El PSOE exigió en junio de 2025 retirar el Plan General de Ordenación Supletorio por vulnerar la propiedad de los sanmigueleros
José Carlos Rodríguez advirtió entonces de la opacidad del proceso y reclamó reiniciar el planeamiento con participación ciudadana real
ELDIGITALDECANARIAS.NET/San Miguel de Abona
El PSOE San Miguel de Abona exigió en el pleno de junio de 2025 la retirada del Plan General de Ordenación Supletorio del municipio al considerar que su tramitación vulneraba el derecho a la propiedad de los vecinos y vecinas y se estaba desarrollando sin transparencia ni participación ciudadana efectiva.
Los socialistas recordaron que fue el propio Ayuntamiento quien encargó al Gobierno de Canarias la redacción y tramitación del Plan General de manera supletoria, apartando al Pleno municipal del debate y ocultando durante años a la ciudadanía el impacto real del documento sobre sus propiedades y su patrimonio. A pesar de tratarse del instrumento que define el modelo urbanístico del municipio, el procedimiento avanzó sin información clara ni decisiones democráticas adoptadas en el ámbito local.
Según explicó José Carlos Rodríguez Rodríguez, portavoz del PSOE San Miguel de Abona, “se le ha ocultado a todos los sanmigueleros y sanmigueleras qué es lo que se va a hacer con sus propiedades y, por lo tanto, con su patrimonio”. En ese mismo sentido, Rodríguez Rodríguez reclamó que “este expediente se archive y se inicie una nueva redacción del Plan General desde cero, con participación ciudadana real y efectiva”.
Desde el PSOE San Miguel de Abona se denunció además que se haya tratado de confundir deliberadamente a la ciudadanía, equiparando la mera exposición pública del documento con un verdadero proceso participativo. “Se ha querido hacer creer que exponer un plan es permitir participar, cuando la realidad es que las decisiones ya estaban tomadas”, advirtió el portavoz socialista.
Además, recuerdan que se presentaron más de 1.800 alegaciones por parte de vecinos y vecinas, lo que supuso un desembolso estimado de entre 300.000 y 400.000 euros para muchas familias que intentaron defender sus viviendas, sus suelos y su patrimonio. Alegaciones que, a día de hoy, siguen sin respuesta clara, generando inseguridad jurídica y una profunda desconfianza hacia la gestión del grupo de gobierno de Coalición Canaria.