Discurso para el debate de la Nacionalidad Canaria 2016
Señor presidente, señorías, medios de comunicación y ciudadanos y ciudadanas que están siguiendo este debate, buenos días.
Quisiera que mis primeras palabras fueran para mostrar mi satisfacción por participar en el primer Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria al que asiste igual número de diputadas que diputados, y el primero que es presidido por una mujer.
Sé que a veces, en demasiadas circunstancias y con poco criterio y mucha exageración, se tildan de históricas todo tipo de ocasiones. Sin embargo, creo que esta legislatura merece ese calificativo, por lo que supone en cuanto a visibilizar que la igualdad real ha llegado al Parlamento de Canarias.
Señorías, han sido necesarias nueve legislaturas y casi cuarenta años de historia autonómica para que la igualdad real entre mujeres y hombres se hiciera efectiva en esta Cámara. Demasiado tiempo.
Y nos queda tarea por hacer. Estoy convencida de que, a lo largo de esta legislatura, deberemos debatir y consensuar medidas que favorezcan aún más la igualdad real. Queda margen de actuación para nuevas políticas que incentiven la contratación de mujeres o su formación en áreas tradicionalmente masculinizadas.
Tenemos margen para seguir insistiendo en una educación igualitaria o en políticas de atención a la dependencia que liberen a las mujeres de ese destino inaceptable que las convierte en cuidadoras de mayores o dependientes por el único motivo de ser mujer.
Tenemos margen para seguir insistiendo en acabar con la inaceptable brecha salarial entre mujeres y hombres. Y por supuesto, mientras una sola mujer siga siendo víctima de violencia de género en las islas, seguirán siendo necesarias políticas para frenar esta lacra.
Señorías, hay un segundo motivo de satisfacción que quisiera compartir con ustedes.
El Parlamento de Canarias ha dejado de ser esa especie de club exclusivo en que se había convertido por culpa de una reforma electoral discutida desde su nacimiento por el Partido Socialista, pues nunca creímos en la subida de unos topes que consideramos arbitrarios e injustos.
Señorías, acudimos al primer debate sobre el estado de la nacionalidad en el que todos los grupos hemos decidido tomar cartas en el asunto y revisar nuestro sistema electoral.
Estoy convencida de que este Parlamento necesita ganar en representatividad para mejorar la identificación de la ciudadanía con sus instituciones.
Señor presidente, el pasado 22 de junio, el Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria suscribieron un acuerdo de gobernabilidad sobre la base de un programa de acción política.
Un programa que usted hizo suyo y al que condicionamos nuestro apoyo en la sesión de investidura. Un programa que deja atrás visiones asistencialistas y considera a la ciudadanía como sujeto de derechos sociales.
Un programa económico donde, en último término, la economía se coloca al servicio de la ciudadanía y no al de los operadores que la hacen posible.
Un programa institucional que pretende recuperar la credibilidad en la acción política sobre la base de la transparencia y de la participación.
Un programa, señor presidente, que el Grupo Socialista entiende que se está cumpliendo razonablemente bien y, en algunas áreas que consideramos prioritarias, extraordinariamente bien.
El Partido Socialista, en la campaña electoral y en su intervención de apoyo a la investidura, dijo: ni un solo hogar en Canarias con menores a cargo sin ingresos. Una medida que, como todos saben, se articula a través de la Prestación Canaria de Inserción.
Cuando la vicepresidenta del Gobierno tomó las riendas de la consejería, se atendía en Canarias a 3.400 familias. Después de un esfuerzo sin precedentes en la gestión y de una Ley de crédito extraordinario, se cerró 2015 con 9.618 unidades familiares a las que se les paga una renta que les garantiza un ingreso mínimo vital.
En 2016, la PCI cuenta con 45 millones de euros, el mayor presupuesto desde que en 2007 se aprobara la Ley Canaria de Inserción, mayor que el de 2013 y 2014 juntos. Esto nos va a permitir atender entre 12.000 y 14.000 familias en Canarias este año, es decir, tres veces más que hace apenas seis meses.
