El TSJC pone coto a los encargos urbanísticos directos a Gesplan en dos sentencias clave en menos de un mes

Desde el COA se recuerda que el fin inicial de esta empresa pública era actuar “solo en caso de necesidad urgente” y no de forma sistemática, tal y como viene sucediendo en la actualidad

ELDIGITALDECANARIAS.NET/Santa Cruz de Tenerife

El abuso de esta práctica por parte de las administraciones públicas supone un impacto directo en los estudios de arquitectura de las Islas, ya que las adjudicaciones directas impiden la libre concurrencia  

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) da la razón al Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro en dos sentencias consecutivas que marcan un antes y un después en la contratación de servicios urbanísticos por parte de los ayuntamientos del Archipiélago a la empresa pública GESPLAN. Ambas resoluciones implican la nula ejecución de los encargos realizados, en este caso, por el Ayuntamiento de Candelaria y el de San Juan de la Rambla.  

Desde el COA se hace hincapié en que la figura de GESPLAN, como medio propio, se está usando de manera sistemática por las instituciones públicas llevando a cabo adjudicaciones directas y evitando, de esta manera, el procedimiento de libre concurso. Sin embargo, si bien es cierto, que la normativa permite acudir al medio propio esto solo se justifica en términos de eficiencia, rapidez y control institucional.  

En ambas sentencias emitidas por el TSJC se alude a la ausencia de informe que demuestren la mayor eficiencia de GESPLAN para ejecutar los encargos referidos frente a las posibles opciones que puede ofrecer el mercado libre. Desde el COA se apunta al matiz que aportan ambas resoluciones en las que se detalla, además, que dicha justificación debe ser clara, objetiva y acreditada.  

La institución colegial manifiesta que la postura del TSJC supone un “aviso contundente” para las instituciones públicas a las que se les hace una clara advertencia sobre la obligación de documentar rigurosamente los motivos por los que no se inicia una licitación.  

Canarias, un futuro sin arquitectos 
 
El abuso de esta práctica por parte de las administraciones públicas supone un impacto directo en los estudios de arquitectura de las Islas, ya que las adjudicaciones directas impiden la libre concurrencia a través de un procedimiento concursal abierto, público y sujeto a determinadas exigencias y criterios legales y profesionales.  

Una cuestión que preocupa al COA ya que la profesión corre el riesgo de quedar “estancada y limitada” a las directrices empresariales de un “mastodonte empresarial”, que está absorbiendo especialmente a los jóvenes arquitectos, que ven la incorporación a la empresa pública como una oportunidad, sin ser, en muchos casos, conscientes de la repercusión profesional que puede tener la firma de un proyecto.  

Además, la adjudicación directa de los proyectos sin pasar por la libre concurrencia supone una merma en la calidad de los proyectos, perjudicando finalmente a la ciudadanía para las cuales son ejecutados. En este sentido, desde el COA se recuerda que las licitaciones públicas actúan como garante en este sentido, al tratarse de un procedimiento abierto en el que los diferentes estudios están obligados a presentar sus mejores ofertas. Algo que no sucede con la adjudicación directa.  

Asimismo, desde una perspectiva de planeamiento del territorio, y teniendo en cuenta el gran desafío que afronta actualmente Canarias, la redacción de los planes urbanísticos sin concurso previo implica una homogeneización de las medidas y soluciones planteadas, sin tener en cuenta la diversidad de nuestro territorio.  

15.000 profesionales siguen esperando una respuesta del Gobierno de Canarias tras la firma del manifiesto en abril de 2023 

En abril de 2023, los colegios y asociaciones profesionales de Canarias, excepto el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Santa Cruz de Tenerife, firmaron un manifiesto en el que se denunciaba la adjudicación directa y reiterada de sus obras y servicios a las empresas públicas pertenecientes al Gobierno de Canarias.  
 
Un documento que recogía las siguientes reivindicaciones:  

• El fin de la práctica generalizada de las adjudicaciones directas a las empresas públicas, restringiéndolas a casos realmente justificados y necesarios.  

• El refuerzo de los servicios técnicos y administrativos de contratación de las administraciones.  

• La reconsideración de la legislación en materia de contratación que, incorporando los principios básicos de fomento de la competencia, debe orientarse hacia una simplificación y racionalización de procedimientos que evite la paralización administrativa que atenaza nuestras administraciones.