El dueño de Disa, compañía emblemática en Canarias, Demetrio Carceller Coll, tejió su trama fiscal desde Panamá durante 20 años
Durante dos décadas fue cliente del despacho jurídico Mossack Fonseca
EDDC.NET / Madrid
Desde hace más de 20 años, los Carceller son clientes de Mossack Fonseca, el despacho panameño especialista en crear sociedades ‘offshore’ para ayudar a clientes de todo el mundo a ocultar su dinero, y cuyos secretos están siendo desvelados por El Confidencial y La Sexta, gracias a una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 'Süddeustche Zeitung'.
En España, entre sus principales clientes está Demetrio Carceller Coll, una de las mayores fortunas de nuestro país, cuyo patrimonio se reparte entre gigantes como la cervecera Damm y la petrolera Disa Corporación, entre otras compañías conocidas.
Los papeles de Mossack Fonseca desvelan que, al menos desde 1995, tanto el padre como sus hijos constituyeron varias sociedades ‘offshore, primero en Niue, un pequeño Estado situado en una isla del Pacífico Sur, y posteriormente en Samoa, país ubicado en otro archipiélago de la región.
En concreto, Demetrio Carceller Coll está detrás de Siwenna Holding, Moterhorn y Vanderbilt; Demetrio Carceller Arce, de Vance Corporation (rebautizada como Vance Brokerage y donde su padre tenía poderes generales); José Carceller Arce, de Gloucester Investment; Carmen Carceller Arce, de Nuka BV, y María Carceller Arce, de Orsingen GMBH.
La Agencia Tributaria tiene conocimiento de algunas de estas sociedades desde hace una década, cuando intervino un bufete, despacho del que se valía Mossack-Fonseca para captar clientes en nuestro país, e incautó gran cantidad de documentos sobre las empresas 'offshore' de los Carceller. Sobre las acciones legales que se tomaron contra los hijos, en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz dictó sobreseimiento libre en 2011 porque “de lo actuado no aparece debidamente justificada la concurrencia de la responsabilidad criminal inicialmente imputada a los acusados”, según recoge el auto al que ha tenido acceso este medio.
Las sociedades de las hermanas Carceller Arce fueron objeto de una exhaustiva investigación por la Agencia Tributaria en el marco de las mismas diligencias previas 222/2006, donde se concluyó que no había existido ningún hecho delictivo, motivo por el cual ni se les citó a declarar y tampoco se les impuso sanción alguna, según el informe Carta Magna de la Agencia Tributaria.
En cambio, el mismo juzgado número 5 continuó adelante con la investigación contra las sociedades del padre, Demetrio Carceller Coll, pesquisas que han terminado derivando en la apertura de juicio contra él por presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, vista cuya fecha se ha retrasado en varias ocasiones por la delicada salud del empresario, que se encuentra en situación de incapacidad.
Tras años de investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha conseguido llevar ante el juez a Demetrio Carceller Coll y a uno de sus hijos por considerarle colaborador necesario. El patriarca de la saga se enfrenta a una pena de 48 años y seis meses de cárcel, y su hijo a otra de 14 años, tras haber tenido que hacer frente a una fianza de 476 millones y 236 millones de euros, respectivamente.
Anticorrupción les acusa de haber creado un complejo entramado societario, que incluye sociedades en paraísos fiscales, dirigido a ocultar su patrimonio a la Hacienda Pública. Los papeles de Mossack Fonseca subrayan estas sospechas y reflejan cómo, durante dos décadas, Carceller tejió una red de empresas ‘offshore’ con las que operó todo ese tiempo.
Ese grupo de sociedades se registraron en la década de los noventa en Niue, y entre 2006 y 2007 se redomiciliaron en Samoa, debido a que la primera modificó su régimen fiscal y dejó de resultar atractiva como paraíso fiscal. De hecho, en documentos del año 2000, aparece cómo el bufete Pretus solicitaba información sobre jurisdicciones como Seychelles y Hong Kong, para analizar cuál tenía el régimen más ventajoso, y el despacho panameño recomendaba Samoa.
Misma operativa que en el caso Mora
Entre las sociedades que la Justicia sentencia que estaban creadas para este fin, figuran Tilia Serviços LDA, Caribbean Marinas Serviços, Brigthleaf Gestao e Serviços Internacionais LDA y Tictom Ventures. Estas tres entidades aparecen también en los papeles de Mossack Fonseca por su relación con las sociedades de la familia Carceller, con las que mantenían una operativa muy similar a la recogida en la sentencia firme que condenó a Mora y Uriach.
En el caso de Siwenna, sus lazos son con Caribbean Marinas y se remontan a 1995, cuando se solicita su constitución como empresa en Niue, con acciones al portador a favor de Caribbean. Ese mismo año, también se utilizó esta empresa 'offshore' para adquirir las compañías españolas Ribera de Odiel y Residencial Saltés, controladas a su vez por Carceller Coll, una operación que se realizó en Suiza con poderes al abogado Ignacio Rubio del Pino.
Los Carceller movieron todas sus sociedades ‘offshore’ de Niue a Samoa entre los años 2006 y 2007, cuando la primera modificó su régimen fiscal
Por su parte, Orsingen, Nuka y Gloucester financiaron en el año 2000 a Tilia con 25 millones de pesetas de la época (150.230 euros) cada una, dinero destinado a financiar un préstamo ('profit-related loan'), garantizado por la sociedad Pradillo 62 SL, en relación con el desarrollo inmobiliario del terreno localizado en la calle Pradillo 62-64, antigua sede de Unedisa y del gimnasio del que era habitual el entonces presidente José María Aznar.
La sociedad Pradillo 62 SL era propiedad al 100% de Josefina Carceller Coll, según aparece en el registro. En 2004, la empresa Refara Corp, de las Islas Vírgenes, compró a Tilia sus derechos de cobro con Nuka y Orsingen, y la Agencia Tributaria investigó si detrás de esta operativa se escondía la transmisión del inmueble con el menor coste fiscal posible.
Una operativa similar mantenía Vance con Brigthleaf, ya que la primera firmó varios acuerdos de préstamo con la segunda, dinero que la segunda recibía con el objetivo de adquirir acciones, bonos y otros activos y el compromiso de, llegada la fecha pactada, devolver el préstamo junto a la correspondiente ganancia.
Cinco años después de que la Agencia Tributaria incautara documentación en el bufete barcelonés, entre 2010 y 2011, el grueso de estas sociedades fueron clausuradas y cesó su actividad.