Son datos, son cifras, señorías, pero son, sobre todo, personas, familias a las que se les estaba negando el derecho a cubrir sus necesidades básicas y que hoy, gracias a la acción de su Gobierno, ven reconocido ese derecho. Y, ¿saben una cosa? Amenazamos con seguir trabajando.
Cinco años lleva el Partido Socialista en el gobierno y a lo largo de este tiempo se han tramitado cinco leyes de presupuestos y dos leyes de crédito extraordinario. Siete normas que han supuesto siete incrementos consecutivos de fondos para la dependencia en Canarias.
Este empeño en mejorar la dependencia ha supuesto pasar, en 2016, de 30 a 37 millones de euros en la cifra destinada a pagar las prestaciones económicas, al tiempo que se ha incrementado, de manera sustancial, el número de dictámenes, hasta llegar a 35.511, y el total de personas con derecho a prestación ha superado, por primera vez, el umbral de los 14.000 dependientes.
Sólo en 2016 se han creado 823 nuevas plazas sociosanitarias, más que la suma de los cuatro años anteriores.
Se vislumbra, ahora sí, un cambio de tendencia claro, una mejora que nos va a permitir sacar a Canarias del furgón de cola en materia de dependencia. Y, ¿saben una cosa? Amenazamos con seguir trabajando.
Señor presidente, una última cuestión referida a la dependencia sobre la que no quiero pasar de puntillas: el Partido Socialista concibe las políticas sociales como derechos objetivos y subjetivos.
Estoy convencida de que esta Cámara comparte conmigo la sensación de vergüenza e impotencia que produce el que hayan fallecido dependientes sin recibir unas prestaciones a las que tenían derecho.
Por eso, nos parece un ejercicio imprescindible de justicia y de responsabilidad que su gobierno haya comenzado a abonar a 263 familias de estos dependientes las cuantías que debió pagárseles a estos en vida.
Debiéramos acabar esta sesión con un compromiso solemne: nunca más; nunca más va a fallecer un dependiente en Canarias mientras su expediente vaga perdido por los pasillos de la administración. Nunca más.
En materia de viviendas toca hablar de desahucios. La señora Santana decía ayer que en Canarias han crecido los desahucios. Es un dato objetivo que no admite contestación. Pero quiero recordar que los desahucios no los decide el gobierno, dependen de resoluciones judiciales. El gobierno trabaja en lo que le toca, que es disminuir sus efectos.
Nuestro compromiso, primero en campaña, y después en el acuerdo de gobierno, era desarrollar una estrategia orientada a la paralización de los desahucios.
A día de hoy se está ultimando un convenio con la administración de justicia para que el gobierno pueda tener información, en tiempo real, de los procedimientos judiciales y poder actuar rápidamente a través de la oficina de asesoramiento e intermediación del Instituto Canario de la Vivienda.
Pretendemos que las personas que se encuentren ante el drama de un desahucio cuenten con una administración que les respalde y que les ofrezca soluciones reales.
Pero además de estas soluciones a medio plazo, hoy estamos en disposición de garantizar que todas las personas que sufren un desahucio en Canarias están contando con una solución habitacional.
Ese fue el espíritu con el que abordamos nuestro pacto, señor presidente, dar apoyo a un gobierno y a un programa social y progresista, que atienda a las necesidades reales de sus ciudadanos y ciudadanas. Y, ¿saben una cosa? Amenazamos con seguir trabajando.
Señor presidente, este es un debate sobre la situación actual, pero nuestra obligación también es debatir sobre objetivos, sobre cuál es nuestra visión sobre el futuro que deseamos para Canarias.
Por eso quiero hablar también de la que será la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Una ley que se está negociando con todos los agentes implicados, porque nuestro estilo no es el del señor Wert con su reforma educativa.
Una ley en la que los y las socialistas tenemos puestas muchas esperanzas, una ley con la que aspiramos a que Canarias sea el referente en la prestación de políticas sociales en este país.
El objetivo es ambicioso, muy ambicioso, pero viable en el medio plazo si existe voluntad política en el gobierno, y estoy convencida de que esa voluntad existe.
