Máñez: “Constitucionalizar el derecho al aborto refuerza los derechos sexuales y reproductivos”
La iniciativa socialista reclama medidas frente a los intentos de imponer falsos traumas postaborto y reafirma el compromiso con la libertad y la dignidad de las mujeres
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El Pleno del Parlamento de Canarias aprueba una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para garantizar el refuerzo de la atención pública y el acceso en igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo en todas las islas
La diputada socialista Elena Máñez alerta del riesgo de retrocesos y exige blindar constitucionalmente los derechos sexuales y reproductivos
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles [29] una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista para reforzar las garantías del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y asegurar que las mujeres que deciden ejercerlo reciban información veraz, científica y libre de coacciones, con la mayoría de las fuerzas políticas salvo el Partido Popular (PP) y VOX, que votaron en contra de constitucionalizar el aborto.
La iniciativa fue defendida por la diputada socialista Elena Máñez, que subrayó que “garantizar el derecho a interrumpir el embarazo salva vidas”, y recordó que el aborto no seguro sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En su intervención en la defensa de la PNL socialista se recordó que la Plataforma de Acción de Beijing recogió que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”.
Máñez destacó la trayectoria de los gobiernos socialistas en la consolidación de este derecho. En 1985, el PSOE aprobó por primera vez la Ley Orgánica 9/1985, que despenalizó el aborto bajo determinados supuestos, y en 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, se dio un “paso decisivo” con la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, que reconoció el derecho de las mujeres a abortar libremente dentro de las 14 primeras semanas de gestación.
La reforma de 2023, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, amplió las garantías, reconociendo la capacidad de decisión de las mujeres de 16 y 17 años, eliminando el periodo de reflexión obligatorio y creando un registro de objetores de conciencia.
En su intervención incidió en que no es la primera vez que este derecho es cuestionado. “El PP presentó un recurso de constitucionalidad y también se intentó mediante la reforma fallida por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de volver al modelo de supuestos. Gracias a la movilización social y especialmente al movimiento feminista, se logró paralizar dicho intento de reforma. Asimismo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, de 9 de mayo, ha declarado que el sistema de plazos es constitucional”.
Asimismo, la diputada socialista valoró positivamente el Decreto 42/2024, aprobado por el Gobierno de Canarias, que regula el registro autonómico de objetores de conciencia. Sin embargo, advirtió que en 2024 el 71% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en clínicas privadas, por lo que “aún queda camino por recorrer para garantizar la atención en todos los hospitales públicos y evitar que las mujeres, especialmente las de islas no capitalinas, tengan que desplazarse a clínicas privadas o a otras islas para ejercer un derecho reconocido por ley”.
Síndrome postaborto
En este sentido alertó también del riesgo de retrocesos ante una ultraderecha que ha puesto el foco en cuestionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por este motivo, “hay que pasar de la conquista social al blindaje constitucional”.
“Estamos viendo intentos de la ultraderecha con el apoyo del PP de desinformar y coaccionar a las mujeres mediante la difusión de teorías falsas, como el denominado ‘síndrome postaborto’, un supuesto trastorno que carece de toda evidencia científica y que recientemente el PP aprobó en el Ayuntamiento de Madrid una moción de Vox en este sentido. “No vamos a permitir que se retroceda en los derechos conquistados ni que se siembre miedo entre las mujeres que deciden libremente sobre su maternidad”, afirmó.
La diputada socialista señaló que “votar a favor de esta PNL significa lanzar un mensaje claro a todas las mujeres canarias. No existe el síndrome postaborto y ninguna mujer debe sentirse sola, juzgada o desamparada por decidir sobre su maternidad. Pido a todos los grupos dar un paso adelante y comprometerse para blindar los derechos sexuales y reproductivos. No cabe neutralidad posible, o se está con los derechos y con la igualdad, o se está contra ella”.
La propuesta socialista insta al Gobierno de Canarias a adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa o pseudocientífica sobre el aborto, a fortalecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a decidir, a ampliar el acceso en igualdad de condiciones en todos los hospitales públicos del Archipiélago y a apoyar el blindaje constitucional los derechos sexuales y reproductivos.
Máñez subrayó que “los derechos de las mujeres son innegociables y deben gozar de las máximas garantías frente a la ola reaccionaria que amenaza con revertir décadas de avances”, y apeló al consenso de la mayoría de las fuerzas políticas “para proteger la libertad, la dignidad, la salud y una maternidad libremente decidida para todas las mujeres canarias”.