¿Por qué los concejales de la Asamblea Ciudadana Portuense no asistimos a los actos religiosos como representantes públicos?

Durante el verano, mucha gente se ha acercado a nosotros y nos han preguntado por qué los concejales de la Asamblea Ciudadana Portuense no asistimos a los actos religiosos y procesiones. Nuestra respuesta es muy sencilla: creemos firmemente en la separación entre Iglesia y Estado, y queremos cumplir el art. 16 de la Constitución Española, que dice que nuestro Estado es aconfesional. Si asistimos, lo hacemos a título personal y no como cargos públicos. Sin trajes, sin medallas y sin sitios reservados lejos de la ciudadanía.

A pesar de que es una práctica habitual, entendemos que las autoridades no debemos presidir actos religiosos, ya que es negativo para la propia institución eclesiástica que cargos políticos puedan utilizar estas expresiones religiosas políticamente. El Papa Francisco parece que nos da la razón en nuestra forma de actuar cuando señala que "la convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad". Esa es precisamente nuestra posición. El Papa entiende que el laicismo no es doctrinario y que, por tanto, no trata de imponer dogmas ni principios; al contrario, se basa en la tesis democrática de libertad de conducta, moral y religiosa, y, en consecuencia, respeta la autonomía de las personas y su libertad para elegir responsablemente sus actos y su fe.

En los últimos meses, muchos alcaldes de los llamados municipios del cambio están tomando decisiones que nos reafirman en nuestra posición. Tanto la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, han anunciado que no asistirán oficialmente a actos religiosos; el Ayuntamiento de Zaragoza se ha declarado aconfesional y tampoco tendrá representación institucional en actos religiosos; mientras que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha suprimido la misa de la Merced de los actos institucionales de las fiestas. En nuestro entorno, tenemos ejemplos como los de Nieves Canive y Guzmán Correa, concejales en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, y el de Antonio González Fortes, ex alcalde de Buenavista del Norte, que en el pasado mandato también rechazaron acudir a actos religiosos como representantes políticos.

Nuestro municipio, el Puerto de la Cruz, es un caso muy claro de cómo desde una institución se ha optado por una confesión, la católica, de manera muy clara. El día de la toma de posesión nos encontramos con un crucifijo y una imagen religiosa en la mesa, el Pleno ha nombrado Alcalde y Alcaldesa perpetuos al Gran Poder de Dios y a la Virgen del Carmen, los dos días festivos que le corresponde elegir al Ayuntamiento son de carácter religioso, la decoración navideña es alusiva a un solo tipo de confesión, y basta ir a cualquier procesión católica para ver representantes públicos de PP, PSOE y CC con sus trajes y medallas. En ningún momento, ni la institución, ni los representantes públicos de las tres formaciones citadas, se han ajustado a su carácter aconfesional y tampoco han tenido en cuenta la multiconfesionalidad del Puerto de la Cruz, en la que también hay musulmanes, fieles de las iglesia sueca, anglicana o luterana, carismáticos, testigos de Jehová, mormones, Baha’i, etc.

En un contexto de importantes cambios políticos en el que se están replanteando y repensando muchas cosas, creemos que es un buen momento para lanzar este debate y que se reflexione sobre la necesidad de mantener la separación entre las instituciones locales y las diferentes religiones. Por supuesto, estamos completamente a favor de la libertad religiosa, definida en el art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como la libertad de cualquier persona de “manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. Basándonos en este derecho, abogamos por que los concejales y las concejalas decidan libremente si acuden o no a los actos religiosos, y que, en todo caso, lo hagan como cualquier otro ciudadano y no como representantes públicos.

Respetamos, y mucho, las tradiciones del Puerto de la Cruz, así como la fe que profesan muchísimos portuenses. Es precisamente por ese respeto, que nunca utilizaremos nuestra posición de cargos públicos con una intención partidista y actuaremos en coherencia con nuestros principios y valores, renunciando a ocupar un espacio de privilegio en actos religiosos. Nosotros somos libres de acudir o no a estos actos en función de nuestras creencias, pero nunca lo haremos en calidad de representantes políticos, sino en nuestra condición de vecinos y vecinas del municipio.

(*) Concejales de la Asamblea Ciudadana Portuense