Estas son las políticas del gobierno; las políticas por el Partido Socialista y Coalición Canaria; las políticas que está aplicando la vicepresidenta del gobierno, y no “las cosas de Patricia”, como algún diputado, con una educación impropia de esta Cámara, se atrevió a decir ayer.
Señor presidente, sólo la educación de calidad nos permite construir una sociedad más justa y más libre.
Conseguir que nuestros jóvenes tengan futuro no puede depender de la cuenta corriente de sus familias, sino de su capacidad y de su esfuerzo.
Por eso, porque para nosotras y nosotros la equidad es un objetivo irrenunciable. Canarias ha avanzado más en educación en los últimos cinco años que en los veinte que le precedieron.
Pero no nos hemos conformado con cubrir solamente las necesidades educativas. Canarias, en los últimos años, ha liderado desde el sistema público de enseñanza la respuesta social al drama surgido como consecuencia de la crisis.
Quiero recordar que cuando comenzó la pasada legislatura se proporcionaban en los comedores escolares almuerzos a cuota cero a 104 alumnos y alumnas. Cuando finalizó la legislatura, el número se había elevado a 11.144 y hoy hemos extendido ese servicio a 13.617 niños y niñas en los colegios públicos de Canarias.
Otro ejemplo es el servicio de desayunos escolares, del que en el curso 2012-2013 se beneficiaban 1.340 alumnos y alumnas; en 2013-2014 la cifra se elevó hasta los 11.543, y en el actual curso escolar, 12.152 niños y niñas de las siete islas los tienen garantizados.
No puedo olvidarme tampoco de los programas de inmersión lingüística en verano, una iniciativa pionera, copiada por otras comunidades autónomas, que se volverá a poner en marcha este verano en colaboración con los ayuntamientos que así lo soliciten.
No nos olvidamos tampoco de las becas universitarias, que se mantienen en 10,6 millones de euros, consolidando el incremento de 2015. Eso permitirá pagar las becas a los alumnos y alumnas que tengan entre un 5 y un 7 de nota media. Becas que el gobierno de Mariano Rajoy quitó y Canarias, con sus recursos, mantiene.
Medidas que, en definitiva, muestran nuevamente el carácter social y progresista de este gobierno. Y, ¿saben una cosa? Amenazamos con seguir trabajando.
Señor presidente, la pasada legislatura fue un periodo de contestación social. Como recordarán, las calles y plazas españolas se llenaron de marchas y plataformas en defensa de los servicios públicos esenciales, y la educación no fue una excepción.
Las marchas verdes recorrieron todas las comunidades autónomas reivindicando una educación de calidad, universal y gratuita. Bueno, todas menos una, la nuestra.
La comunidad educativa canaria fue consciente desde el primer momento de que el gobierno de Canarias era su mejor aliado. Fruto de ello fuimos capaces de suscribir un Pacto social por la Educación, ese del que el señor Antona no se acuerda.
Colocamos a los maestros y maestras, a las profesoras y a los profesores, en el eje de la acción del Ejecutivo; cuando desde Madrid el señor Rajoy nos decía que teníamos que despedir a 3.000 profesores, que ellos no los iban a pagar, Canarias los mantuvo en plantilla y pagó sus nóminas con recursos propios (con un coste de 130 millones), repusimos todas las jubilaciones e incrementamos ligeramente las plantillas.
Por eso, porque aquí no se despedía y en otras regiones sí, Canarias redujo su diferencial histórico con el Estado de la tasa de alumnos por profesor en un 34%, situó la tasa de abandono escolar en el punto más bajo de su historia y colocó a nuestro alumnado de Infantil y Primaria a la cabeza en aprendizaje de idiomas.
Nunca antes se habían ofertado tantas plazas de Formación Profesional como en la actualidad; la Red de Centros de Formación Profesional y la Formación Profesional Dual son una realidad.
Con estas cifras es normal que la comunidad educativa confiara en el Gobierno de Canarias; es normal que se alcanzaran consensos; es normal que entre todos (menos los que siempre se quedan fuera de los pactos educativos) pudiéramos aprobar una Ley Canaria de Educación (la única de las aprobadas en todo el Estado que ha sido tramitada por iniciativa popular).
