OESP exige al Gobierno y a las Comunidades Autónomas una reacción urgente para proteger a la industria sanitaria española

Ante la decisión de la UE de restringir el acceso de empresas chinas a licitaciones públicas

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Asturias

La Unión Europea ha dado un paso decisivo: por primera vez aplicará el Instrumento Internacional de Contratación Pública (IPI) para restringir el acceso de empresas chinas a licitaciones públicas sanitarias superiores a cinco millones de euros. Esta medida, aprobada por los 27 Estados miembros y aún en fase de aplicación definitiva, responde a la negativa del Gobierno chino de permitir el acceso real de empresas europeas a su propio mercado sanitario, una discriminación que se arrastra desde hace años y que ha sido confirmada por una investigación oficial de la Comisión Europea.

Desde OESP, Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y Otros Productos Sanitarios, valoramos esta acción como un avance importante hacia la reciprocidad y la protección del tejido industrial europeo, pero advertimos que de nada servirá si España y sus Comunidades Autónomas no acompañan esta iniciativa con decisiones reales, valientes y coherentes.

Llevamos años denunciando la grave desprotección que sufre la industria nacional frente a modelos de producción masiva que opera sin garantías sanitarias, laborales ni medioambientales, y sin acceso recíproco. Mientras China considera estratégicos sus productos sanitarios y protege a sus fabricantes, en España se ha permitido que el precio lo justifique todo, incluso a costa de nuestra capacidad de respuesta y soberanía sanitaria.

Más del 90% de las fábricas nacidas durante la pandemia han cerrado

Los datos son tan contundentes como inaceptables: más del 90% de las fábricas sanitarias que surgieron en nuestro país durante la pandemia han cerrado, por falta de apoyo institucional, por el abandono de las administraciones y por un modelo de contratación pública que sigue premiando a operadores sin arraigo, sin trazabilidad y, en muchos casos, sin garantías mínimas.

España y sus comunidades autónomas deben reaccionar ya

Desde OESP exigimos que esta acción de la Unión Europea se traduzca inmediatamente en medidas internas reales, tanto a nivel estatal como autonómico. La pasividad institucional —especialmente en muchas CC.AA.— no solo está perjudicando al tejido productivo nacional, sino que impide el desarrollo industrial de regiones ultra periféricas como Canarias, que cuentan con herramientas legales específicas que no se están aplicando correctamente.

La Ley de Contratos del Sector Público permite incluir criterios sociales, medioambientales y regionales, que podrían fomentar el producto nacional, el empleo de calidad y la sostenibilidad.

Pero ni el Estado ni las autonomías están utilizando esos mecanismos de forma efectiva. Esa inacción nos está haciendo perder empleo, industria y capacidad estratégica.

Desde OESP reclamamos:

• Una reforma urgente y vinculante del modelo de contratación pública sanitaria, que elimine el sesgo sistemático contra el producto nacional.

• La protección activa de las fábricas españolas, con planes específicos para zonas industriales clave y regiones ultra periféricas.

• La reforma inmediata de la Ley 36/2015 y del sistema RECAPI, para alinearlos con la nueva estrategia europea de seguridad económica.

• Un cambio real y valiente en el enfoque de compra pública por parte de las comunidades autónomas, que deben dejar de aplicar la normativa de forma restrictiva y empezar a usarla para proteger lo que se fabrica aquí.

Oportunidad histórica

Europa ha reaccionado. Ahora es el momento de que España y sus comunidades autónomas dejen de mirar hacia otro lado. No hablamos solo de contratos o licitaciones: hablamos de dignidad industrial, de empleo, de soberanía productiva y de capacidad de respuesta ante futuras crisis sanitarias.

Desde OESP, seguiremos trabajando con firmeza, responsabilidad y transparencia, defendiendo a quienes apuestan por producir en España con los más altos estándares de calidad y legalidad. No pedimos privilegios. Pedimos condiciones justas para competir en nuestro propio país.