Inmigración: 30 años de claudicación
Vizago (*)
El mes pasado se cumplieron treinta años desde aquel 28 de agosto de 1994 cuando por primera vez arribó en Canarias una patera con dos inmigrantes. Si en aquel entonces nos hubieran dicho que durante los siguientes treinta años vendrían cientos de miles de africanos a nuestras costas, que se instauraría un entramado de inmigración ilegal tanto a un lado del mar como al otro, que sólo una proporción insignificante e irrisoria de inmigrantes sería devuelta a su país, que alentados por la permisividad de nuestras autoridades muchos perecerían en el trayecto, hubiéramos considerado tal pronóstico del todo inverosímil, por la sencilla razón de haber en el estado español gobierno cuyo ineludible deber sería evitar por los medios necesarios tal desmán.
Nos hemos acostumbrado a oir a políticos y a periodistas hablar del “fenómeno migratorio” y del “repunte migratorio”. Más allá de los eufemismos, cualquier persona con una noción de la historia reconocerá lo que estamos viviendo: un movimiento de población desde África a Canarias, España y Europa. La magnitud del problema es esgrimida por los gobernantes no como una razón para atajarlo, impidiendo la llegada de más inmigrantes ilegales, sino como motivo de resignación. Durante estas tres décadas los persistentes mensajes de la clase política y los medios de comunicación afines al poder nos han anestesiado a aceptar lo intolerable.
En 1994 no había en Canarias ningún menor extranjero no acompañado. Tal concepto era desconocido y habría suscitado por sentido común la necesidad de devolver al menor a su familia o en su defecto a las autoridades de su país de origen o país de tránsito desde el que llegó al archipiélago. La idea de que por el mero hecho de haber llegado ilegalmente a nuestra costa el contribuyente adquiere la responsabilidad de su manutención hubiera sido descabellada. También lo hubiera sido que una vez cumplida la mayoría de edad se otorgarse un permiso de residencia con opción a que legalmente su familia se traslade de África y se instale en Canarias.
En 2019 había ya 300 menores extranjeros no acompañados en canarias. En 2021 eran 2,700 y el Gobierno de Canarias se declaraba desbordado. Actualmente hay en Canarias cerca de 6.000. Este gradual incremento refleja también el aumento exponencial en el número de inmigrantes ilegales adultos.
Los cambios graduales pueden ser insidiosos. Si pones una rana en un caldero con agua caliente la rana, por instinto, salta fuera del caldero. Si pones la rana en el caldero cuando el agua está aún fría y vas subiendo la temperatura gradualmente, la rana muere sin darse cuenta de lo que le ha sucedido.
En estos treinta años la política migratoria de los gobiernos que han ostentado el poder ha sido prácticamente idéntica. En lo esencial se caracteriza por una pusilánime dejación del deber de garantizar la integridad de las fronteras. En consecuencia, se ha querido hacer del quebrantamiento sistemático de la ley de extranjería un derecho.
Esto conviene a una clase política incapaz. También conviene a un cada vez mayor entramado de ONGs financiadas con dinero público que viven de la inmigración ilegal. Pan para hoy y hambre para mañana.
Últimamente hemos visto la escenificación del postureo político entre PSOE y PP. En realidad ambos están de acuerdo en lo fundamental: seguir otorgando la permanencia en España a prácticamente todo aquel que alcancen nuestras costas de forma ilegal.
Por su parte, el ejecutivo canario reclama el reparto obligatorio de menores extranjeros entre las comunidades autónomas. Actualmente, hay ya tres comunidades que se declaran saturadas (Canarias, Catalunya y Baleares). El cortoplacismo de nuestros políticos les impide preguntarse ¿cuánto tiempo transcurriría antes de que se colmara el vaso en el resto de comunidades? ¿y luego qué? Limitando su horizonte a sus cuatro años de mandato, a nuestros gobernantes no les interesa tener una visión a largo plazo. Ya serán otros quienes lidien con el problema que hoy se genera.