En definitiva, señor presidente, desde el gobierno se trabajó y se continúa trabajando por el presente y por el futuro de la educación en Canarias, por crear un sistema de calidad y de oportunidades.
Una última cuestión sobre educación, señor presidente. Desde el Grupo Socialista queremos plantearle la necesidad de abordar un plan de infraestructuras educativas.
Tenemos que determinar qué centros necesitan reformase y en qué grado, qué nuevos centros tenemos que construir y dónde priorizamos en su ejecución.
Creemos que ha llegado el momento de contar con un plan plurianual, diferenciado presupuestariamente, que integre las RAM y la construcción de nuevos centros.
Señor presidente, señorías, el pasado 11 de diciembre, Canarias recuperaba la atención sanitaria universal y gratuita. De esta forma se volvía a colocar en la misma situación a los canarios y canarias que a los inmigrantes, regulares o no, que día a día conviven con nosotros.
Seres humanos a los que el gobierno de Canarias vuelve a reconocer unos derechos que nunca debieron verse afectados, a pesar de las presiones del Gobierno de España.
Desde que se publicó la orden, han obtenido la tarjeta sanitaria en torno a doscientos inmigrantes. Doscientos sujetos de derechos sanitarios cuyo sólo reconocimiento como tal justifica el apoyo del Grupo Socialista a este gobierno y la responsabilidad de gestionar la sanidad en Canarias.
Señor presidente, soy consciente de que no es objeto del presente debate, pero, al hilo de la respuesta que acaba de dar Canarias a la inmigración irregular, no puedo dejar pasar la ocasión, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, de mostrar nuestro total rechazo al acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía para autorizar la devolución de refugiados sirios.
Canarias ha sido destino de la inmigración irregular. Llevamos años reclamando una política comunitaria real para afrontar un drama humanitario que se veía venir.
Lo que no hemos hecho nunca ha sido plantear alternativas que pasaran por la insolidaridad, por el olvido y, sobre todo, por la ilegalidad internacional.
Pero por si no bastara con la ética como guía de comportamiento, los convenios internacionales suscritos por España nos impiden aceptar la fórmula propuesta por determinados gobiernos europeos en el sentido de deportar a los refugiados sirios.
Se trata, por describirlo en pocas palabras, de la externalización de nuestras obligaciones. Se trata de dar dinero a Turquía para que se haga cargo de nuestras propias responsabilidades ante una crisis humanitaria sin precedentes, la más grave desde la Segunda Guerra Mundial.
Ya dijimos no en el pasado a la propuesta de concertar con Marruecos la atención a los menores no acompañados, y lo volvemos a decir hoy en referencia al acuerdo con Turquía.
Señorías, somos la frontera sur de la Unión Europea y somos frontera con la miseria. Somos el destino último de quienes huyen del hambre y las guerras que ahora han pasado a un segundo plano, eclipsadas por la dramática situación que vive Siria.
Todo lo que hagamos ahora por promover una respuesta racional al drama de los refugiados sirios ayudará en el futuro a que se comprenda mucho mejor por parte de la Unión Europea las especiales circunstancias a las que se enfrenta Canarias en lo referido a inmigración irregular.
Tenemos que aprender a convivir, sin dramatismos ni exageraciones, con el fenómeno de la inmigración irregular. Y tenemos que ser agentes activos en la promoción de mecanismos supranacionales para afrontar las consecuencias de estos inevitables movimientos de población.
Señor presidente, señorías, debemos responder al desafío que supone el drama de los refugiados sirios desde la política con mayúsculas. Esta Cámara no puede permanecer ajena a una crisis que hoy se sitúa en el otro extremo de Europa, pero que Canarias vive día a día de forma crónica.
Señor presidente, retomo la agenda canaria en el punto donde la dejé, hablando de sanidad.
Y creo que la principal preocupación que compartimos todos es el de las listas de espera. Sabemos que tenemos un problema. Sabemos que la resolución de ese problema pasará, inevitablemente, por una mejora de la financiación de las comunidades autónomas, aunque a los diputados y diputadas populares no les guste que se los recordemos.
