El sindicato CSIF denuncia la escasa seguridad que hay en las sedes oficiales del gobierno de Canarias en las dos provincias

La política de recortes continuada por Fernando Clavijo es responsable de todo esto

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria

Desde CSIF denunciamos la vulnerabilidad que se está produciendo en muchos edificios administrativos de ambas provincias dependientes de la comunidad autónoma de Canarias, los cuales están sufriendo unos injustificados recortes que inciden en la seguridad de los empleados públicos y en la ciudadanía.

En algunos de ellos, como ocurre en el edificio Jinámar en la isla de Gran Canaria se ha prescindido, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, del único vigilante de la empresa de Seguridad Integral Canaria creándose un malestar y preocupación  enorme entre el personal, como así lo han denunciado por escrito a los responsables de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación desde hace mas de 6 meses y la situación sigue del mismo modo.

Desde CSIF cuesta entender cómo  el edificio de Servicios Múltiples III, sito en la calle León y Castillo 200, sea el único de los tres existentes en la provincia de Las Palmas en el cual se controla con tarjeta identificativa el acceso a este. Dicha tarjeta de acceso ha tenido que ser elaborada por los propios empleados públicos ya que las utilizadas en un principio, una vez se han ido estropeando o extraviando, no han sido repuestas por falta de presupuesto.

En el resto de edificios de Servicios Múltiples I y II el control de acceso no se realiza, ya que no se dispone de tarjetas desde hace mucho tiempo encargándose el vigilante de seguridad  de funciones meramente informativas contándose con una sola persona para todas las plantas. Por lo tanto, en caso de surgir alguna incidencia en alguna planta, el control de acceso es nulo.

En la provincia de Tenerife, en los Edificios de Servicios Múltiples I y II así como en Bienestar Social, Instituto Canario de Vivienda, a excepción de la consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad y Agencia Tributaria Canaria, no se realiza control de seguridad sino un servicio de información apoyados por el personal subalterno.

No entendemos que nuestra comunidad autónoma cuente con un cuerpo de policía autonómica  que tiene aprobada una ley 2/2008, de 28 de mayo que deja claro en su artículo 19, entre sus funciones, que el Cuerpo General de la Policía Canaria ejercerá la salvaguarda de las dependencias de la comunidad autónoma de Canarias y de sus enseres garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de sus servicios y en ningún momento su presencia ha sido real.

Toda esta situación nos lleva a pensar que no todos somos iguales, ya que observamos cómo en otros edificios administrativos del Estado se cuenta incluso con arcos de seguridad y escáner y en los de nuestra comunidad no se cumple con lo mínimo exigido en seguridad.

Demandamos la misma vara de medir para todos al gobierno de Clavijo y exigimos que se ponga fin a  los recortes impuestos a los empleados públicos de Canarias a la vista del aumento de altos cargos y consejerías, así como comisionados en nuestra maltrecha comunidad Aautónoma después de cinco años de duros ajustes. Ajustes que no ha sido homogéneos, ya que la alta dirección ha logrado esquivar los recortes de todos estos años realizándose un reparto de ajustes desigual e injusto.

Creemos que nuestros representantes deben estar a la altura de las circunstancias y dar ejemplo de responsabilidad y coherencia y desde CSIF exigimos que se refuerce la seguridad por el bien de todos.