El municipio de La Laguna, menos progresista y más clerical
El laicismo en el municipio de La Laguna va para atrás, como los cangrejos. Durante cuatro años defendimos un pacto de progreso que planteó la necesidad de abordar la laicidad y en los plenos generó avances en esta materia. Hace unos días afrontamos un debate sobre el presupuesto municipal en el que, una vez más, nada se prevé sobre el cobro de tributos a los bienes donde la iglesia obtiene un beneficio económico. A pesar de los acuerdos plenarios que plantean aplicar medidas que permite la ley, en 2024 el alcalde socialista, Luis Yeray Gutiérrez, declaró en los medios que no pensaba cobrar el IBI al Obispado y en el último debate plenario su equipo se volvió a poner de perfil con este tema. No nos deja de llamar la atención que, con esta entidad privada el interés general quede en un segundo plano.
En enero de 2022 se hizo público el informe sobre bienes inmatriculados de forma “irregular” por la Conferencia Episcopal entre 1998 y 2015. Al menos 25 bienes inmuebles laguneros aparecían en ese listado. A raíz de esta situación se presentó una moción al Pleno, presentada desde la propia alcaldía, que fue enmendada por nuestro grupo y aprobada, añadiendo el cobro del IBI por los espacios donde se desarrollan actividades económicas. Era otro gobierno y resulta ahora evidente un claro cambio de rumbo. En dos años se pasó de querer aclarar en 2022 las propiedades de la iglesia inmatriculadas y el cobro del IBI, tras mucho presionar desde Unidas se puede, a ser el valedor de los intereses del Obispado, diciendo ahora que es “ilegal” aplicar lo que ya se hace en otras administraciones locales. Está claro que la “cumbre” anunciada entre el Ayuntamiento y el Obispado, a inicios de 2024, salió rana para los intereses municipales.
El gobierno local del PSOE y Coalición Canaria ahora se desmarca de avances legales logrados por gobiernos locales más valientes. Es el caso de Getafe, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2017 resolvió que las exenciones fiscales a las obras de la iglesia en inmuebles ajenos a la actividad religiosa “constituye una “ayuda de Estado” prohibida por el artículo 107.1 de la Unión Europea”. Otro ejemplo fue el de la sentencia de 2020 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 8 de Barcelona, que dio la razón al Consistorio por el cobro del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a una congregación de la Iglesia católica que alquilaba un edificio de su propiedad a una sociedad mercantil.
La línea editorial en este tema la dejó clara el alcalde en Radio Club Tenerife hace menos de un año: “Respeto total y absoluto a la institución eclesiástica. La Laguna sin la iglesia no ha existido y la Iglesia sin La Laguna no puede existir”, pero el deber de un alcalde no es con el Obispado, debe estar del lado del interés público. Que el presupuesto aprobado en 2025 no contemple el cobro del IBI en edificios propiedad de la iglesia con alquileres privados es más que llamativo. No se aplica, ni siquiera al seminario diocesano, que, con un valor catastral de más de 14 millones, alquila una parte a la empresa multinacional Clece, que gestiona allí una residencia de mayores con más de 6.800 m2, repartidos en cinco plantas, además de un centro de menores.
Mientras esto pasa el PSOE lagunero sigue avanzando en estrechar lazos con el Obispado, llevando pregones a los espacios religiosos, cuando ni siquiera se hacía así durante el franquismo. Un gobierno que no ha perdido ocasión para formar parte de actos claramente religiosos, dando cada vez más relevancia y protagonismo a los hitos religiosos frente a los laicos. Mientras los expedientes no se tramitan y se dan ayudas al margen de las que otros privados pueden tramitar, para lo único que corren los ediles del Gobierno es para ver quién sale en más procesiones. Atrás quedan los compromisos en avances a un modelo laico en el que evidentemente nunca creyeron, incluso aunque su propio partido haya reconocido estos aspectos en sus congresos, Aguere sigue avanzando, pero en dirección contraria. Con estas medidas, La Laguna, o al menos una parte de sus representantes públicos, compra parte del argumentario conservador frente a la laicidad, que no rechaza los sentimientos o las creencias, que simplemente trata igual a todas las sensibilidades y aplica la ley en esa misma base.
(*) Concejal y coportavoz de Unidas se puede en La Laguna