Canarias requiere urgentemente un alivio ante la presión migratoria que sufre. Ello, de forma puntual sólo puede ser ofrecido por otras comunidades del estado. Pero extender el problema a otras comunidades no puede ser la base de la respuesta ante una avalancha de inmigración ilegal.
Esencialmente, en materia de inmigración ilegal hay dos tipos de postura. Quienes creemos que se deben tomar medidas efectivas para pararla ahora y quienes consideran que para tomar tales medidas hay que esperar a que la situación sea aún más insostenible y los problemas generados ineludibles. Esta última es la postura cómoda de nuestros políticos.
Sólo garantizando que ningún inmigrante ilegal podrá permanecer en España se pondrá fin al tráfico de personas.
EL elefante en la habitación
El continente africano está experimentando una explosión demográfica. Su población en 1960 era de 283 millones. Actualmente es de 1.500 millones – es decir, se ha multiplicado por cinco. Según la ONU, en el año 2050 rondará los 2,500 millones y continuará creciendo. De esto no se quiere hablar. Se considera de mal gusto. La inopia es más atractiva.
De continuar como hasta ahora, la avalancha migratoria en Canarias es el preludio del cambio de esfera geopolítica del archipiélago pasando de Europa a África. Ello no es inevitable. Depende de las respuestas que actualmente se den.
A las puertas de un continente en ebullición, nuestro pequeño archipiélago ha sido durante los últimos cinco siglos un lugar excepcional, en buena medida debido a su singularidad demográfica. Ahora, en un par de décadas, nuestros gobernantes están desdibujando cinco siglos de historia.
Durante los últimos treinta años han sobrado los pronunciamientos y ha faltado la acción eficaz. En 2021 Margarita Robles (Ministra de Defensa) declaró “vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras". La ministra Robles acierta al identificar la integridad de las fronteras como algo que tiene que ser garantizado por todos los medios necesarios. Donde falla es en llevar a la práctica sus declaraciones. Hacer falsas promesas es lo que degrada la democracia y produce cinismo entre la población. Los medios de comunicación calificaron el pronunciamiento de Margarita Robles como “contundente”. Ahora sabemos que la contundencia era paja.
Según El País, casi un 70% de jóvenes considera que el sistema democrático en España se deteriora. Un 26% de los jóvenes varones prefiere en algunas circunstancias el autoritarismo a la democracia. De forma semiconsciente corremos el riesgo de perder las libertades que tanto costó conquistar.
Los pronósticos institucionales anuncian que la llegada de inmigrantes ilegales no sólo va a continuar sino que se va a acelerar. Es por tanto irresponsable no mirar al futuro y preguntarse ¿Qué ocurrirá de seguir las cosas como hasta ahora? ¿A dónde nos llevaría seguir transitando por la misma senda?
Uno de los principales bulos institucionales referentes a la inmigración ilegal es que todos vienen huyendo de la guerra y del hambre. Decenas de miles de marroquíes han llegado en patera a España en los últimos años. ¿Hay guerra o hambre en Marruecos?
El hambre no se soluciona transfiriendo la población sino enviando alimentos allá donde hacen falta. En cualquier caso, quienes en África tienen los recursos para pagar miles de euros a las mafias y vienen con teléfono móvil no son quienes pasan hambre.
Las personas que necesitan huir de situaciones de conflicto podrían hacerlo a países vecinos con lazos culturales, con financiación de la Unión Europea. El asilo político no puede utilizarse como vehículo para justificar el transvase de segmentos de población de un continente a otro.