Pero lo que no vamos a hacer es bajar los brazos. El consejero de Sanidad, y el gobierno en su conjunto, saben que a los pacientes que esperan ser atendidos no se les puede decir que aguanten hasta que haya un nuevo gobierno de España que haga lo que el actual no ha querido hacer.
Y lo primero que ha hecho el consejero es dar transparencia a las listas de espera.
Por primera vez se han hecho públicas las listas de espera para pruebas diagnósticas, se han sumado a las cifras de espera quirúrgica los datos de los centros de atención especializada y se ha dado a conocer la demora media para ser operado.
Además, el consejero ha dado la orden de que a partir del próximo 1 de abril las listas de espera quirúrgicas se publiquen de forma mensual.
Los datos que vamos conociendo, con esa política de transparencia, son esperanzadores, tal y como señalan las cifras que se han publicado en febrero.
Canarias ha sido capaz de reducir la lista de espera de pruebas diagnósticas en un 11,4%, lo que se traduce en 4.189 personas menos esperando en todas y cada una de estas pruebas.
Además, en los meses de septiembre, octubre y noviembre se han reducido las esperas quirúrgicas en todos los hospitales de Canarias, si bien, en el mes de diciembre sólo tres hospitales pudieron mantener la tendencia decreciente, situándose a nivel global en un ligero incremento del 1,9%.
Esperamos que el mayor margen de presupuesto previsto para 2016 permita apuntalar la tendencia bajista que se ha vislumbrado los primeros compases de la legislatura.
Estoy convencida, señor presidente, de que antes del próximo Debate sobre el Estado de la Nacionalidad conoceremos datos en esta Cámara que demostrarán los resultados de las decisiones que hoy se están adoptando.
En materia de personal, quiero recordar que el 31 de enero se celebró el examen de la oferta pública de empleo de enfermería correspondiente a 2007. En apenas seis meses se ha desatascado un asunto que se remontaba a ocho años.
Además, esto ha permitido también desbloquear la OPE de 2015, con lo que en 2016 se convocarán 312 plazas en veinte categorías de facultativos especiales de área.
Se está trabajando en la Mesa Sectorial de Sanidad para volver a equiparar la jornada laboral del personal estatutario con la del resto de funcionarios públicos.
Es decir, estamos demostrando que la mejora de la sanidad no debe estar reñida con los derechos del personal sanitario. Y, ¿saben una cosa? Amenazamos con seguir trabajando.
En materia de infraestructuras sanitarias, el avance está siendo espectacular. En septiembre contaremos con el Hospital del Sur de Tenerife, al que se unirá, a finales de 2017, el Hospital de Fuerteventura.
Desde octubre está en marcha el nuevo acelerador lineal del Doctor Negrín y durante 2016, el Servicio Canario de Salud adquirirá un segundo acelerador.
Ya están operativos seis nuevos quirófanos en el Hospital de La Candelaria y en los próximos tres años se destinarán 10,3 millones a la construcción de un nuevo edificio de urgencias. En mayo comenzarán las obras para aumentar en 26 camas las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. En atención primaria se ha triplicado el esfuerzo inversor.
En materia de salud pública, Canarias será una de las primeras regiones en incluir la vacuna de la varicela en el calendario de vacunaciones. Además hemos garantizado la vacunación contra la tosferina a todas las embarazadas y niños menores de dos años, y se ha incrementado la vacunación contra la gripe en casi un 13%.
Señor presidente, si todo esto es importante, muy importante, no lo es menos el esfuerzo de planificación sanitaria que se está desarrollando.
Canarias lleva 22 años sin plan de urgencias. Canarias carece de Plan de Salud desde 2008. Canarias cerrará 2017 con un Plan de Urgencias y un Plan de Salud aprobados por el gobierno. Ese es nuestro compromiso y pronto será una realidad.
Señor presidente, el Partido Socialista no ve la sanidad como un servicio público más; la eficiencia y la eficacia no es lo único que tenemos en cuenta. Hay matices, políticas, que van más allá de lo cuantificable.
Si antes hablé de la atención a los inmigrantes, no quiero cerrar este bloque de mi intervención sin felicitarme por estar apoyando a un gobierno que ha convertido a Canarias en la segunda comunidad autónoma que entrega a menores transexuales tarjetas sanitarias con sus nombres sociales.
