El PP pide al gobierno medidas para garantizar el servicio de Correos y su continuidad en Canarias

El senador Sergio Ramos denuncia que la empresa pública está llevando a cabo un recorte del 60 por ciento en la contratación

EDDC.NET / Las Palmas de Gran Canaria 

El senador por Gran Canaria del Partido Popular, Sergio Ramos, ha anunciado que su grupo en la Cámara Alta ha registrado una moción instando al gobierno de España a que adopte medidas para garantizar la prestación del servicio postal público y su permanencia en la comunidad autónoma de Canarias.

El senador popular recuerda que en las Islas Correos ha suprimido 27 puestos de trabajo, 19 secciones de reparto, 4 oficinas auxiliares que prestan servicio rural y 4 oficinas, algunas de importancia estratégica de cara a la inminente campaña turística como las de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur - Reina Sofía.

Ramos también denuncia que en los centros de atención al cliente la contratación es a tiempo parcial, “provocando un peor servicio y las conocidas colas en las oficinas. Asimismo, la empresa pública está llevando a cabo un recorte del 60 por ciento en la contratación que está dejando sin cubrir el empleo estructural y cualquier tipo de permiso o licencia de sus trabajadores”, añadió.

“Como consecuencia, la prestación del servicio público postal está bajando su calidad drásticamente. La falta de recursos técnicos y administrativos está entorpeciendo la recepción de los paquetes desde la Península al Archipiélago canario”, afirma Sergio Ramos, asegurando que esta situación ha sido denunciada por los propios sindicatos, “con los que hemos mantenido diversas reuniones en los últimos meses y con quienes nos hemos comprometido a presentar iniciativas en las Cortes Generales con el objetivo de poner remedio a una situación que perjudica a trabajadores y a usuarios de los servicios que presta Correos”.

“Desde el Partido Popular -insiste el senador grancanario- hemos mostrado nuestra profunda preocupación por la actual política de debilitamiento del servicio público postal y del operador que tiene encomendada su prestación, como los trasvases de actividad de la matriz a la filial Correos Express, la externalización de ciertos servicios rentables de la compañía, la cesión o venta del patrimonio inmobiliario histórico”.

Según relata Sergio Ramos, la preocupación de su partido también se hace extensiva a los resultados económicos negativos de 275 millones de euros de déficit en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y a la previsión de pérdidas para 2022 de más de 70 millones de euros. “Por ello creemos que se requiere una reconducción en el rumbo de su liderazgo y gestión”, afirma el representante popular.

En este sentido, Ramos indica que “no es aceptable que, mientras se ensalza la reversión de la España vaciada, se recorten servicios rurales y servicios en general, reduciendo el derecho de la ciudadanía a la recepción de correspondencia de forma accesible y asequible. No es aceptable la reducción de la financiación pública, que se ha quedado lejos de los 220 millones de euros acordados en la Comisión Mixta Fomento en 2017. Las partidas económicas actuales son insuficientes para cumplir con el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal aprobado en junio de 2021”.

Entre las principales medidas propuestas al gobierno en la moción presentada por el Grupo Popular en el Senado figuran reforzar la financiación del servicio público postal, claramente insuficiente en la actualidad, para cumplir el Plan de Prestación aprobado por el Consejo de Ministros; poner a disposición de Correos los medios tecnológicos y administrativos necesarios para solventar los inaceptables retrasos en la recepción de los paquetes provenientes de la Península con destino Canarias; incluir a Correos en el reparto de los Fondos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia; actualización y mantenimiento de las Oficinas auxiliares y unidades de reparto existentes en las zonas rurales; ampliar el número de oficinas, unidades de reparto y centros de tratamiento; y garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, en la actualidad insuficientes, para garantizar un servicio postal público de calidad con empleo y derechos.