Una de las falacias más habituales en torno a la inmigración es la idea de que nadie arriesgaría su vida o la de sus hijos en una patera si el no hacerlo no entrañara un peligro aún mayor. Esto es falso. Desde hace ya tiempo todos los años decenas de miles de inmigrantes extra-comunitarios cruzan el Canal de la Mancha en patera para emigrar desde Francia a Inglaterra. Ninguna de estas personas pasaba hambre o huía de la guerra en Francia. No obstante, consideraron que en vez de permanecer en Francia, vivir en el Reino Unido sería preferible. Esta es una ruta sumamente peligrosa y muchos migrantes mueren ahogados: 45 en lo que va de año. ¿Significa ello que los británicos deben observar impasibles como sus leyes de inmigración son sistemáticamente violadas y además proveer alojamiento, manutención, servicios de salud, etc. a quienes decidieron que Inglaterra es preferible a Francia?
Se ha querido inculcar la idea de que los inmigrantes tienen derecho a decidir donde quieren vivir y las comunidades a las que llegan tienen el deber de aceptarlo sin oportunidad de pronunciarse al respecto o que ello no cuente para nada.
La posición oficial del gobierno es que hay que parar la inmigración en los países de origen. A tal efecto, el gobierno español y la UE pagan una cantidad ingente de dinero a los gobiernos africanos. Es decir, estas personas que están intentando emigrar a Europa son consideradas como inmigrantes no deseados cuya partida hay que evitar. Cuando aún están en las aguas territoriales de su país siguen siendo considerados inmigrantes indeseados. Pero en algún momento durante la travesía se produce una transformación. Estas mismas personas pasan a ser víctimas y “refugiados” con derecho a permanecer en España y moverse libremente a cualquier lugar de la Unión Europea. Quizás el momento preciso en el que se produce tal transformación sea una vez se ha efectuado la correspondiente llamada a la ONG española para que vayan a “rescatarlos”.
El discurso del gobierno y los medios es incongruente. Por una parte acusan a las mafias de inmigración de “aprovecharse” de los inmigrantes. Por otra parte, dicen que los inmigrantes tienen motivo para emigrar y por lo tanto España debe “acogerlos”. Si se considera que los inmigrantes africanos tienen motivo legítimo para venir a España y derecho a permanecer, entonces habría que concluir que las mafias les están prestando un servicio necesario.
La ideología de claudicación ante la inmigración ilegal se fundamenta en una paradójica combinación de pusilanimidad y sentido de superioridad frente a la cultura y creencias del inmigrante. Implícitamente se considera que la democracia liberal occidental es manifiestamente superior y por tanto será preferida pore el inmigrante a las costumbres y cultura de su país. Se asume que la integración del inmigrante es cuestión de tiempo. La experiencia de cualquier país europeo desmiente esta suposición. Algunos inmigrantes se integran y otros no. El rechazo a los valores y all estilo de vida occidental puede ir acompañado del aferramiento a la cultura del país de origen. Por ejemplo, inmigrantes de Gambia en Reino Unido financian la campaña para volver a legalizar en su país la mutilación genital femenina (ilegal desde 2015, pese a lo cual se sigue siendo ampliamente practicada).
En términos generales hay una innegable diferencia entre el grado de integración de un inmigrante africano musulmán y un inmigrante latinoamericano con quien nos une lazos culturales y lingüísticos.
Paripé
Una vez más el presidente del gobierno ha viajado a África para hablar de inmigración. Más allá de los pronunciamientos y las fotos, si miramos las cifras vemos que a lo largo de los años, después de cada visita del presidente del gobierno o del ministro del interior a países africanos, con el consiguiente desembolso de millones de euros, la inmigración ilegal ha seguido creciendo. En cualquier otro ámbito se denominaría fracaso.
El presidente del gobierno habló de “migración circular”. Es decir, la llegada ordenada y con permiso de trabajo de inmigrantes para suplir las necesidades de ciertos sectores de la economía y una vez finalizado el contrato el regreso a su país de origen. Un concepto sensato. Pero una cosa es enunciar una idea y otra es llevarla a cabo. En cualquier caso, la inmigración circular por sí sola no pondría freno a la inmigración ilegal.
Europa
La permisividad del gobierno español ante la inmigración ilegal ha ido acompañada del conocimiento de que una parte de los inmigrantes terminarán en otros países europeos.
