El reto de subir el SMI: justicia social sin asfixiar a las empresas
Agoney Melián (*)
Garantizar salarios dignos es imprescindible, pero sin apoyo a las empresas el progreso puede convertirse en un obstáculo para el empleo y el desarrollo económico
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido uno de los temas más relevantes en las políticas laborales de los últimos años. Desde 2018, el SMI ha crecido un 54%, pasando de 735,90 € a los 1.134 € actuales. Este aumento responde a una realidad innegable: la vida es cada vez más cara. La inflación acumulada, el encarecimiento de la energía y los alimentos golpean continuamente a las familias, y garantizar un salario digno es un paso necesario hacia la justicia social.
Pero esta medida no puede analizarse de manera aislada. Existe otra cara de la moneda: las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que representan el 99,8% del tejido empresarial español, según el Ministerio de Industria. Si ignoramos sus necesidades, ¿quién garantizará el empleo que todos defendemos?
El desafío canario, una balanza desequilibrada
La subida del SMI tiene un impacto directo sobre los costes empresariales, que ya enfrentan una situación crítica, y en Canarias este reto es especialmente complejo. Nuestra economía depende de un modelo estacional basado en el turismo y el comercio, sectores que no solo son vulnerables a la inflación y los sobrecostes generales, sino que además enfrentan barreras propias derivadas de la insularidad.
El transporte, la energía y el acceso a materias primas en Canarias son más caros que en el resto del territorio nacional. Esto coloca a nuestras empresas en una posición de fragilidad
(*) Presidente de AJE Canarias
