lugar, queremos felicitarle por su reciente cargo, y confiamos en que sea capaz de resolver o paliar la multitud de problemas medio ambientales que están teniendo un impacto cada vez más negativo en España y en el resto del mundo.

El motivo de esta correspondencia es llamar su atención sobre varias atrocidades ecológicas que se están cometiendo actualmente en la isla de Tenerife. Aunque somos conscientes de que la estructura de competencias dicta que Ayuntamientos, Cabildos y Gobiernos Autónomos son los responsables de las autorizaciones y licencias de la mayoría de estos proyectos, también está muy claro que entre las funciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está « la propuesta y

ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del mar, agua ».

Los siguientes datos confirmarán sin lugar a dudas que los actuales gobiernos e instituciones locales y autonómicas han incumplido sistemáticamente sus obligaciones en esta materia, y que urge una intervención estatal que obligue a la adhesión a las leyes y normativas nacionales y comunitarias. Aunque hay muchos proyectos en marcha con graves irregularidades, expondremos dos de los casos más graves:-

(1) Cuna del Alma, Costa Adeje, Tenerife

El proyecto «Cuna del Alma», actualmente en construcción en Adeje, proyecta 3.602 camas turísticas en una parcela de suelo de 430.000 metros cuadrados. Este proyecto está plagado de todos los tipos de corrupción urbanística conocidos, que incluyen;

  1. Expropiación forzosa de terrenos y edificaciones a favor de un especulador privado.

  1. Destrucción de elementos arqueológicos que el Gobierno de Canarias actualmente permite.

  1. Una memoria ambiental presentada por el promotor que excluye especies protegidas de flora y fauna.

  1. Un órgano de evaluación ambiental municipal, presidido por el CEO de una consultora

ambiental que trabaja al mismo tiempo para la promotora urbanística. Declaración de interés público municipal de primer orden, el suelo urbanizable del municipio de Adeje (incluido el de uso turístico), con la excusa de la crisis habitacional.

  1. Autorización del ayuntamiento para «trasplantar» (matar) una especie endémica de flora en peligro de extinción, lo que está claramente prohibido por la Ley 42/2007.

(2) Hotel La Tejita, Tenerife

El Hotel La Tejita es un proyecto actualmente en construcción en el municipio de Granadilla de Abona, junto a Playa La Tejita, una de las últimas playas «vírgenes» que quedan en el Sur de Tenerife. Tendrá capacidad para más de 800 huéspedes.

En 2019, Salvar La Tejita obtuvo copia del proyecto completo y licencia del Hotel La Tejita. Anteriormente, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona había denegado a la asociación el acceso a esta documentación, lo que supone una infracción de las leyes de transparencia. Salvar La Tejita obtuvo el expediente gracias a un periodista simpatizante, y hay que mencionar que más tarde, al iniciarse la acción legal, los abogados que representaban la asociación tuvieron que obtener una resolución judicial para obtener oficialmente la documentación, porque el ayuntamiento se negaba a sus peticiones.

La razón de la falta de voluntad del Ayuntamiento para permitir el examen externo del proyecto y la licencia fueron evidentes de inmediato; el proyecto no cumplía en modo alguno las leyes y reglamentos obligatorios en materia de alcantarillado o aguas residuales. No había cálculo de la carga de aguas residuales o fecales, no había informe técnico de la empresa gestora de aguas correspondiente (ENTEMANSER), la normativa citada en el proyecto estaba legalmente obsoleta, y el promotor no había presentado (al Gobierno de Canarias) licencia municipal de vertido de residuos al mar.

En 2020 el SLT contrató a un abogado especializado en urbanismo para que analizara la licencia, y confirmó, con el apoyo de un ingeniero especializado en alcantarillado que elaboró un completo informe técnico, que además de las irregularidades que el SLT había detectado, que el sistema de alcantarillado municipal que el promotor quería utilizar, estaba obsoleto, y debido a que podía verter aguas residuales sin depurar directamente a la playa, suponía un riesgo directo para la salud. En 2021, Salvar La Tejita ha iniciado un procedimiento civil contra el ayuntamiento por la expedición de una licencia con varias irregularidades, incluida la cuestión de las aguas residuales. En 2021, el ayuntamiento intentó paralizar el caso, pero el tribunal falló en su contra, obligándoles a ir a juicio. El caso sigue pendiente de vista.

Actualmente en el día de hoy, el constructor, (que el año pasado destruyó intencionada y maliciosamente un sistema dunar único), está construyendo sobre parte de la servidumbre de protección, unos pocos metros del mar.

En 2022, el anterior presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres Pérez, inició la compra de esta parcela para devolverla a su estado natural. Con el cambio de gobierno, una de las primeras medidas que tomó el presidente actual, Fernando Clavijo Batlle fue anular esta iniciativa.

Resumen:

Hemos expuesto claramente que la inacción sistemática de los gobiernos e instituciones locales y regionales requiere ahora una solución estatal. Evidentemente, el retraso en la acción judicial para aplicar las leyes actuales está dando vía libre a los constructores para completar sus proyectos «irregulares», causando daños irreversibles contra la naturaleza, antes de que sus casos se vean en los tribunales.

Esto es inadmisible, y en el caso de que no se aplique una solución política, es un motivo para presentar una serie de quejas contra España y la UE ante el Comité Aarhus (ONU).

Les instamos a que visiten personalmente estos proyectos, para que puedan comprobar de primera mano la devastación irreversible que están causando al medio ambiente, y cómo las políticas de cada proyecto son totalmente opuestas a las políticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por último, las asociaciones y vecinos de Canarias han tenido que sufrir las consecuencias de que las administraciones e instituciones se «pasen la pelota» entre ellas, mientras estos proyectos irregulares e intrusos siguen causando daños irreversibles en estas islas, por lo que solicitamos respetuosamente que asuman su responsabilidad y garanticen la plena aplicación de la legislación nacional y comunitaria.