Los servicios mínimos de la huelga de El Pino declarados ilegales en sentencia firme
El Cabildo de Gran Canaria podría tener que hacer frente a indemnizaciones por valor de varios millones de euros por vulnerar el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores del CSS El Pino
EDDC.NET/Las Palmas de Gran Canaria
Ya es firme la sentencia del TSJC que declaró nulos y vulneradores del derecho fundamental a la huelga los servicios mínimos impuestos a los más de 300 trabajadores y trabajadoras del Centro Sociosanitario El Pino, durante la huelga convocada en diciembre de 2022, después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el 10 de julio de 2024 el recurso de casación del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (en adelante IASS).
El abogado de USO-CANARIAS, Alejandro Pérez Peñate destaca que la justicia reconoce así a los trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino -más de un año y medio después de convocar una huelga indefinida por los impagos de la empresa adjudicataria, el Grupo ICOT, la imposición de horarios abusivos vulnerando los descansos de la plantilla y las deficientes condiciones materiales de CSS El Pino-, que los servicios mínimos fueron nulos por ser dictados por un organismo sin competencias para ello (el IASS no posee la naturaleza de autoridad gubernativa), además de inmotivados (la Resolución dictada no ofrecía razón alguna en la aguda restricción del ejercicio del derecho a la huelga).
El IASS, organismo presidido por Isabel Mena Alonso, Consejera de Gobierno de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, vulneró el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores del CSS El Pino, impidiéndoles ejercerlo, al imponer la obligación de prestar servicios a alrededor del 99% de la plantilla.
A mayor abundamiento, tras la primera sentencia que declaraba incompetente al IASS para dictar servicios mínimos, el organismo dirigido por Isabel Mena volvió a dictar otros servicios mínimos idénticamente abusivos, que también fueron anulados por sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Las Palmas de Gran Canaria, dejando patente la voluntad del Cabildo de Gran Canaria de sabotear la huelga de los trabajadores del CSS El Pino.
Jeremías Piñero, responsable de Acción Sindical de USO-CANARIAS, afirmó que «estamos muy satisfechos de que se haya hecho justicia con los trabajadores del CSS El Pino, que son quienes se ocupan de cuidar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las personas mayores dependientes. Además, esperamos que la Consejera Isabel Mena responda políticamente por su ineptitud y su irresponsabilidad, pues su actuación no solo ha vulnerado el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores y trabajadoras de El Pino, sino que le podría costar al Cabildo de Gran Canaria varios millones de euros en indemnizaciones.»
Isabel Aguilar, miembro del Comité de Huelga, indicó al respecto, que: «Esperamos que esta sentencia haga reflexionar también al Presidente del Cabildo, Antonio Morales, que tuvo la poca vergüenza de salir en televisión afirmando que la huelga apenas tenía seguimiento y que el sindicato mayoritario en el centro, USO-CANARIAS, era poco representativo. Ahora se demuestra que el único motivo por el que no pudieron hacer huelga más trabajadores fue la imposición de unos servicios mínimos abusivos e ilegales. Ojalá Morales y Mena sean capaces de disculparse con los trabajadores y trabajadoras del El Pino y de arreglar los innumerables problemas que sigue teniendo el centro, en lugar de actuar como defensores de la empresa ICOT-INSURE»
Texto rueda de prensa
Muchas gracias a los medios por acompañarnos en el día de hoy, ella es Isabel Aguilar, y el Abián Gutiérrez, compañeros del comité de huelga y del comité de empresa, por USO. Yo soy Jeremías Piñero, secretario de acción sindical y comunicación de USO- Canarias.
Aquí estamos por los trabajadores y las trabajadoras, por eso en primer lugar, en nombre de la Unión Sindical Obrera de Canarias, y seguro que también en nombre de la sociedad grancanaria, felicitamos a toda la plantilla del centro socio-sanitario El Pino, porque pese a los retrasos en el pago de sus salarios, pese a los incumplimientos de sus descansos, y pese a no contar con los medios materiales suficientes, realizan una gran labor profesional, y demuestran una gran humanidad, atendiendo de la mejor forma posible a personas dependientes, a nuestros mayores, compensando en parte el maltrato que reciben por la administración pública, debido a las decisiones de sus responsables políticos directos: la consejera delegada, Isabel Mena, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.
En segundo lugar, destacar la labor sindical que las compañeras y compañeros de este centro han canalizado a través de las siglas de nuestro sindicato -USO- y que ha supuesto una lucha por la defensa de sus legítimos derechos y condiciones laborales, a la que sorprendentemente ningún otro sindicato se sumó cuando en diciembre de 2022 convocamos una Huelga, más que justificada. Una huelga que fue desde el principio saboteada por los responsables políticos, que establecieron unos servicios mínimos que entendimos abusivos, dado que fueron del 99%.
En tercer lugar, nos corresponde explicar brevemente la batalla judicial que se abrió, porque el señor Morales no va a convocar una rueda de prensa en la que admita haber perdido contra el sindicato USO. Compañeras y compañeros del centro sociosanitario El Pino y del sindicato USO, la justicia nos ha dado la razón, el presidente Antonio Morales y la consejera Isabel Mena, vulneraron el derecho fundamental a la huelga al imponer unos servicios mínimos nulos y abusivos. Nulos, por ser dictados por un organismo sin competencias para ello, dado que el IASS no posee naturaleza gubernativa. La consejera delegada, Isabel Mena insistió, y volvió a plantear unos servicios mínimos que volvieron a ser anulados por sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria. La causa llegó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que consideró que unos servicios mínimos tan elevados, de casi el 100%, suponían una vulneración del derecho fundamental a la huelga, y debemos recalcar que se trata de un derecho fundamental, como la vida. Sin embargo, Antonio Morales omitia pronunciarse en prensa sobre este caso, pero ordenó al servicio jurídico del cabildo llevarlo hasta las más altas instancias, presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Recurso que fue inadmitido, y que convierte en firme la sentencia del TSJC. Un buen sindicato se defiende en la calle, y también en los tribunales, y desde aquí nuestra enhorabuena a nuestro equipo jurídico, el despacho de abogados de …
En cuarto y último lugar, anunciamos que la Unión Sindical Obrera de Canarias comenzará a partir de hoy a canalizar las reclamaciones a las que cada trabajador tiene
derecho por haberse vulnerado su legítimo derecho a huelga. Por ello, el presidente Antonio Morales y la consejera Isabel Mena, deberían asumir su responsabilidad política y dimitir, porque el cabildo de Gran Canaria se enfrenta a más de un millón de euros en indemnizaciones debido a sus decisiones políticas, tan contrarias a los valores que dicen falsamente defender, poniendo en riesgo incluso la salud del personal y de los internos de este centro sociosanitario. La lucha sindical ha demostrado ser útil contra las injusticias y el abandono. Ante políticos que solo hablan, unión sindical obrera.
