Air Europa deposita 21 millones en el juzgado para afrontar el fraude de los billetes

Una de las cinco grandes auditoras rastreará la emisión de miles de billetes a Canarias

EDDC.NET / Madrid

Globalia ha depositado 21 millones de euros en la Audiencia Nacional para afrontar las posibles responsabilidades por el supuesto fraude de los billetes con descuento a las islas, Ceuta y Melilla. Y lo ha hecho voluntariamente, es decir, sin que el juez que investiga el caso, Eloy Velasco, se lo haya reclamado. El grupo al que pertenece la aerolínea Air Europa ha encargado, además, una investigación interna a una de las cinco grandes auditoras. Su objetivo es que el magistrado compare sus conclusiones con las pesquisas realizadas por la dirección general de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, para comprobar si se produjo el delito, según ha publicado El Confidencial.com.

La investigación realizada por Fomento llegó a la conclusión de que el ‘holding’ que preside Juan José Hidalgo -que además de la compañía aérea aglutina a Halcón Viajes y Viajes Ecuador, entre otras- habría defraudado 13,5 millones de euros, cantidad que Air Europa devolvió de inmediato para poner fin al expediente.

Según la fiscalía de la Audiencia Nacional, la aerolínea habría estado vendiendo miles de billetes a las islas, Ceuta y Melilla a bajo coste para luego informar a Fomento de que su precio era el de tarifa. De este modo, Air Europa cobraba indebidamente la subvención del 50% del precio de los billetes para esos territorios.

Desde Globalia confirman que la compañía ha encargado además una investigación interna para tratar de esclarecer el supuesto fraude. La empresa se niega a desvelar cuál es la auditora que llevará esas indagaciones, aunque asegura que se encuentra entre las cinco grandes y no es la que habitualmente audita sus operaciones.

El objetivo es que el juez pueda comparar sus resultados con los de la investigación de Aviación Civil para determinar si efectivamente se produjo el fraude. Con esa auditoría externa y la consignación de avales por 21 millones en el juzgado, el ‘holding’ trata de mostrar una actitud cooperadora con la investigación judicial.

El Código Penal permite a los responsables de fraudes en las subvenciones ver reducida su pena en uno o dos grados siempre que, antes de que transcurran dos meses desde que sean citados, reintegren la suma supuestamente defraudada más los correspondientes intereses de demora y reconozcan judicialmente los hechos. En ese caso, la pena prevista, de uno a cinco años de prisión, se quedaría en una horquilla de entre tres meses y un año, con lo que los acusados no entrarían en ningún caso en la cárcel. El juez mantiene imputados a Hidalgo y al director comercial de Air Europa, Richard Clark.

Los dos directivos ya han comparecido ante Velasco. Hidalgo se defendió argumentando que la ley -que calificó de anticuada, al haber sido aprobada hace más de 50 años, cuando solo existía una aerolínea- permite diferentes interpretaciones en cuanto a la tarificación de los billetes. Clark, sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar. Por el momento, el instructor no ha imputado al resto de miembros de la cúpula de la aerolínea: ni a la directora general, María José Hidalgo, ni al anterior director general y actual responsable de Halcón Viajes, José María Hoyos.

Desde la compañía aseguran haber colaborado desde el principio tanto con la investigación realizada por los peritos de Aviación Civil como con la Audiencia Nacional. Insisten en que nunca ha habido mala fe por parte de Air Europa en la emisión de los billetes y aseguran, como declaró el propio Hidalgo, que se trata únicamente de un problema de interpretación de la ley. Aun así, admiten que, si han causado algún daño, harán frente al mismo.

Globalia ya abonó el pasado noviembre 13,5 millones de euros a Fomento por los billetes con los que presuntamente se cometió el fraude y que fueron emitidos por las distintas sociedades del grupo desde 2009. Ese reintegro cerró la investigación que Aviación Civil había abierto en marzo de 2013, justo después de que la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) denunciara la supuesta estafa. Fomento, que analizó más de seis millones de billetes, concluyó que la mencionada cantidad se correspondía con el dinero que el conglomerado que preside Hidalgo había cobrado indebidamente.

La CEAV también denunció los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ordenó a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía abrir una investigación al tiempo que denunciaba el fraude ante el juez Velasco. El Ministerio Público explicó al juez que la aerolínea había vendido billetes a las islas a bajo coste para luego declarar a Fomento que se habían vendido a su precio de tarifa. Así, la aerolínea cobraba indebidamente la subvención del 50% establecida para esos billetes.

El presunto fraude supuso una novedad para Aviación Civil, que hasta el momento no se había enfrentado a hechos parecidos. El organismo puso a un grupo de funcionarios prácticamente a tiempo completo a rastrear billete por billete, labor que se alargó durante dos ejercicios. No solo indagaron los pasajes del grupo de Hidalgo; también los de una veintena de aerolíneas que hacían el trayecto a las islas, Ceuta y Melilla. Sin embargo, concluyeron que el fraude solo se produjo en Air Europa y en una pequeña compañía canaria.