El consejero socialista Julio Pérez ataca, coarta y va en contra de las Policías Locales a golpe de decretos injustos, además de no tenerlas en cuenta para nada

El sindicato STAP-Canarias revela que ha provocado un déficit enorme de mandos en escala y provisión al no resolver el derecho a la promoción profesional

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

La Ley de coordinación de Policías Locales de Canarias tendría que haber sufrido una modificación y actualización establecido así en la Ley 2/2008, de 28 de mayo del Cuerpo General de Policía Canaria, y que lleva un vergonzoso retraso de 14 años, y cuyo resultado son los graves perjuicios al sostenimiento de las Policías Locales en Canarias y que sobrepasa los 1.000 efectivos de carencia, y ha dilapidado la carrera profesional provocando otro déficit enorme de mandos en escala y provisión entre otras razones porque no han resuelto el derecho a la promoción profesional a través de los cursos o Formación debidamente homologados con el Estado o el ministerio de Educación, (como si han hecho otros Cuerpos de Seguridad o Autonomías), lo que motiva que en Canarias salvo que algún agente tenga la posibilidad de disponer o hacerse con un grado Universitario terminado, situación complicada para la inmensa mayoría, no se podrá acceder ni por la vía de urgente necesidad a puestos de superior categoría como serían puestos de subinspector (antes sargentos) o Inspectores (antes suboficiales), como si fue posible anteriormente con el Bachiller Superior, equivalentes o cursos de dispensa hoy inservibles.

Es algo inaudito que para la escala de mando al igual que para la superior sean necesarios y exigibles títulos universitarios sin opción a la carrera profesional interna ni de años o antigüedad en el Cuerpo dejando tirados sin opciones a muchos policías y oficiales que perfectamente podrían acceder si existiera tal formación homologada. Y porque obviamente en tan errónea estructura de mandos encorsetada, quien tenga grado universitario preferirá optar a puestos superiores (Inspectores, Subcomisarios, Comisarios, Jefes...) que esforzar o rivalizar con puestos inferiores a sus posibilidades, creando otra limitación más a la cobertura en el escalafón que pudiéndose, no se ha querido resolver por los mandatarios que hacen las leyes en Canarias. Una dejadez de tantas en nuestro sistema legal que ya tiene consecuencias hoy día más las venideras.

A esto hay que añadir la dejadez de la propia Ley obsoleta con la posibilidad de dar salida a los puestos adaptados en las Policías Locales y también los puestos de segunda actividad, ya que dichos policías harían una función importante dentro de los colectivos en las áreas o cometidos burocráticos o de apoyo logístico y funcional en la organización de las Policías Locales, y nada de eso existe de manera regulada y con garantías.

Hoy día incluso muchos policías se pierden en los procesos al verse limitados físicamente por enfermedad o edad y los mandan a tribunal médico para una incapacidad para que se marchen del cuerpo aún incluso jóvenes, o hacia una prejubilación muchas veces desincentivada o forzados a estar en las calles con edad avanzada en otra clamorosa dejadez e incongruencia de éste peculiar sistema legal tan desinteresadamente olvidado en un cajón desastre.

Desaprovechando así muchos recursos policiales con las dificultades y coste que conlleva formarlos y cualificarlos durante décadas para desinteresarse tan irresponsablemente cuando más experiencia y conocimientos de la profesión tienen, perdiéndose sus capacidades y posibles aportaciones en el olvido incomprensiblemente.

La formación profesional en la actualidad limitada a cursos concretos y formación  para escasos efectivos ofrecida por el gobierno autónomo es otra grave chapuza y carencia que igualmente afecta a los Cuerpos de Policía más cercanos, recurrentes, preventivos y necesarios en la seguridad de Canarias y para los ciudadanos.

Otra situación que no llega o se regula indebidamente son determinados derechos de aplicación en los acuerdos para las corporaciones como son la falta de existencia en ley territorial para poderles otorgar retribuciones o compensaciones con garantías como serían premios, pluses, que permitan pagarles jubilaciones al final de carrera que es cuando más necesitan apoyo por pasar a situación de mayor vulnerabilidad, algo extensible a los funcionarios de Canarias por aplicación de ley de función pública canaria y evitar o sortear esos vacíos a los que se agarran los políticos para no pagar o los juzgados a tumbar derechos que generan grandes agravios con otros sectores públicos como los laborales o cualquier otros trabajadores de empresas privadas o públicas distintas que tienen consolidado esos derechos en su fuero retributivo o incluso los privilegios políticos siempre tan distantes de los trabajadores.

Habría que actualizar varios artículos obsoletos como los pases a segunda actividad a partir de 57 años y otros tantos por modificación legislativa entre otras adecuaciones puntuales y estaríamos ante una más que interesante Ley de Coordinación que dignifique a éstos Cuerpos Locales, sin perjuicio de las aportaciones de otras organizaciones y entidades sociales o corporativas para llegar a una Ley que hasta ahora por venir proyectándose en despachos  o con limitada representaciones de  éstos colectivos solo han generado textos inservibles, incoherentes, de gran incompetencia, de exigencias o requisitos que dificultan o bloquean aún más la difícil labor y desempeños de los agentes de la PL como la destructiva norma 20/20 entre otras prendas y resoluciones que debería adecuarse o abolirse para no generar aún más obstáculos a la existencia y continuidad de un Cuerpo de Policía actualmente en riesgo de extinción o limitación a mínimos históricos con crecientes agravios laborales y profesionales, desmotivaciones crecientes, destrucción de su sistema interno especialmente en cuerpos con relevancia por su número de efectivos y peculiar estructura, formación y cualificación paralizada o delimitada gravemente, etc...., y aunque ahora por esas graves necesidades se pretenda facilitar o rebajar los requisitos de acceso para estimular la integración, si ello no va acompañado de normas internas de desarrollo y sostenimiento eficientes, mejorar sus estructuras, derechos y aprovechamiento, todo eso solo será parchear o maquillar una deficitaria realidad.

Otra alarmante situación es la falta de reconocimientos públicos y valoración de la gran labor que hacen los Policías Locales en la sociedad y sus actuaciones, y que no encuentra el reflejo en los políticos y autoridades o en los medios que reconocen a otros cuerpos Policiales o Colectivos ante situaciones de emergencia como los incendios, pandemia, catástrofes y demás incidencias donde ni se les nombra a diferencia de otros actores con menos relevancia o implicación en los hechos y que han sido vanagloriados.

Sin duda las policías locales necesitan un cambio de tendencia en Canarias si finalmente se les quiere aprovechar como colectivo de seguridad pública y de proximidad con mejores y mayores garantías.