Denuncia Fiscalía: Chira-Soria continúa sin autorización Europea y sin fondos Feder

Los carteles no cumplen con las obligaciones de comunicación, publicidad y difusión que exige la Comisión Europea

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

Tamaranae_Activistas denuncia que, tras la colocación de los carteles de obra de la Central Hidroeléctrica Chira-Soria, se confirma que el proyecto no tiene cofinanciación de fondos europeos. Hace aproximadamente dos meses Red Eléctrica emitió nota de prensa en la que anunciaba que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder aportaba 90 millones de € para la financiación de costes de la central hidroeléctrica.

Los carteles no cumplen con las obligaciones de comunicación, publicidad y difusión que exige la Comisión Europea (emblema, referencia al fondo, lema). Es sabido que los beneficiarios de los fondos asumen la responsabilidad de publicitar, comunicar y difundir los proyectos cofinanciados en aras de garantizar la transparencia y visibilizar el papel determinante de la Unión Europea, por lo que es evidente que el proyecto no está cofinanciado o se incumple una vez más normativa comunitaria.

Asimismo, consideran que si este proyecto fuera imprescindible para la transición energética en islas por los motivos técnicos que conllevan las redes eléctricas aisladas, la Unión Europea habría declarado las centrales de bombeo como Proyecto Importantes de Interés Común Europeo (PIICE), o como Proyecto Piloto de iniciativas gestionadas directamente desde Bruselas, pero esto no ha ocurrido.

Los ecologistas insisten que aún sigue en trámite la solicitud de excepción que presentó la Secretaría de Estado de Energía del Gobierno de España por incumplimiento del ordenamiento jurídico europeo. El proyecto incumple condiciones básicas para garantizar que los mercados de electricidad sean competitivos, integrados, centrados en el consumidor, flexibles, equitativos y transparentes.

Red Eléctrica puede construir líneas y subestaciones eléctricas porque esa es su función por ley: transportar energía y gestionar la red eléctrica, pero no puede construir centrales hidroeléctricas de bombeo reversible para almacenar energía, está prohibido por el artículo 54 de la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad de la Unión Europea que establece “Los gestores de redes de transporte no poseerán, desarrollarán, gestionarán o explotarán instalaciones de almacenamiento de energía”, con esto se evita posiciones dominantes de una empresa, control sobre el mercado, subvenciones cruzadas y previene el conflicto de interés.

Los activistas consideran que las autorizaciones concedidas a Red Eléctrica por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria-Consejo Insular de Aguas, genera ventajas competitivas sobre una única empresa (REE) y tecnología (centrales de bombeo) y distorsiona el mercado al recaer el almacenamiento de energía a gran escala en una única empresa.

Critican también la constante manipulación política y mediática que ha ejercido el pacto de las flores para sacar adelante este proyecto en beneficio de la multinacional; y aprovechan para confirmar que la obra no estará finalizada en 2026 como han dicho; como muy pronto finalizará en 2030, tal y como refleja el plazo de ejecución que figura en el cartel de obras.

Los activistas, a la vista de la colocación de los carteles, barracones de obra, acopio de materiales y la llegada de nueva maquinaria pesada al Barranco de Arguineguín, han denunciado hoy (23/03/2023) a la Fiscalía Provincial de Las Palmas posible delito de prevaricación al permitir ejecutar obras, aun a sabiendas que no se dispone de la autorización de la Unión Europea.

Es evidente que este proyecto no tiene como finalidad luchar contra el cambio climático, su objetivo es político y empresarial. Hay alternativas tecnológicas para alcanzar los objetivos de almacenar, estabilizar la red e integrar energía renovable.

Para Tamaranae_activistas es prioritario proteger el patrimonio natural y cultural canario, proteger todos los espacios de la red natura afectados y las especies endémicas amenazadas.

Seguirán defendiendo el Barranco de Arguineguín y a sus habitantes, que ni si quiera han sido compensados económicamente; y exigen a las administraciones públicas que cumplan con los principios del Pacto Verde Europeo: una transición ecológica justa con el territorio y la naturaleza.