Llamamiento a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Francisco Rivera Vega (*)

De notable impacto mediático han sido las actuaciones de la dirección general de Deportes del gobierno de Canarias en el cese de la Junta de Gobierno de la Federación de Lucha Canaria y convocando elecciones para sustituirla. Pero, sobre todo, ha sido notable por colocar, mientras tanto, una comisión gestora para desempeñar las funciones de la junta. La dirección general dice haber actuado en el ejercicio de las competencias de tutela de las funciones de interés general en el ámbito deportivo, que tiene encomendadas la federación.

Pero, lo cierto es que la dirección general ha adoptado todas sus decisiones, que esperamos aclare la Justicia, a iniciativa de unos miembros de junta de gobierno, que para censurar a la totalidad de la Junta de Gobierno emplearon el mecanismo fraudulento de dimitir en bloque, en lugar de presentar una moción de censura, como está contemplado en los estatutos de la federación. Se usó la dimisión, que es un acto personal, como acto colectivo, defraudando el debate de la asamblea que, al efecto, está previsto en los estatutos.

Con las dimisiones, la junta debería quedar sin quórum y estar, por tanto, abocada a elecciones. Pero no fue así, porque los dimisionarios fueron sustituidos por los suplentes, como está previsto estatutariamente, permitiendo el funcionamiento normal de la junta. No obstante, la dirección general de Deportes no lo interpretó así, sino que se inclinó hacia la posición de los dimisionarios de la Junta de Gobierno, y procedió a cesar al resto de los miembros de la Junta de Gobierno, pese a tener  quórum, y a convocar elecciones, colocando como comisión gestora, precisamente, a los miembros dimisionarios de la propia junta, desvelando así el complot urdido por los dimitidos y la propia Dirección General para sustituir a la Junta de Gobierno: los que se van de la Junta de Gobierno por dimisión no lo hacen individualmente por motivos personales, sino con el propósito colectivo de sustituir ellos mismos a la junta cesada, desvelando que la causa de la dimisión no era en realidad su cese sino propiciar el cese de los otros, en un uso del Derecho no alternativo, sino notoriamente fraudulento.

Aunque los sujetos activos de la operación, y los favorecidos por ella, son los dimisionarios de la propia junta para crear un vacío de poder que pudieran después ocupar, resulta que la actriz principal es la dirección general de Deportes, que les ha seguido en todo, incumpliendo su misión constitucional de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La Dirección General ha actuado con arbitrariedad, y arbitrariedad política al servir de instrumento para una crisis política.

Sin embargo, no puede extrañar el comportamiento de la dirección general, si se atiende a que su titular no cumple los requisitos legalmente exigibles para desempeñarla. La Dirección General de Deportes no es un órgano del Gobierno, sino de la Administración, que, como hemos visto, ha de desempeñar sus tareas con neutralidad —objetividad y legalidad—. En la Administración General del Estado, para preservar esa neutralidad y garantizar la profesionalidad de quienes las gestionan, las direcciones generales son cubiertas entre funcionarios de carrera de nivel superior, y así está establecido para la dirección general de Deportes, integrada en el Consejo Superior de Deportes, sin salvedades ni excepciones, para garantizar que las funciones de tutela del interés general deportivo se ejercen de acuerdo con la ley. Este régimen es aplicable a la Comunidad Autónoma de Canarias, porque está orientado a preservar valores constitucionales, y porque la legislación del Estado se aplica supletoriamente en Canarias en caso de vacío legal, tanto porque así lo dice la Constitución como porque la Ley que regula el gobierno de Canarias establece, expresamente, que para lo no previsto en la Ley serán de aplicación la disposiciones legales del Estado en la materia, equiparándose los órganos estatal y autonómico por analogía de sus funciones.

El director general de deportes, autor —no coautor, porque es el máximo responsable— de una crisis legal sin precedentes con raíces claramente políticas, no cumple el perfil exigido en la ley para desempeñar su cargo. No solo no es funcionario de nivel superior, grupo A1, sino que nunca podría serlo por no tener la habilitación académica suficiente. En el portal de transparencia del Gobierno de Canarias sus títulos son de Educación Primaria y de entrenador de fútbol. Precisamente en la práctica del fútbol ha sido una persona muy querida y respetada, en Tenerife y en Las Palmas, porque defendió muy dignamente la portería de los dos equipos representativos. Pero eso no le capacita para las tareas de gestión administrativa de nivel superior que tiene encomendadas por su cargo, y que en la Administración del Estado, como también ha de ser en la Comunidad Autónoma, están reservadas a funcionarios de carrera del grupo A1.

La crisis de la Federación de Lucha Canaria está ahora pendiente de que la viceconsejería resuelva un recurso de alzada. Pero parece que está abocada a una decisión jurisdiccional que podría haberse evitado si la dirección general de Deportes hubiese actuado con verdadera profesionalidad, siguiendo pautas de formación gestora, y no haciéndose eco de las maniobras de los dimisionarios.

Otro dato relevante es la inclusión de todos los dimisionarios en la junta de gobierno salida de la convocatoria de elecciones provocada por la decisión del director general de deportes. Por eso se puede hacer un llamamiento a la consejera para que resuelva este desorden y reconduzca a la dirección general de Deportes al orden legal, en su provisión y en su funcionamiento.

(*) Articulista