Once niños y niñas a los que obligábamos a acudir a los centros sanitarios con un nombre que no se correspondía con sus sentimientos. Eso, que a algunos les puede parecer una anécdota, para nosotros, que somos del Partido y de la tierra de Pedro Zerolo, nos parece un hito a tener en cuenta.
Señor presidente, nuestro acuerdo de gobierno introducía entre las consideraciones estratégicas y generales el reconocimiento de que el principal problema económico de Canarias es el paro, por lo que la acción prioritaria de su gobierno debe ir encaminada a dar solución al desempleo.
Y reconocíamos, señor presidente, que su gobierno debía afrontar el reto vital de reconducir las bases de nuestro modelo económico, para buscar un nuevo esquema en el que seamos capaces de crear mayor valor y que se distribuya de forma más equitativa entre la población de las islas.
En cuanto a ese primer objetivo de combatir el paro, el PSOE tiene muy presente que en Canarias hay 243.632 desempleados y desempleadas, 243.632 personas que han visto truncado su proyecto de vida cuando un sistema económico ineficaz e injusto y una gestión ideológica de la crisis han provocado su expulsión del circuito laboral o, como en el caso de tantos jóvenes, se les ha negado la entrada al mismo.
El gobierno de Canarias tiene que trabajar para cambiar las condiciones que hacen que la economía no genere más empleo, pero también tiene que trabajar con esas personas para generarles una oportunidad.
Por eso, en el Partido Socialista creemos que las políticas activas de empleo son un pilar básico del Estado del Bienestar, y por eso en 2016 destinamos un 16,6% más de presupuesto que en 2015.
Llegado este punto, no tengo más remedio que recordar que Canarias no tiene un Plan Integral de Empleo desde 2014 porque, en boca de la ministra y del Partido Popular de Canarias, aquí gastamos mal los recursos para empleo.
Quiero recordar que esa misma ministra creó un sistema perverso en el que las comunidades autónomas tienen que pelearse por obtener más recursos para los servicios de empleo.
Y quiero recordar que esa misma ministra del Partido Popular, que decía que lo hacíamos tan mal, ha tenido que certificar que Canarias es la comunidad autónoma que mejor gestiona sus recursos para empleo, conforme los criterios que ella misma creó.
Canarias sí gestiona bien sus fondos para empleo. El problema es que sólo alcanzan para dar cobertura al 30% de los desempleados.
Hace años, Alfonso Guerra definía el socialismo como aquella ideología que trabaja para que nadie tenga tanto para poner de rodillas a otro, y para que ese otro no tenga tan poco como para tener que arrodillarse ante nadie.
Una reflexión que hoy, gracias a la reforma laboral del Partido Popular, ha vuelto a cobrar más vigencia que nunca, y de la que el gobierno de Canarias no es ajeno.
Y por eso, estamos financiando un plan de lucha contra la explotación laboral para que 40 inspectores del ministerio, que es el competente, realicen 1.600 inspecciones a empresas.
Y por eso, se ha encargado un estudio para tener datos reales sobre la situación médica de los trabajadores y trabajadoras del sector turístico. Y cuando tengamos esos datos, amenazamos con seguir trabajando.
Señor presidente, con respecto al segundo objetivo, conseguir el cambio de modelo económico, ya he adelantado algo al referirme a la educación, pues la formación y la capacitación resultan imprescindibles en esa tarea.
Y quiero decirle que estamos satisfechos con el trabajo que su gobierno está realizando en áreas como el impulso a la industrialización de Canarias, el fortalecimiento y la modernización de su tejido comercial, la profesionalización de sus pymes o la aceleración de startups.
Especial atención merece, a nuestro juicio, el apoyo prestado por su gobierno a la investigación, innovación y sociedad de la información, pilares básicos de una economía del conocimiento, que nos permitirá ser más competitivos.
Un apoyo que va más allá de la imprescindible colaboración con las universidades canarias y que incluye líneas de trabajo tan consolidadas como el Instituto Astrofísico de Canarias, o con retos tan de futuro como la Plataforma Oceánica de Canarias, que comienza a aproximarnos a la economía azul.
