ASG respalda la implantación de la nueva organización judicial y pide medidas para su despliegue en las islas no capitalinas
Subraya que la transformación debe consolidarse de manera equitativa en todo el territorio, asegurando la cohesión social y territorial del Archipiélago, de ahí la importancia de garantizar la igualdad de acceso a la Justicia en todas las islas
ELDIGITALDECANARIAS.NET/Santa Cruz de Tenerife
El portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, valora el esfuerzo coordinado entre Canarias y el Estado para aplicar la Ley Orgánica 1/2025, pero advierte sobre la necesidad de garantizar financiación y apoyo tecnológico
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha resaltado, durante la sesión plenaria, la colaboración efectiva entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, pero advirtió sobre la importancia de reforzar la dotación de recursos y garantizar el cumplimiento de los plazos previstos.
Ramos subrayó que “nos encontramos ante una transformación estructural de gran calado que reorganizará 220 juzgados en 19 tribunales de instancia y creará oficinas de justicia municipal, acercando la Justicia a la ciudadanía, especialmente en territorios con dispersión geográfica como La Gomera o El Hierro”.
El diputado gomero celebró que la implantación del nuevo modelo se haya diseñado en tres fases –1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre de 2025–, mostrando sensibilidad hacia la realidad insular.
También valoró la creación de un modelo específico para Canarias, basado en estadísticas del CGPJ y del sistema Atlante, así como el papel activo de las comisiones de colaboración en las que participan el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía y los colegios profesionales.
Sin embargo, Ramos mostró su preocupación por la ausencia de una ficha financiera específica y advirtió que los fondos europeos Next Generation, principales fuentes de financiación actualmente concluyen en 2026. “La falta de recursos podría comprometer el cumplimiento de los plazos y la solución de problemas tecnológicos valorados en más de 25 millones de euros”, alertó.
Por ello, propuso reforzar los medios tecnológicos y humanos en las sedes judiciales de las islas no capitalinas para evitar que la transformación digital amplíe la brecha territorial; establecer mecanismos de evaluación periódica que detecten dificultades tempranas y permitan la adopción de medidas correctoras adaptadas a la singularidad insular, e impulsar proyectos de inteligencia artificial para agilizar la tramitación judicial, especialmente en partidos judiciales de menor tamaño.
Finalmente, Ramos reiteró el compromiso de ASG con una Justicia moderna, accesible y equitativa: “Con una adecuada ejecución, esta reforma puede ser un verdadero motor de cohesión social y territorial, garantizando el acceso efectivo a la Justicia en todas nuestras islas”, remarcó.