Carta abierta: el Ayuntamiento de Agaete y el Gobierno de Canarias ante la violencia contra las mujeres
Apenas quedan dos semanas para el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Dos semanas para que desde las administraciones saquen banderas o luces violetas y declaraciones institucionales dándose golpes de pecho. No es para menos, porque los datos de violencia de género siguen siendo escandalosos: sólo en el segundo trimestre de 2024, Canarias ha registrado 2.767 denuncias por violencia de género, con 2.621 víctimas.
Pero no podemos dejarnos engañar por la fanfarria: las administraciones no están haciendo su parte. Podríamos hablar de la falta de recursos, los recortes económicos o las políticas livianas, de poco calado o profundidad en la prevención de la violencia o atención a las víctimas, incluso podríamos hablar de proteger a los agresores. Pero vamos a hablar de algo más fundamental: garantizar la seguridad de las mujeres dentro de las propias administraciones.
Vamos a poner sólo dos casos: el caso del Ayuntamiento de la Villa de Agaete y del Gobierno de Canarias.
En mayo se hizo público que Antonio Aníbal Álamo, jefe accidental de la Policía Local de Agaete estaba condenado por un delito de acoso en el ámbito familiar desde el 1 de junio de 2022, y portaba un dispositivo electrónico de localización como medida de protección a su víctima. En ese periodo, el Ayuntamiento de Agaete lo había ascendido. Entonces el Consistorio emite un comunicado informando de que se había enterado por la prensa del caso, pero que abriría un expediente informativo y tomarían las acciones que procedieran, entre ellas apartar del puesto al policía condenado. La sentencia es clara: vigiló, siguió y acosó a su expareja, llegando a infundirle “terror”, ¿puede cumplir sus funciones policiales un acosador? ¿es la Policía Local comandada por su acosador un espacio seguro para su propia víctima? No.
¿Qué ha pasado seis meses después? Nada. El “firme compromiso en la lucha contra cualquier tipo de acoso o violencia física o psicológica, más aún si ésta va dirigida a la mujer”, como comentó en su comunicado el grupo de gobierno de Agaete, ha quedado en nada. El policía continúa escalando en la administración pública y la víctima no ha recibido ninguna clase de reparación por parte de un Ayuntamiento, que ha protegido y ascendido a su agresor. ¿Celebrará el Ayuntamiento de Agaete el 25N este 2024? ¿Pondrán crespones?, ¿llamarán a la denuncia?, ¿a la acción?
Sigamos para pleno. Una trabajadora de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias denunció delitos de acoso y agresión sexual contra un compañero de trabajo. Aunque el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó que los hechos denunciados fueran constitutivos de delito, quedaron acreditados que los comentarios y los gestos del denunciado en el espacio de trabajo compartido "pueden calificarse de soeces y sexualizados (...) o de una conducta hostil o humillante". Mientras la Justicia resuelve el recurso presentado por la víctima ¿qué ha hecho la Consejería? Nada. Incluso se podría decir que todo lo contrario: proteger al agresor. El trabajador continúa en su puesto, ocupando su espacio con impunidad, mientras la mujer sufre la vulnerabilidad de su situación y serias dificultades para continuar con su vida. Ni siquiera consta a la víctima que hayan abierto el protocolo autonómico existente contra el acoso y la violencia contra las mujeres. De nuevo: la nada para las víctimas.
Y nosotras nos preguntamos, ¿son las Administraciones Públicas espacios seguros para las mujeres? Tenemos respuesta: NO.
Por estos y otros muchos motivos, desde la Red Feminista de Gran Canaria volvemos a convocar en las calles el próximo 25N. La manifestación, que saldrá de la Plaza Rafael O’Shanahan a las 19.00 horas, es un llamamiento a la responsabilidad, con el lema “Contra las violencias machistas, haz tu parte”. Agaete, Gobierno de Canarias, hagan su parte. Y si no saben, busquen ayuda.