En lo referido a energía, nuestro acuerdo de gobierno establecía como objetivo final un nuevo modelo energético que maximice la penetración de energías renovables, minimice las emisiones de CO2, reduzca los costes de la energía, dinamice la economía de Canarias y aumente la eficiencia y el ahorro energético.
Con respecto a medidas de ahorro energético, imprescindibles para rebajar la emisión de CO2, nos satisface constatar que el gobierno ha continuado subvencionando programas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones municipales.
La experiencia demuestra que los ahorros se sitúan en la media del 20% de la factura, algo que redunda tanto en la disminución de las emisiones de CO2, como en la optimización de los recursos económicos de las administraciones locales.
Nos satisface contemplar también cómo se predica con el ejemplo y se suscriben convenios público-privados para la mejora de la eficiencia energética en varios edificios del gobierno de Canarias.
En cuanto a la penetración de las renovables, y en concreto de la energía eólica, no podemos dejar de referirnos a la situación de partida.
Canarias llevaba un atraso intolerable en la penetración de energías alternativas, principalmente por la turbia gestión de los concursos eólicos que provocó su judicialización y su virtual paralización.
Una situación con la que tuvo que bregar la consejera Francisca Luengo y de cuya gestión ahora se están viendo los frutos.
Pero estas circunstancias se vieron agravadas por el empeño del Gobierno del Partido Popular y, particularmente, de su ministro canario, de cambiar las reglas del juego a mitad de la partida.
In extremis, casi agotado el mandato del Gobierno del Partido Popular, la presión de los operadores y los requerimientos constantes de alguna de las comunidades autónomas, fundamentalmente Canarias, llevaron a un gesto postrero de apoyo al sector que suponía en la práctica la habilitación de un plazo exiguo para que los operadores se inscribieran en el registro del régimen retributivo específico en estado de preasignación.
Hemos de mostrar nuestra satisfacción, señor presidente, por la diligencia con que el gobierno abordó esta situación. El trabajo realizado en un tiempo récord por los responsables de Industria y Medio Ambiente ha permitido excluir, manteniendo las garantías ambientales, a 19 parques eólicos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, posibilitando a sus promotores acogerse al cupo retributivo establecido.
Asimismo, y fruto de las medidas adoptadas, durante los últimos meses del pasado año se emitieron declaraciones de impacto favorables de 21 parques eólicos más.
El resultado ha sido que se han podido incluir en el cupo 45 parques eólicos, que permitirán cubrir el 21% de la demanda energética.
Una gestión por la que todas y todos nos felicitamos y que nos demuestra que, en muchas ocasiones, los famosos corsés que frenan la inversión no se deben tanto a la normativa, sino a la capacidad de gestión e impulso político.
Y parto de esta última consideración para entrar en el anteproyecto de la Ley del Suelo de Canarias.
En el caso de la reforma a la que me refiero, no cabe dudar de que se acomete condicionada por el convencimiento generalizado de que invertir en Canarias se convierte en una auténtica pesadilla por los condicionantes derivados, fundamentalmente, de la ordenación.
Algo de cierto hay en esa consideración, pero como demuestra el caso al que antes me he referido, una gestión política adecuada es capaz de superar, en buena medida, trámites complejos.
Quiero decir con ello que si es cierto que la legislación canaria sobre el territorio puede adolecer de duplicidades, contradicciones o trámites innecesarios, también es cierta la inercia, cuando no ineficacia, de determinadas administraciones y la falta de impulso político.
Pero, como decía anteriormente, reconozco que nuestra legislación referida a la ordenación necesita una puesta al día.
Va a encontrar apoyo para hacerlo, señor presidente. Mi grupo va a apoyarle de manera decidida en esa tarea para conseguir que ese anteproyecto de su Gobierno se convierta en una ley de todo el Parlamento de Canarias.
Créame, señor presidente: no nos va a bastar con el consenso al que seguro llegaremos los dos partidos que apoyamos su gobierno. Nos vamos a empeñar en buscar el consenso con todas las fuerzas políticas presentes en esta Cámara.
