Denucian graves irregularidades en la contratación en el IASS
Se han detectado presuntas contrataciones irregulares en las que se excluye al personal cualificado
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Santa Cruz de Tenerife
Las presuntas irregularidades ponen en serio riesgo la calidad del servicio a personas que requieren del mejor trato posible
Sindicato USO y plantilla plantean asimismo medidas cuyo cumplimiento exigen aplicar inmediatamente
El sindicato USO-Canarias apoya las reivindicaciones de trabajadores y trabajadores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, que han presentado denuncias formales contra la política de contratación temporal del organismo. Las prácticas cuestionadas afectan directamente a la atención de menores en hogares de acogida y a mujeres víctimas de violencia de género, servicios que requieren especialización, ética profesional y cumplimiento riguroso de la legalidad.
Contratos limitados y exclusión de personal cualificado
La medida impuesta por el IASS, que limita a dos contratos eventuales por categoría al año, está dejando fuera a trabajadores con experiencia y formación acreditada. Esta restricción, sin base legal en el Estatuto Básico del Empleado Público ni en la legislación laboral, ha provocado el bloqueo de las listas de contratación en momentos críticos de necesidad.
Mientras tanto, se están incorporando personas fuera de las bolsas oficiales y sin convocatorias transparentes, muchas de ellas sin haber superado un proceso público basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, como exige la Constitución Española. Esta situación no solo vulnera el acceso justo al empleo público, sino que socava la confianza en el sistema de contratación del propio IASS.
Formación inadecuada: una amenaza para la calidad del servicio
Lo más grave, denuncian los trabajadores, es que la formación mínima exigible para acceder al puesto de Técnico Especialista Educativo es el Bachillerato, pese a que las funciones del cargo exigen intervención directa con menores en situación de maltrato, abuso o desprotección, y con mujeres víctimas de violencia de género.
“Este trabajo requiere perfiles técnicos como Integración Social, Educación Infantil o Igualdad de Género. Permitir el acceso sin esa preparación no solo es una irresponsabilidad, es un atentado contra la calidad del servicio público”, señalan.
Desde el colectivo se reconoce que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del IASS contempla el Bachillerato como requisito mínimo, y que hasta la fecha su aplicación es legalmente legítima. Sin embargo, insisten en que esta decisión no es ética ni profesionalmente aceptable para un servicio que actúa directamente sobre poblaciones profundamente dañadas por situaciones de violencia, abandono o trauma. La falta de exigencia formativa específica devalúa el perfil técnico del puesto y pone en riesgo la calidad de la intervención social.
La medida contradice los estándares europeos del Plan Bolonia y el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), y atenta contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una atención social de calidad.
Reclamaciones formales y denuncia ante Inspección de Trabajo
Los trabajadores afectados han presentado reclamaciones internas ante la dirección del IASS solicitando la retirada de la medida restrictiva, y han interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por presunto abuso de la contratación eventual y falta de transparencia.
“No es solo un problema legal, es una cuestión ética. La falta de personal cualificado pone en riesgo la seguridad y recuperación de personas vulnerables”, concluyen.
Exigencia de medidas inmediatas
Entre las medidas que USO y la plantilla exigen al IASS se encuentran la retirada inmediata de los límites arbitrarios en la contratación; la revisión urgente de los criterios de acceso, adaptándolos a las exigencias técnicas del puesto; y la adopción de medidas de contratación basadas en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lo cual implica además la reincorporación de profesionales que pasaron convocatorias oficiales y han quedado fuera por falta de llamamientos, y la utilización de procedimientos a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) que garanticen objetividad y legalidad en la selección.