La irresponsabilidad de la política migratoria tiene el potencial de dinamitar los cimientos de la UE. Lo vemos en los partidos euro-escépticos que responsabilizan a Bruselas de la inmigración masiva. Lo vemos también en la vuelta al control interno de fronteras dentro de la UE como respuesta al descontrol de la inmigración extra-comunitaria. La semana pasada, Alemania ha sido el último país en introducir controles. Austria, Polonia y Paises Bajos ya han registrado sus protestas contra Alemania por el perjuicio que ello les reporta.
La libre circulación dentro de la UE se basaba en fronteras exteriores seguras
No somos pocos quienes nos hemos beneficiado del acuerdo de libre circulación dentro de la UE. Pero el tratado de Maastricht no incluía a Senegal, Marruecos o Mali. ¿Significa ello que la política comunitaria debería discriminar a países no comunitarios? Por supuesto. De hecho, ya lo hace, al menos en la letra. La única novedad es la voluntad manifiesta de las élites europeas de permitir el quebrantamiento de las leyes comunitarias con casi total impunidad a todo aquel que ponga pie en territorio europeo.
No sólo la UE sino todos los países del mundo tienen su legislación estipulando quien puede entrar en el país y durante cuanto tiempo. Tampoco es inusual que países limítrofes y con afinidad cultural firmen acuerdos otorgando a sus ciudadanos mayor facilidad para moverse a través de sus fronteras.
En 2021, durante la pandemia de Covid-19, el gobierno de España prohibió la entrada en España de cualquier persona procedente de Reino Unido. Mientras, se aceptaba la llegada ilegal de cualquier persona procedente de cualquier parte de África. No sólo se permitía la entrada en España sino que se financiaba su estancia en hotel con pensión completa. Luego vimos las fotos de las fiestas y bailes para inmigrantes organizadas por una ONG, mientras al ciudadano no se le permitía que visitase a su madre.
En las elecciones al parlamento europeo del pasado mes de junio la ultraderecha fue la fuerza más votada en Francia y la segunda fuerza en Alemania. En otros países europeos ya ostenta el poder. Hay varias causas por las que a lo largo del continente la extrema derecha está en auge. Pero no cabe duda de que el rechazo a la inmigración masiva está en la base de su apoyo popular. Cualquier estadista moderado y sensato sacaría conclusiones. En España ocurre lo contrario. El pasado día 5 de septiembre la ministra de migraciones se vanagloriaba de haber otorgado durante el último año y medio permiso de residencia a más de 300,000 inmigrantes en base a una reforma de la ley de extranjería impulsada por su gobierno.
Las diferencias en materia migratoria entre PSOE y PP son negligibles y meramente de matiz. Ello en buena medida ha dado lugar a que en las instituciones españolas haya irrumpido un partido de extrema derecha. Algo impensable hace apenas unos años.
Y así llegamos al momento presente: personas de clase trabajadora votándole a partidos de extrema derecha que van en contra de sus intereses. ¿Cómo se explica que en Europa haya un creciente número de ciudadanos que le otorgan su representación a partidos cuyos programas estipulan la privatización de servicios públicos, el negacionismo climático, y políticas económicas que acrecientan las desigualdades?
En política la autocrítica puede ser interpretada como un signo de debilidad. Pero creo que desde el ámbito progresista no es sólo sano sino necesario. Son aún pocos quienes desde la izquierda se han atrevido a cuestionar el dogma de fe acerca de las virtudes del multiculturalismo y la inmigración masiva. En España, quizás sea Jorge Vestrynge la voz más destacada y elocuente que lo ha hecho.
Homo Economicus
Las ciencias sociales han desarrollado el concepto de homo economicus, es decir, el ser humano como ser racional que tiende a elegir dentro de las posibles opciones aquella que revierte de mayor modo en su bienestar material.
