La directora del Instituto de la Vivienda nombra al hijo del funcionario público Francisco Troya Ferrer que tasaba las casas sociales con su empresa Gartropa

Emilio Martín Garrido (*)

Si para este humilde escritor este texto enunciador es grave, imagínense la historia que narraba esta madre desahuciada con 20 geos, a palos a todo aquel que se movía por allí. Y la justicia de Canarias mirando para otro sitio, tanto el señor Barragán como sus colegas. La  madre promovió, al enterarse del nombramiento de este funcionario una queja al consejero de Justicia e Igualdad, y al Parlamento.

Esta es la historia de toda la corrupción de este PSOE

El día 1 de marzo 2012, estaba previsto el desahucio de  Soraya Sánchez Rodríguez, con sus cuatro hijos. Estaba de alcalde el socialista Ángel Víctor Torres. Ella  se perpetro y atrinchero,  para no dejar la casa. Como solo vinieron dos personas desistieron y se fueron para vivienda. A las 13:00, se presentaron dos empleados, que creyendo vacío el piso se fueron pero dijeron que era de la empresa Gartropa. Así Soraya se enteró de todo lo que este funcionario Troya hacía con su empresa,  y  además, este Troya Ferrer, para más InRI, era incompatible con ese puesto, según el director de la Función Pública.   

Ante esta denuncia de Canarias 7, se le ocurre a Inés Rojas decirle a la periodista que rectifique, en vez de darle una patada al funcionario. La periodista le dijo que todo era verdad y que para eso están las demandas. Inés Rojas y ni el mismo Troya hizo nada. Ya antes un fiscal había pedido dos años para este funcionario.

Soraya emprendió sus denuncias por justicia contra la corrupción de este funcionario, con pruebas de hasta falsificación de la firma del Director de la vivienda Jerónimo Fregel, calibrada por un peri. Además,  mantenía a su hijo, el hoy nombrado en justicia,  en un despacho en la calle León y Castillo  núm. 228,  vendiendo casas sociales cuando allí figuraba Empresa Alonso Garran, esta empresa solo tenía que cobrar alquileres. Es más fue obligado por una señora que fue a pagar 8.000 euros a que le firmara la compra de la vivienda en el despacho del director de la Vivienda, y no en el despacho de este.  Esta empresa quedo debiendo 2 millones de euros a Vivienda ¿Quién se llevó esos dos millones? 

Una mano movió los hilos para que se archivara todo

Soraya por medio del abogado Nicolás Santana inicio denuncias  Pero aquí, gracias a la divina providencia  intervino el Fiscal general de Canarias señor Guillermo García Panasco, como cuñado de este funcionario, que debió de apartarse y no lo hizo, y empezó a archivar, archivar, menudo verbo. El abogado de Soraya, lo denuncio a su jefe Vicente Garrido y toma archivo. ¿Fue cooperativismo y ayuda divina? Vete tú a saber el caso es que Soraya desde el 2005 está esperando justicia. Es más, todavía está esa madre peleando con la designación de un abogado de oficio que nunca esta y que fue denunciado. Vamos un galimatías, todos  estos arropando las corrupciones del PSOE. Y ahora viene la historia de cómo le abrieron expediente de desahucio, vean a los corruptos como tratan a la gente o a la sociedad Esta es la historia sacada de Onda Guanche que escribió al Diputado del Común.

Si el Diputado del Común dice que hay corrupción en Vivienda, entonces qué paso con la mujer de Arucas, la señora Soraya Sánchez Rodríguez que con cuatro hijos menores, la desahucio su jefe de servicio,  Troya Ferrer (pongo este caso porque su departamento está demandado por esta señora). Esta mujer recibió una casa como adjudicataria de la vivienda el día 5 de junio 2005, en la calle Goya núm. 16, según el artículo 47 de la Constitución Española. Ella ocupó esa casa, porque el jefe de Servicio le había pedido (a través de los servicios Sociales) que, por favor le diera la casa donde vivía antiguamente (Casa Terrera, sin escaleras) para dejársela a un discapacitado en silla de ruedas. Soraya accedió a esa petición. Todo este trámite, se estuvo haciendo, a través de llamadas por móvil, (se hace hincapié en este detalle, puesto que siempre la tenían localizada). Y seis meses después de esperar esta mujer que le dijeran lo que tenía que pagar- ya que solicitó , una bajada de la cuota mensual de 200 euros, por estar en paro) le abren una resolución para desahuciarla que, “supuestamente”, recibió un hijo menor de 15 años. Todo esto es anecdótico porque esta familia lleva un proceso de demanda, y, aquí lo que interesa, es las supuestas ilegalidades de la gestión de la señora Inés Rojas. El que la está desahuciando y amenazando a dicha señora Soraya, es un jefe de Servicio que es incompatible con su puesto de trabajo, (con prueba de ello por escrito del director general de la Función pública Aarón Afonso González), donde dice textualmente: “El funcionario Juan Francisco Troya Ferrer, no tiene concedida la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada. y este señor es director de la Empresa Gartropa SL, que su significado es: García-Troya-Panasco SL. Este jefe de servicio lleva así desde el año 1999, y, sin que nadie lo remedie, desahuciando familias.

Y ahora, como cosa grandiosa,  tiene la socialista María Isabel Santana Marrero, la desfachatez de nombrar al hijo de este incompetente funcionario como funcionario de los Servicio Jurídicos del Instituto de la Vivienda. 

(*) Articulista