Vamos a buscar la opinión de las organizaciones ambientalistas, la de los operadores del suelo, la de las patronales y sindicatos, la de las administraciones locales e insulares.
El suelo es nuestro recurso más escaso, el más frágil, el que nos permite ser un destino turístico de primer orden, el que sustenta un sector primario modélico en conjugar tecnificación con tradición, el que permite vivir a nuestra población en un entorno amable, construido a escala humana.
Señor presidente, a estos dos grandes retos de la lucha contra el paro y el cambio de modelo económico añadíamos una consideración fundamental: la imprescindible modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que debía haberse revisado para 2014 y que nos está suponiendo una merma anual de de 800 millones desde entonces.
Podría señalarse que no es Canarias la única autonomía en denunciar un trato injusto, pero lo cierto es que disponemos de datos objetivos que señalan la especial debilidad de la financiación de las competencias transferidas a Canarias, algo que se ha agravado enormemente con la práctica desaparición de los convenios Canarias-Estado, por una decisión política del Gobierno del Partido Popular.
No podemos dejar de considerar un elemento imprescindible de nuestra política económica y fiscal, la necesaria reforma del REF.
Con respecto a estas últimas consideraciones, la modificación del REF y la revisión del modelo de financiación autonómica, la urgencia de Canarias y su gobierno por cerrar esas inaplazables reformas, han chocado de bruces con las prioridades que se marcaba el gobierno de España.
Un gobierno de España para el que la agenda canaria no ha existido hasta que su interinidad le ha imposibilitado materializar los acuerdos necesarios.
El calendario electoral estatal, sumado a las dificultades por todas y todos conocidas para formar gobierno, tras el pasado 20 de diciembre, nos colocan en un insatisfactorio compás de espera.
Señor presidente, hoy y desde esta tribuna, le garantizo el compromiso y el apoyo del Partido Socialista en sacar adelante la reforma del sistema de financiación autonómica más justa y el mejor REF para Canarias.
Históricamente, las grandes decisiones que han permitido el reconocimiento de las singularidades Canarias, en España y en Europa, han llevado la impronta del Partido Socialista. Estoy convencida de que un gobierno presidido por Pedro Sánchez será capaz, una vez más, de tratar a Canarias como merece y como necesita.
Lo limitado del tiempo me impide hablar de otras cuestiones que nos hubiera gustado abordar; del sector primario, de la industria cultural; de la inclusión de cláusulas de responsabilidad en la contratación pública; de la Ley del Tercer Sector; pero lo cierto es que todas estas políticas sí están en la agenda del gobierno, y eso es lo importante.
Señorías, mi condición de diputada regional no impide que tenga muy presente que he llegado a esta Cámara en representación de una de las islas menos pobladas de Canarias. Uno de esos territorios en los que la doble insularidad y sus consecuencias adversas no son un concepto teórico, sino una realidad cotidiana.
Pero tengo la inmensa suerte de militar en un partido, el Partido Socialista, que ha hecho bandera de la igualdad entre las personas, de la igualdad y la solidaridad entre los territorios.
Por eso me cuesta mucho entender a quienes parecen haber descubierto, en estos últimos meses, nuestra condición archipielágica y pretenden convertirla en santo y seña propios.
Señorías, la superación de los efectos adversos de la doble insularidad constituye un imperativo ético, por cuanto supone de imprescindible solidaridad. Pero es demasiado seria como para que nadie pretenda patrimonializarla.
Termino, señor presidente, reafirmando el compromiso de apoyo del Grupo Socialista a su gobierno. El apoyo inicial a su gobierno fue consecuencia del pacto que firmaron nuestros partidos. Hoy renovamos ese pacto por la confianza que nos merece la acción de su gobierno, porque aunque algunos hayan pretendido negarlo, estamos trabajando, y amenazamos con seguir trabajando.
Con insatisfacciones en casos concretos, por supuesto. Con diferencias de criterio que hemos resuelto donde y como corresponde, por supuesto también, pero con el convencimiento de que este pacto y este gobierno son buenos para Canarias.
(*) Diputada regional y presidenta del grupo parlamentario socialista