El jefe local de Policía Judicial de la comisaría de Policía Nacional de Santa Cruz de La Palma archivó una denuncia por maltrato y un delito de odio sin investigarla

El mando policial se lo ordenó a un subordinado para no remitirla al juzgado

EDDC.NET / Madrid

Mediante el presente comunicado, la Agrupación Reformista de Policías (ARP) quiere hacer pública una situación lamentable ocurrida en la Comisaría Local de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), siendo testigo directo uno de nuestros representantes sindicales, quien informó a esta organización, al Inspector, Jefe Policía Judicial, y al Jefe local de dicha Comisaría, y ha procedido a denunciar los hechos, el pasado miércoles 24 de febrero, en el juzgado de instrucción uno de esa misma localidad, por lo que pudiera ser un presunto delito de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos, del que habría sido responsable el Jefe local de Policía Judicial y responsable de la ODAC de la citada Comisaría.

En concreto, la denuncia interpuesta por ARP se refiere a la presunta orden por escrito que habría dado dicho Jefe local de Policía judicial a un subordinado, para que procediera al archivo de un atestado iniciado por denuncia de un ciudadano que habría sufrido maltrato de obra y un presunto delito de odio por motivo de la orientación sexual, inmediatamente después de que la víctima denunciara el hecho y sin practicar diligencia de investigación alguna ni remitir al juzgado. Es decir, (1) privando a la víctima del derecho a la tutela judicial efectiva, (2) omitiendo la obligación de perseguir los presuntos delitos de que se tenga noticia, con traslado a la autoridad judicial competente, y (3) arrogándose facultades que solo corresponden al juez Instructor y al ministerio Fiscal.

Una vez cerrado y archivado el atestado, detectada por ARP la presunta actuación irregular del Jefe local de Policía Judicial, y siguiendo la recomendación de nuestro representante, un funcionario de la ODAC procedió a remitir el atestado al juzgado. Hechos que constan perfectamente documentados y que obran ya en el juzgado de Instrucción para que determine si en la referida actuación se han podido cometer los delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

A fin de evitar represalias por la valiente actuación de nuestro representante, ARP ha solicitado su protección, interesando del Jefe local de Santa Cruz de la Palma que active el protocolo interno para dar conocimiento a sus superiores de los hechos denunciados. Cosa que hará igualmente ARP ante el gobierno de Canarias, la delegación del Gobierno, la dirección general de la Policía, el ministerio del Interior y el ministerio de Igualdad del gobierno de España.

Por último, solicitamos de la ciudadanía que no cese en su acción continua de vigilancia a las instituciones y de denuncia ante cualquier exceso. Es la forma más eficaz que posee, como depositaria de la soberanía nacional de la que emanan los poderes estatales, para definir y mantener el modelo institucional, incluido el policial, que merece nuestro un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro. En el que el respeto de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas consagradas por nuestra Constitución sea el estandarte del cada vez más necesario cambio en el Cuerpo Nacional de Policía, como viene defendiendo ARP desde su creación.