Vidina Espino denuncia que Moreno adjudicó a dedo y sin concurrencia pública contratos en la RTVC por más de 30 millones

Se realizaron 2.583 contratos por parte de la televisión canaria de los que más del 90 por ciento fueron adjudicados de forma directa

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife 

La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha denunciado que, en solo un año, el administrador único de la Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, ha contratado a dedo más de 30 millones de euros “bajo su único y exclusivo criterio”. Todo ello -ha señalado la diputada- con el beneplácito del Pacto de las Flores que ha dejado que Moreno “haga y deshaga en la televisión, cumpliendo las instrucciones de su único jefe, el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez”.   

Espino ha explicado que, según refleja la Audiencia de Cuentas en su informe de fiscalización correspondiente a 2020 y que fue el primer año de Moreno al frente del Ente, se realizaron un total de 2.583 contratos por valor de 31,5 millones y más del 90 por ciento de ellos fueron adjudicados de forma directa y sin ningún tipo de concurrencia pública. “No es solo que se abuse de la contratación directa, como refleja la Audiencia de Cuentas, sino que ni si quiera la mayoría de esos contratos se hacen públicos, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público”, ha aclarado.

El informe también señala que en los expedientes de contratación falta documentación, “lo que pone en evidencia falta de control interno en la gestión” y la mayoría de los contratos que se realizan por trámite de urgencia, “no están debidamente justificados como exige la Ley”. La portavoz ha aclarado que se trata de contrataciones de servicios que son previsibles y que se hacen sin concurrencia pública, lo que para la Audiencia de Cuentas “contribuye a una restricción en la competencia y a una ineficiencia en la contratación pública”.  

Falta de documentación

Otro detalle importante que el órgano fiscalizador se ha encontrado es con expedientes en los que faltan documentos preceptivos, como es el caso de la aprobación del gasto o el informe de necesidad, tampoco constan las ofertas solicitadas y presentadas, como es de obligado cumplimiento en contratos de más de 15.000 euros, ha relatado Espino.

Sobre la contratación de personal, la diputada ha señalado que se realiza a través de Empresas de Trabajo Temporal, con las que se supera durante el año, la facturación de 15.000 euros. En este punto, la Audiencia de Cuentas refleja que se incurre en “un posible fraccionamiento del objeto del contrato contrario al ordenamiento jurídico. Lo mismo sucede con otros proveedores cuyo nivel de facturación supera dicho umbral, sin llevar aparejado un procedimiento de contratación acorde con dichas cifras”. La diputada ha explicado que, por tanto, “estamos hablando de fraccionamientos de contratos precisamente para no hacer concursos públicos, algo que es ilegal”. 

Más incumplimientos

En su informe, la Audiencia de Cuentas señala que “el contenido esencial de los contratos formalizados por la televisión canaria en el ejercicio 2020 consiste en la adquisición de derechos de explotación sobre una determinada producción, derechos sobre los cuales, por lo general, no queda acreditado en los expedientes analizados, que correspondan su propiedad al cedente. Al no figurar en el expediente el documento acreditativo de la propiedad de los derechos de la producción por parte del adjudicatario, el régimen jurídico aplicado a las citadas contrataciones no sería el correcto, incumpliéndose, por tanto, la normativa a cumplir”.

Para Espino, esto supone que esos programas de televisión adjudicados a dedo por el señor Moreno, “que nos explica en las comisiones de control de RTVC que es la única forma en la que puede adjudicarlos porque tiene que comprar los derechos de explotación de dichos programas en base a la ley de propiedad intelectual, no tienen derechos”. Así que “estamos pagando por unos derechos que no están acreditados por ningún documento”.

Durante su intervención, la portavoz ha indicado también que la Audiencia de Cuentas certifica que el administrador único hace la compra de estos programas a ojo, pues según recoge el informe “la televisión canaria no tiene un procedimiento sistematizado ni normalizado en materia de contratación de producciones audiovisuales y adquisición de derechos de emisión, en el que se regule tanto la tipología de dichas producciones como la recepción, registro, análisis, valoración y aprobación o desestimación de proyectos atendiendo a criterios de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica, que contribuya a la igualdad de oportunidades, concurrencia y transparencia, y en su caso, la justificación de la no aplicación de estos principios por las características de las producciones”. 

Todo esto -ha concluido Espino- “a pesar de que en el ejercicio 2019 se implantó un registro para la recogida de proyectos que a día de hoy sigue sin funcionar”. 

Personal

En relación al personal, la diputada ha lamentado que siga sin existir un único convenio para todos los trabajadores, tanto los que ya pertenecían al Ente como los más de 200 que fueron subrogados. Además, ha denunciado que se esté abusando de la contratación a través de empresas de trabajo temporal y ha recordado que esta situación llevó, solo en el año 2020, a que cuatro trabajadores presentasen demandas antes los tribunales.