Sin embargo, el discurso oficial tiende a despojar al inmigrante africano de su capacidad racional para presentarlo exclusivamente en el papel de víctima. Si reconocemos que como todo ser humano el africano es un ser racional que mira por su interés y el de su familia obtenemos una visión más completa y menos unidimensional del “fenómeno migratorio”. Es perfectamente racional que una familia africana con 6 hijos decida enviar a un hijo adolescente a Europa. Ello no sólo aliviará la carga familiar sino que además abrirá futuras posibilidades para el resto de la familia a través de la “reagrupación familiar”.
Es entre otras cosas por esto que la xenofobia y el racismo no tienen sentido. Los inmigrantes ilegales que vemos en cada vez en mayor número han hecho lo que cualquiera de nosotros haría en similares circunstancias. La ira no debe ir nunca dirigida contra el inmigrante por el hecho de serlo, sino contra nuestros ineptos políticos que no tienen la menor intención de tomar las medidas necesarias para defender el interés general.
A mar revuelta…
¿Cui bono? En todas las crisis hay quienes se benefician. La llamada crisis migratoria no es una excepción.
El reino de Marruecos es un actor principal. No sólo de forma activa permitiendo o restringiendo la salida de pateras según la coyuntura sino también jugando una partida a largo plazo. El tiempo está de su parte. Cada semana que pasa el número de inmigrantes magrebíes y subsaharianos en Canarias aumenta. Mientras, PSOE y PP se acusan mutuamente. Ya lo dijo públicamente en 2020 el primer ministro marroquí Saadeddine El Othman: lo primero es consolidar la anexión del Sahara y luego nos ocuparemos de Ceuta y Melilla. La respuesta del gobierno español fue llamar a consulta a la embajadora marroquí y seguir con la misma política migratoria como si nada. Ese mismo año Marruecos validó dos leyes para ampliar su demarcación de aguas territoriales. No es descabellado pensar que Canarias también está en los designios del reino alauí a largo plazo. Ya estamos viendo signos de ello: conocidos políticos canarios en fila y con la copa en alto rindiendo pleitesía en un brindis en honor al dictador Mohamed VI.
Marruecos ha demostrado en la práctica que está dispuesto a utilizar la inmigración como método de presión a España para obtener concesiones territoriales respecto al Sahara ocupado. También ha espiado los teléfonos del presidente del gobierno español y de ministros a través del spyware israelí Pegasus.
Se dice que las decenas de miles de marroquíes que han llegado ha Canarias en los últimos años huyen de las faltas de oportunidades en su país. El régimen marroquí podría implementar una política social que beneficie a su pueblo. Desde 2019 el gasto militar marroquí se ha disparado. El pasado mes se anunció la compra por parte de Marruecos a su aliado estratégico, Israel, de dos satélites militares espías Ofek 13 de última generación por un coste de mil millones de dólares. La fortuna personal del rey Mohamed VI y su familia es una de las mayores del continente africano, con intereses comerciales en docenas de países. Para que todo continúe por su cauce y las empresas del IBEX 35 continúen obteniendo beneficios en el reino alauí, en nuestras ciudades y pueblos deben proliferar las mezquitas. Mientras, desde el poder nos hablan de solidaridad y humanitarismo.
Beneficiarias son también las mafias de inmigración cuyo poder es cada vez mayor. La inmigración ilegal es ya un negocio más lucrativo que el tráfico de drogas. Si cada inmigrante paga ente 2.500 y 4.000€, una patera media con 100 personas supone un beneficio enorme. Las mafias de inmigración no sólo están asentadas en los países emisores sino ahora también en los de destino. En Canarias la policía ha desarticulado algunas redes que probablemente sean sólo la punta del iceberg.
Aunque se quiera revestir de un supuesto humanitarismo, la inmigración masiva es parte del programa neoliberal según el cual las sociedades y los pueblos no existen. Lo único real son los mercados y los consumidores. Por tanto, da lo mismo que sean españoles o inmigrantes mientras jueguen su papel en el sistema de producción y consumo que genera grandes beneficios para unos pocos y la precariedad para la masa asalariada.
