Los y las trabajadores/as del Centro Sociosanitario El Pino convocan una huelga indefinida a partir del 6 de diciembre de 2022

Por el impago de la actualización salarial acordada, las amenazas de externalización de servicios, la imposición de turnos y jornadas abusivos por parte de la patronal

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajadores del CSS El Pino llaman a la huelga indefinida en el centro a partir del próximo 6 de diciembre de 2022 a causa de los continuados incumplimientos de sus derechos por parte de la empresa adjudicataria de la gestión del centro público, la UTE ICOT-INSURE, S.L. 

ICOT-INSURE continúa sin pagar la parte de los salarios que adeuda a la plantilla desde 2021, tras no realizar la actualización salarial pactada; impone a los trabajadores turnos y jornadas abusivas que incumplen los descansos diarios y semanales obligatorios; mantiene el material de trabajo (camas, grúas, sillas de ruedas...) en mal estado, incrementando el riesgo de accidentes laborales y perjudicando a los usuarios; y, recientemente, amenaza con una externalización de servicios que supondrá el deterioro de las condiciones laborales de una parte importante de la plantilla, así como la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de la calidad de la atención a los usuarios. 

Todo esto con la complicidad del Cabildo de Gran Canaria que, siendo conocedor de la situación, no solo la consiente sino que redacta un nuevo pliego de condiciones a medida de ICOT-INSURE, abriendo la puerta a la externalización de servicios y a un mayor deterioro de la calidad de las condiciones de los trabajadores del Pino y, en última instancia, de la calidad de la atención a las personas mayores dependientes que son usuarias de este centro público. 

La huelga indefinida ha sido convocada por USO-CANARIAS, sindicato mayoritario en El Pino, invitando expresamente al resto de sindicatos con implantación en el centro a secundarla. USO-CANARIAS apoyará a los trabajadores de El Pino en las medidas que colectivamente tomen para defender sus derechos y reivindicar que el bienestar de la plantilla y de los usuarios, personas dependendientes con algún trastorno de salud mental, alzheimer u otras demencias, está por encima de la avaricia empresarial y las políticas de un Cabildo que parece más interesado en erosionar los servicios públicos que en atender dignamente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.