El caso de los ERE, uff…pa nueve años y para cuando el caso de Soraya Sánchez Rodríguez
Emiliano Martín Garrido (*)
La sentencia de los ERE llega más de ocho años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción de la macrocausa, que surgió de las investigaciones iniciadas por las presuntas irregularidades detectadas en los ERE llevados a cabo en la empresa pública Mercasevilla, ¡AH todavia nadie en la cárcel!
Soraya Sánchez acudió al fiscal Vicente Garrido (menudo corporativo este), a última hora al fiscal General, a la Reina. Nada: todo el mundo tapaba al gerente de la Vivienda que según Aarón Afonso González no tenía concedida compatibilidad para el ejercicio de sus funciones. Aqui abajo les muestro un pequeño resumen de un artículo de florentino Pérez en Onda Guanche
EL diputado del Común Jerónimo Saavedra acusa al gobierno canario de opacidad en vivienda y poca transparencia
El señor diputado con esta denuncia al Parlamento canario y su afirmación: “hay momentos en los que da la sensación de que se establecen determinados poderes o favores en las listas en la ponderación en la fase concurso y oposición”. Quiero añadir desde estas lineas que la culpable es la consejera señora Inés Rojas, porque, aparte del lamentable sorteo 113 viviendas para 3.416 inscritos, el día 27 de marzo, en el Palacio de Deportes de las Palmas y, ante un desconcierto tremendo de personas, y que algunos lo califican de el “Bingo Indecente”. Se puede decir que ni la suerte tiene injusticia, ni la felicidad se reserva para los elegidos, ni la desesperación de muchos a los que no le tocaron. Todo se resumen a una mala gestión de la consejera doña Inés Rojas y la culpable de este fenomenal desaguisado.
Señor diputado, la consejera siempre alega que no desahucia a nadie porque el gobierno tiene un presupuesto para ayudar a las gentes necesitadas. Entonces qué paso con la mujer de Arucas, la señora Soraya Sánchez Rodríguez que con cuatro hijos menores, la desahucio su jefe de Servicio Troya Ferrer (pongo este caso porque su departamento está demandado por esta señora). Esta mujer recibió una casa como adjudicataria de la vivienda el día 5 de Junio 2005, en la calle Goya número 16, según el artículo 47 de La Constitución Española.
Ella ocupó esa casa, porque el jefe de Servicio le había pedido (a través de los servicios Sociales) que, por favor le diera la casa donde vivía antiguamente (casa Terrera, sin escaleras) para dejársela a un discapacitado en silla de ruedas. Soraya accedió a esa petición. Todo este trámite, se estuvo haciendo, a través de llamadas por móvil, (se hace hincapié en este detalle, puesto que siempre la tenían localizada). Y seis meses después de esperar esta mujer que le dijeran lo que tenía que pagar- ya que solicitó, una bajada de la cuota mensual de 200 euros, por estar en paro) le abren una resolución para desahuciarla que “supuestamente”, recibió un hijo menor de 15 años. Todo esto es anecdótico porque esta familia lleva un proceso de demanda, y, aquí lo que interesa, es la ignominia de estos socialistas.
¿Se acuerdan de aquellos Lodos? Yo recuerdo la madre de 4 niños en Arucas que fue violentada en el 2011 con 22 geos y votada a la calle siendo, y siendo alcalde de Arucas Víctor Torres un socialista, nada de Franco, nada de derecha, un sociata. Ese asunto fue muy grave, pero el fiscal miro para otro lado dado que el funcionario señor Troya falsifico la firma del director de la Vivienda, y este era su cuñado, menuda familia
Aquí lo que interesa, es las supuestas ilegalidades de la gestión de la señora Inés Rojas. El que la está desahuciando y amenazando a dicha señora Soraya, es un jefe de Servicio que es incompatible con su puesto de trabajo, (con prueba de ello por escrito del director general de la Función pública Aarón Afonso González), donde dice textualmente: “el funcionario Juan Troya Ferrer, no tiene concedida la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada” y este señor es director de la empresa Gartropa SL, que su significado es: García-Troya-Panasco S. L. Este jefe de servicio lleva así desde el año 1999, y sin que nadie lo remedie, desahuciando familias.
El día 20 de agosto de 2012, salió en Canarias 7, que el jefe de servicio Troya Ferrer, desahuciaba las casas y las tasabas con su empresa Gartropa SL ¿Qué hizo la señora? Pedirle a la periodista del Canarias 7 que retirara dicho artículo. Y cuando la periodista dijo que no, la consejera solo se atrevió a abrirle un expediente a su jefe de servicio. No se entiende como no fue a la fiscalía, dado que este jefe estaba prevaricando y más que un fiscal de Las Palmas le había pedido dos años de cárcel por otra prevaricación ocurrida anteriormente de esto. Además de esto que se denuncia, el jefe de Servicio tenía a su hijo David Troya con un despacho en la misma oficina, donde estaba la empresa que se dedicaba al cobro de alquiler de un parque de 15.000 viviendas (Empresa “Alonso Garran”). Dado que esto no es muy normal y que esta empresa dejó al Instituto de la Vivienda, una deuda de 2 millones de euros, ¿Por qué no presento estas pruebas a la fiscalía y al Parlamento? Por último señor diputado del Común, no podemos olvidar lo que esta madre denuncia que la casa que le adjudicaron valía sólo 5.000 euros y le pidieron 40.000 euros ¿Es esto normal? ¿Dónde iba ese dinero? En conclusión: No me extraña absolutamente nada que se este formando esa plataforma de solicitantes de viviendas contra el sorteo que la consejera propuso y tampoco que en su día el Parlamento canario no le pida explicaciones a ella. Señor diputado del Común usted fue clarito en el Parlamento. Ahora hace falta que se investigue todo porque la señora consejera se mueve en cuestiones de trasparencia, sobre una a finísima linde que media entre lo falso y lo ilegal.
De todo esto que se escribía sobre Soraya Sánchez, ahora viene lo bueno, resulta que Vivienda ha nombrado al hijo del señor Troya adjunto al jefe de Servicio, o sea un posible relevo del padre Troya Ferrer. O sea un hijo que tenía un despacho en León y Castillo, que cuando salió en el periódico Canarias 7 lo de que su padre Tasaba las casas, la Ines Roja cerro todo aquello de oficinas en León y Castillo, que se habían quedado con dos millones de euros y que cerraron todo y sin investigar denunciaron a la empresa Alonso Garran que llevaba los alquileres sociales de esas casas, que como se explicó se vendían en ese despacho del hijo de Troya Ferrer, toma del frasco Carrasco. Todo esto fue ayer denunciado por Soraya al consejero de Justicia -.
(*) Articulista