¿Qué ocurre en las residencias de mayores?
La noticia de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz archiva, de forma definitiva, la denuncia de la Fiscalía contra la Fundación Hogar Santa Rita por presuntas irregularidades durante la pandemia por Covid-19, habrá pasado inadvertida para la mayoría de la población canaria, pero a los integrantes de la Plataforma Residencias Dignas no nos deja indiferentes. Es más, nos impele a realizar algunas manifestaciones:
De entrada queremos dejar claro nuestro respeto a la decisión del juez. No entramos en valoraciones de lo ocurrido en esta residencia, porque desconocemos los pormenores del expediente judicial. Tampoco somos, ni queremos ser, jueces de nadie en particular. De hecho, conocemos las dificultades que entraña el cuidado de personas en situación de dependencia y valoramos el esfuerzo y entrega de muchos profesionales que se dedican a ello.
No obstante, ante las denuncias recibidas y la correspondiente actuación de la Fiscalía provincial, nos llama la atención la pregunta del presidente de la Fundación Hogar Santa Rita: ¿Ahora quién repone el enorme daño que se ha hecho a la mayor residencia para mayores de España? (ver El Día, 12/2/2025).
Y nosotros nos preguntamos ¿quién repone, repara y compensa el enorme daño recibido por tantas personas que no reciben la atención adecuada a sus necesidades y que han sido víctimas de errores ─a veces con resultado de muerte─, y no solo durante la pandemia? No hablamos de Santa Rita, sino de lo que ocurre en muchos centros sociosanitarios, tanto públicos como privados, de los que tenemos datos concretos y suficientes de su acontecer diario, por contar con testimonios de residentes, familiares y profesionales que trabajan o han trabajado en ellos. Hemos denunciado determinados hechos por escrito y verbalmente a la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife, a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, a la Inspección de centros sociosanitarios y a la Diputación del Común. En definitiva, las condiciones en que se encuentran las personas residentes en estos centros, son bien conocidas por los responsables institucionales, así como nuestras denuncias y peticiones, que resumimos en razón de la brevedad:
Escasez de plazas por incumplimiento del II Plan de infraestructuras sociosanitarias. Ya estamos en el III Plan y confiemos en que esta vez se gestione con mayor eficacia y eficiencia por parte de las administraciones públicas, que los ayuntamientos cedan suelo, que los cabildos insulares sumen fondos a la ficha financiera establecida por el gobierno autonómico y que el trabajo de los empleados públicos sea más diligente y resolutivo. No olvidemos que, en Canarias, hay un déficit de unas 8.000 plazas residenciales; unas
8.000 familias a la espera de una respuesta a la necesidad de cuidados de uno o varios de sus miembros, 600 de las cuales están ocupando una cama hospitalaria cuya carga económica y de personal sanitario se hace cada día más insostenible. Tampoco olvidamos que la Residencia de mayores de Frontera lleva siete años cerrada para realizar obras que no se acometen y los residentes están en Echedo, alejados de su entorno habitual.
La insuficiencia de servicios sociales, sanitarios y de atención a la dependencia es cada día más notoria y evidente, dando lugar a un incumplimiento reiterado de derechos de las personas solicitantes y de los plazos que marca la normativa. En la mayoría de los casos por falta o escasez de recursos humanos, económicos y materiales.
En las residencias que existen, se suceden hechos de negligencia, abandono y trato inadecuado con dolorosa reiteración: escasez de personal, bajos salarios, estrés laboral por sobrecarga, insuficiente formación y vocación en algunos de ellos; brotes de sarna, salmonelosis, ingresos hospitalarios por desnutrición, deshidratación, escaras, uso de sujeciones físicas y farmacológicas no justificadas salvo por la generalizada escasez de personal; deplorable calidad de las comidas; inexistente o insuficiente estimulación física, cognitiva, mental y emocional; edificios ruinosos, con falta de mantenimiento y presencia de ratas por ausencia de higiene… Tampoco aquí se acaba el listado de evidencias de que el trato a las personas mayores dependientes es inadecuado. De hecho, se estima que entre el 6% y el 10% de las personas ingresadas en residencias sufren un trato inadecuado, tal como reconocen distintos organismos de ámbito internacional y estatal.
Por dar algún otro ejemplo: no se puede dar de comer albóndigas sin desmigajar a una persona con deterioro cognitivo y que come sola en su habitación: el atragantamiento con fatales consecuencias está asegurado. No se puede reducir la movilidad de una persona a base de fármacos o ataduras físicas para que no se mueva de la cama. No se puede tener a una persona incontinente sin cambiarle el pañal durante toda una jornada laboral (de nuevo la escasez de personal y sobrecarga del que hay).
No encontramos justificación a las muertes que se produjeron, aunque podemos entender que los dispositivos de atención sanitaria y social se vieran desbordados en un escenario tan complejo como fue el de la pandemia. Sin embargo, echamos de menos el reconocimiento de estos hechos, la adopción de medidas preventivas o correctoras y la asunción de responsabilidades.
Ante esta realidad, que a todas luces desborda a quienes tienen competencias en ella, solicitamos mayor rigor y cumplimiento normativo a la hora de conceder acreditaciones; que se cumplan y aumenten las ratios de personal de atención directa y el número de trabajadores con formación sociosanitaria adecuada. Es fundamental un aumento significativo del número de inspectores cualificados y de la frecuencia de sus visitas a residencias, sin aviso previo, así como mayor transparencia y accesibilidad a las actas de dichas inspecciones. Urge una respuesta adecuada a todas estas peticiones.
La Plataforma Residencias Dignas estamos para velar por el interés de los más vulnerables, arrimar el hombro y buscar soluciones conjuntas.