Ya se han privatizado casi todas las empresas públicas que fueron creadas con el sudor de generaciones de españoles. Ahora, con una tasa de desempleo en España del 11,5% y del 25,5% en menores de 25 años se nos dice que hay que fomentar el asentamiento de personas del tercer mundo para que una proporción de ellos se vean abocados a hacer los trabajos mal remunerados y precarios que están vacantes. En esto están de acuerdo PSOE y PP.
La regulación de precios y salarios en base a la ley de la oferta y la demanda es un pilar del sistema capitalista y de la economía de mercado. En base a ello, los empresarios tendrían que subir los salarios y mejorar las condiciones de los puestos vacantes. Abogando por la inmigración masiva pueden mantener sus beneficios sin hacer concesiones a la clase trabajadora. No es de extrañar que las grandes compañías conformen el principal lobby a favor de la inmigración masiva. Tampoco es de extrañar que sea la gente más humilde quienes más se oponen a ella. No sólo ven irreconociblemente transformados sus barrios sino además mermada su capacidad de negociación frente al empresario.
La apuesta por la inmigración masiva supone una renuncia a intentar solventar los problemas sociales de fondo como la baja natalidad o el acceso a la vivienda. Se recurre a la importación de mano de obra barata. De tal modo a los problemas existentes se añade otro de mayor calibre, creando nuevas bolsas de marginación y pobreza. El previsible recorte de libertades y autoritarismo frente a los problemas sociales generados nos afectará a todos.
Déficit democrático
Estamos con nuestros propios ojos viendo algo que apenas dos décadas atrás hubiera sido impensable: la paulatina africanización del archipiélago canario. Los miles de inmigrantes ilegales hoy en el archipiélago podrán pasar a ser miles de familias, en base a la “reagrupación familiar” y como resultado de los cambios legislativos implementados por el gobierno en los últimos años. Estamos asistiendo al establecimiento de las bases para la progresiva transformación de la demografía del archipiélago. Si ello se hubiese querido llevar a cabo de manera deliberada no podría haberse hecho de mejor manera.
Un aspecto aberrante de lo que está ocurriendo es su carácter antidemocrático. La paulatina africanización del archipiélago está teniendo lugar en contra de los deseos y la voluntad mayoritaria de los canarios como muestran las encuestas de opinión. Esta transformación de nuestra sociedad se efectúa a través de un mecanismo cuyos agentes son por un lado las mafias y por el otro la pasividad, cuando no la connivencia, del gobierno. Este proceso se escapa del control democrático. En función de tantos o cuantos miles de africanos las mafias decidan embarcar, el gobierno desviará del erario público los correspondientes recursos.
Canarias seguirá recibiendo dinero a cambio de facilitar el asentamiento de población africana en el archipiélago.
Tras décadas de lucha durante el franquismo, por la libertad y la soberanía popular, en unos pocos años una camarilla de políticos ineptos conculcan el derecho del pueblo a decidir sobre su presente y su futuro. El cambio irreversible que estamos experimentando en nuestra sociedad es mucho más significativo que cualquier cambio de siglas del partido en el poder. Sin embargo, no hay mecanismo democrático para que el pueblo exprese su voluntad ante la avalancha migratoria. Se impone la lógica de los hechos consumados. Quienes se oponen a la política migratoria del gobierno no lo hacen tanto respecto a quienes ya están aquí, como a los cientos de miles que están aún por llegar.
A falta de un partido político que represente los intereses de los canarios debemos ejercer presión desde la sociedad civil en cualquier esfera en que podamos hacerlo. Las manifestaciones populares del pasado 6 de julio en Canarias bajo el lema “inmigración: de solidarios a engañados” pese al bloqueo mediático y el fracasado intento de un grupo de abogados de prohibirla, fue un éxito. Asistieron miles de personas de izquierda y de derecha. La política y el partidismo quedaron transcendidos por la necesidad de defender nuestra tierra. En un ambiente festivo y reivindicativo. Se emitió un mensaje claro: Canarias dice basta.
(*) Articulista
